Afronta la recta final de su mandato al frente del Tribunal Superior consciente de la amenaza de ETA contra el colectivo que dirige y preocupado por los reiterados atentados contra sedes judiciales, el último en Tolosa hace ocho días. Fernando Ruiz Piñeiro exige una reunión «urgentísima» con el consejero Joseba Azkarraga para revisar los mecanismos de seguridad al entender que las actuales medidas «no están dando el resultado que se apetece». El llamamiento a mantener un encuentro llega en un momento de máxima tensión entre la cúpula judicial y el Gobierno vasco, después de que el propio Azkarraga le afeara en público el discurso de la apertura del año judicial y lo tildara de «insultantemente político».
-¿Por qué cree que su discurso no ha gustado al Gobierno vasco?
-En las cinco aperturas del año judicial que he presidido siempre he intentado transmitir un mensaje, que no ha variado este año. Ha vuelto a pivotar sobre el imperio de la ley y la preeminencia del Derecho. Y lo he centrado en la libertad en unos momentos en los que sigue habiendo actividad terrorista y reiterados ataques a sedes judiciales. Pero no hay ánimo de polemizar.
-Todo el mundo ha interpretado que enviaba un 'recado' a Ibarretxe por eso de que «a los poderes públicos vascos hay que exigirles que respeten la ley y la hagan respetar».
-Ése es un mensaje que he transmitido en muchas ocasiones desde que me nombraron en 2004. He sido muy reiterativo en lo que es la preeminencia del Derecho, el respeto de la ley, quiénes son garantes de ese respeto a la ley, la independencia de los jueces... Algo que debería circunscribirse al ámbito de lo normal no sé por qué se saca de madre y se le ve una intencionalidad que no es.
-El consejero Azkarraga lo calificó de «insultantemente político».
-Siendo ya presidente fui recusado por la defensa que hacía de la Constitución. Me recusaban por defender la ley. Nunca imaginé que podría sucederme. Llevo cinco años haciendo una defensa de la legalidad vigente y de ahí no me saca nadie. No me he salido de ese carril. Pero, por una u otra cosa, se achaca intencionalidad política a lo que es la defensa de la legalidad. Habrá que preguntar al que se siente afectado por qué le molesta.
-¿La relación con el Gobierno vasco es irrecuperable?
-Por nuestra parte la relación no ha tenido ningún problema. Nosotros hemos intentado mantener unas relaciones institucionales cordiales.
-Es evidente que mantienen puntos de vista antagónicos.
-Nuestro mensaje era el mismo cuando no había estos casos -por los juicios a Atutxa e Ibarretxe-. Un mensaje válido en 2004, pero también en 2012. Un mensaje de constitucionalismo moderno, de hoy. Quizá se podrá discutir alguna expresión del discurso o admitir matices. Pero de ahí a decir que mi intervención no tiene que ver con la Justicia... no estoy de acuerdo.
-¿Falta determinación en los poderes públicos vascos para acabar con ETA? Lo daba a entender.
-No. Tampoco intenté sostener eso. Lo único que he reiterado es que libertad y respeto de la ley van unidos y que, si se separan, perderemos libertad. Por eso hay que exigirles que cumplan la ley. Es lo lógico.
-Como juez del 'caso Ibarretxe' advirtió de que hay indicios de que el lehendakari pudo cometer un delito por reunirse con Batasuna. Y ahora habla usted de que hay que cumplir la ley. ¿No tiene relación?
-Eso al final es medir las cosas por lo llamativo y no es así. Olvidémonos de las personas importantes. Cuando a cualquier ciudadano le condenan por no haber pagado no sé qué, nadie le acusa de ser un incumplidor sistemático de la ley. Y el juez que esté llevando ese caso civil dirá lo mismo que yo: principio de legalidad... Es lo mismo.
-El Gobierno les acusa de doble vara de medir porque a Zapatero no se le ha llevado a juicio. ¿Es un ataque directo a la judicatura vasca?
-Más que a todos los jueces, se referían a los dos que estábamos formando mayoría en ese momento en la Sala del 'caso Ibarretxe'.
-Lo han vuelto a decir esta semana.
-No creo que haya una doble vara de medir, sino que las decisiones se adoptan cuando se tiene el convencimiento de que es lo más ajustado.
-¿El Gobierno vasco tergiversa la realidad para beneficiarse de este caso?
-No lo sé. Eso son lecturas políticas en las que no entro.
-¿Y se han hecho malas lecturas de esos autos?
-Me da la sensación de que ha habido representantes políticos e institucionales que han hecho declaraciones de oídas, sin leer las resoluciones. Muy pocas veces he oído argumentaciones jurídicas en contra.
Decisiones incómodas
-¿Cree que la sociedad entiende que se lleve a juicio a un lehendakari y al jefe de la oposición por dialogar?
-Comprendo que a la sociedad le cueste entenderlo porque es un tema jurídico muy complejo. Pero habría que leerse con mucho detenimiento lo que decimos en los autos.
-Las críticas también le han llegado desde la propia magistratura.
