12.10.08 -
JESÚS FERRERO
E l pasado 30 de septiembre el vicepresidente Pedro Solbes presentó los Presupuestos para 2009 y los calificó de realistas. Un término poco acorde con el voluntarista cuadro macroeconómico que describió a continuación. Esperar que el PIB crezca el próximo año un 1% es esperar demasiado -las previsiones de los analistas lo sitúan en el 0,3%-. La oposición ha coincidido en que estos Presupuestos no sirven para resolver la crisis, lo cual es una obviedad. Pero sus propuestas no son menos voluntaristas ya que, dependiendo de su signo ideológico, unos piden aumentar gastos y otros disminuir impuestos. Lo más probable es que atenderlas todas diese lugar a un déficit público absurdo. A nadie parece preocuparle, sin embargo, cómo se está gastando y cuál es la eficacia de ese gasto. Tampoco se cuestiona, de manera más general, el efecto de la intervención de las administraciones públicas en la economía.
Los sindicatos, aunque se sienten satisfechos por los Presupuestos, temen eventuales recortes en el empleo público. Sus quejas coinciden con los reproches lanzados desde el lado de la patronal por lo que se considera un exceso de funcionarios. Lo cierto es que en la última década han aumentado mucho, especialmente en las autonomías. En éstas su número se ha duplicado, observándose, a igualdad de competencias, grandes disparidades. Basta recordar que el peso del empleo público sobre la población asalariada en Extremadura es casi tres veces mayor que en Cataluña. Estas injustificadas divergencias se unen a las rigideces impuestas por la figura del funcionario, que en parte explican la baja productividad del sector público español. Se estima que si éste tuviese la misma productividad que la media de los países de la UE-15, nuestro PIB superaría al actual en un porcentaje próximo al 6%.
Paralelamente, en contraste con la política de privatizaciones emprendida por el Estado, se ha registrado un espectacular aumento del sector empresarial dependiente de las administraciones territoriales. Las empresas y entidades públicas en la órbita de esas administraciones se ha más que duplicado en los últimos nueve años. En estos momentos su número supera las 2.200, abarcando una heterogénea gama de actividades. Este arrebato creativo responde a las causas más diversas. En unos casos no son más que un artificio para eludir los límites que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impone al endeudamiento autonómico. En otros resultan de ese espíritu emprendedor que anida en algunos próceres en épocas de bonanza. Se han creado así auténticos 'INIs regionales' que, además de ser presa del favoritismo político, compiten deslealmente en actividades ya cubiertas por el sector privado.
El sector público también intervine en la economía a través de vertientes más cualitativas. Una de ellas es la regulación destinada a corregir los denominados 'fallos del mercado'. El problema es que el desarrollo del Estado de las autonomías ha originado un notable aumento de las instituciones con capacidad normativa. Algo que han ejercido con munificencia: entre 1983 y 2007 el volumen regulatorio de las autonomías se ha multiplicado por más de trece. Para mayor inri regulan mal; apenas se coordinan y no evalúan los costes ocasionados a las empresas. Los expertos coinciden en que esa forma de actuar, además de poner en peligro la unidad del mercado, es una de las principales causas del atraso tecnológico. Según el Banco de España una disminución de la carga normativa tendría en nuestro caso unos efectos sobre la productividad y el PIB significativamente mejores que en el resto de la UE.
Esta exuberancia regulatoria ha aumentado de manera exponencial los litigios, colapsando unos juzgados carentes de medios técnicos y humanos. La resolución de las disputas económicas se atrasa hasta extremos inadmisibles, lo cual eleva los costes de transacción y daña la seguridad jurídica. Por desgracia, a tenor de la exigua dotación contemplada en los Presupuestos, la modernización del sistema judicial ha quedado pospuesta sine díe. De ahí la urgencia en que mejore el funcionamiento de reguladores y supervisores, debido a su mayor familiaridad en la interpretación de los hechos económicos. Para hacer efectiva la mejora, esas instituciones tienen que superar una dependencia del poder ejecutivo (autonómico o central) que, inevitablemente, merma su credibilidad. También necesitan modificar los mecanismos de selección de directivos, primando la competencia técnica sobre la adscripción ideológica.
Así pues, más allá de las prioridades de los Presupuestos para 2009, la reforma de las distintas administraciones sigue siendo una asignatura pendiente. La importancia de éstas deriva no sólo de su peso económico, sino también de su influencia sobre el comportamiento de los agentes. Esa reforma debería regirse por principios de eficacia y transparencia, imponiendo objetivos que permitan la evaluación cuantificada de sus políticas. Una forma de proceder que, además, contribuiría a fijar ingresos y gastos de manera más acorde con nuestras preferencias. En general, los partidos coinciden con esa filosofía cuando están en la oposición, pero cuando llegan al Gobierno se muestran reticentes porque saben que, al ponerla en práctica, perderían poder. Por eso en democracia el cambio siempre es saludable, sobre todo si, como ocurre en ciertos casos, los que están en el machito no se han movido del mismo en 30 años.