-No me muevo un milímetro de lo que he dicho. Para valorar un auto hay que leérselo. Y cuando se trata de un juez o alguien del Poder Judicial es exigible más prudencia y que se den razonamientos jurídicos. Y yo no he visto ninguno.
-¿Le sorprendió la reacción del tripartito al convocar manifestaciones por llamar a declarar al lehendakari?
-Sorpresa relativa. Desde mi punto de vista ha habido un exceso de escenificar un sentimiento de malestar por una decisión adoptada. Está en la responsabilidad de cada cual.
-¿Habrá condena para Ibarretxe y Patxi López?
-No puede haber respuesta por mi parte. Los vaticinios en asuntos penales me parecen de un arriesgado impresionante. Es una temeridad.
-Hay quien dice que el tribunal que les juzgará ahora es muy favorable a Ibarretxe y a las tesis del PNV.
-Se tiende a identificar a las personas con planteamientos y no se advierte que los tribunales están compuestos por profesionales que van a tener que argumentar jurídicamente sus decisiones. Habrá que ver qué razones dan. Habrá a quien convenzan y a quien no.
-Se les ha acusado de seguir con la causa contra viento y marea cuando casi todos pedían su archivo.
-La acción popular está prevista en la ley. El Supremo ha sentado una idea de cómo funciona tras sus sentencias del 'caso Botín' y del 'caso Atutxa'. Y en la causa que nos ocupa, se entendió que había motivos para seguir adelante. No ha habido unos jueces que contra viento y marea hayan querido algo concreto. El juez toma una decisión en función de lo que ve y hace su propia reflexión jurídica para adoptar la decisión que cree más correcta y anclada en la ley. Y esa decisión no siempre es agradable ni cómoda, pero hay que tomarla.
-Otro tema que ha suscitado polémica con el consejero Azkarraga es la seguridad en las sedes judiciales. ¿De verdad son deficientes?
-Yo no he dicho que haya deficiencias. La reflexión que hago es que sí estamos asistiendo a un periodo en el que cada poco hay un palacio de Justicia atacado, con artefactos que explotan sin remedio... es un tema que se está repitiendo demasiado en poco tiempo. Eso invita a pensar que las medidas que hay no están dando el resultado que apetece. Algo está pasando cuando cada dos meses nos salta por los aires un palacio de Justicia. Habrá que ver qué podemos hacer para evitarlo, porque cuesta mucho dinero.
-¿Qué haría falta?
-Esa reflexión la tienen que hacer los expertos. A nosotros nos gustaría reflexionar con ellos y por eso hemos adoptado un acuerdo para concertar una reunión con el Departamento de Justicia.
-¿Pedirán patrullas de la Ertzaintza junto a las sedes judiciales?
-Eso es una cuestión técnica. Lo tendrán que decidir los expertos.
-¿Se debería haber hecho ya algo?
-Hay que pararse un momento y reflexionar. Los palacios de Justicia no deben ser objeto de atentado con la frecuencia que lo están siendo.
-El consejero Azkarraga le afeó que pida más seguridad cuando usted no ha visitado los juzgados de Tolosa.
-No voy a entrar en polémicas absurdas. La responsabilidad de un presidente del Tribunal Superior está en ver qué es lo que está pasando sobre los atentados, ver si hay que hablar con los técnicos y si falta alguna medida y qué se puede hacer para evitarlo en un futuro. Desde el primer momento he tenido información de qué es lo que había sucedido por parte de la presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa y de la propia juez decana de Tolosa. La función de un presidente no es hacerse una foto viendo unos ladrillos, sino tomar decisiones que sean efectivas para evitar estas cosas.
-¿Decirlo en público es dar pistas a ETA como dijo Azkarraga?
-ETA no necesita muchas pistas para atentar contra los palacios de Justicia. Ya se ha visto. Lo está haciendo y con una reiteración que está siendo más que preocupante. Confío en que el consejero me convoque de urgencia para hablar del tema. Estoy convencido de que esa reunión será esta próxima semana para ser lo más inmediato posible y tomar las decisiones y medidas que sean oportunas. Estoy convencido de que va a ser así, urgentísimamente, no me cabe la menor duda. Es responsabilidad de los dos el hacerlo. Estoy esperando su llamada.
-¿Sienten que el departamento les ha tenido abandonados?
-En absoluto. Ha tenido una actuación correcta y realiza los esfuerzos necesarios en las obras y en que se recupere la normalidad.
-La seguridad personal depende de Interior. Ustedes han pedido que se refuercen las escoltas. El jueves la fiscal superior pidió más medios para ellos. ¿Falta algo?
-Nosotros reivindicamos que todo el colectivo judicial tenga un módulo de seguridad determinado, pero no decimos que falte seguridad. Otra cosa es mejorar detalles.
-¿Tienen miedo después de la escalada terrorista?
-Miedo no. Estoy convencido de ello. El juez, cuando tiene miedo, cambia de destino y no digo con esto que los que han marchado sea por miedo, sino por promoción. Preocupación existe porque ahí está la banda.