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El tripartito, EHAK y Aralar ratifican la normativa que afectará a más de 2.000 negocios
El PP tacha el decreto de «imposición» y lo juzga «un ataque frontal» a libertad de empresa
11.10.08 -
saluda a José Miguel Fernández (EB), a la izquierda, recién incorporado la Cámara por Kontxi Bilbao . / B. CASTILLO
La mayoría parlamentaria nacionalista avaló ayer con entusiasmo y sin fisuras el decreto del Gobierno vasco que obliga al comercio y a las grandes empresas que prestan atención al público en Euskadi a rotular, atender y facilitar toda la información sobre sus productos en euskera. El tripartito, Aralar y EHAK -que no intervino en el debate, pero votó junto a la mayoría- tumbaron sin concesiones la propuesta del PP de frenar en seco esta regulación lingüística, en la que los populares ven una «imposición», un «ataque frontal a la libertad de empresa» y una «intromisión inaceptable» en la esfera de lo privado. El planteamiento popular recibió el apoyo de los socialistas, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo de una medida que afectará, según las estimaciones más amables efectuadas por el Ejecutivo, a más de 2.000 negocios vascos que suman el 45% de la superficie comercial de la comunidad.
El decreto de protección de los derechos lingüísticos de los consumidores vascos generó revuelo desde su propia aprobación, el pasado 1 de julio. La normativa venía a desarrollar uno de los capítulos de la Ley vasca de 2003 que establece el estatuto de los consumidores y usuarios en Euskadi. En el ámbito lingüístico, esto se tradujo en la obligatoriedad de atender, rotular, informar, elaborar contratos y expedir facturas en euskera para más de 2.000 negocios, aunque el PP considera, con datos del Eustat proporcionados por el propio Ejecutivo vasco, que la cifra puede llegar hasta los 8.000, que concentran 68.000 puestos de trabajo. Esta cantidad es cuestionada desde instancias oficiales pese a provenir de sus propios servicios de estadística.
En concreto, el decreto afecta a las empresas que prestan servicios universales -como operadoras de telefonía, de transporte público o suministradores de energía y gas-; a las grandes firmas con más de 250 trabajadores; a las que cuenten con más de 400 metros cuadrados de superficie de venta y a las que tienen más de 15 personas en plantilla en contacto directo con la clientela.
En conjunto, tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse y las exigencias no son iguales en las zonas de amplia población euskaldún y en aquellas donde el euskera tiene menor presencia. Asimismo, el Gobierno ha abierto este mismo año una línea de ayudas de 600.000 euros anuales -2,4 millones en el conjunto del plan hasta 2012- para subvencionar parte de los gastos generados por la euskaldunización del personal y la adaptación de formularios, contratos, folletos, rótulos y el resto de comunicaciones escritas con la clientela.
El PP abrió el debate con un órgado a mayor. Reclamó de forma directa la supresión del capítulo de la ley de 2003 donde se abre la puerta a la exigencia del bilingüismo en el sector comercial, al entender que supone una «intromisión» en un ámbito privado en el que las relaciones quedan establecidas por las leyes de oferta y demanda.
Ni excesos ni dejadez
A este argumento sumó otro de relevancia en la actual coyuntura. «Aquellas personas que no sean bilingües estarán en desigualdad de oportunidades a la hora de encontrar un trabajo. Se condicionan las políticas de personal en las empresas y pone en riesgo el puesto de trabajo de muchos vascos», zanjó Oyarzábal. El planteamiento del PP también incluía, como consecuencia de lo anterior, derogar el decreto de julio que desarrolla la aplicación de la ley.
Los socialistas compartieron en parte los argumentos populares, con quienes coincidieron en el voto. La parlamentaria Idoia Mendia enfatizó que no es por medio de la «imposición» ni de las «sanciones» como se consigue proteger el euskera, «menos aún en un sector que no está teniendo las cosas fáciles», indicó. También defendió que el mercado puede regularse y que las empresas «saben lo que les conviene a su negocio», también en materia lingüística.
La defensa del tripartito y Aralar fue férrea. Arantza Aurrekoetxea, del PNV, destacó que se trata de una normativa «realista, ponderada y viable», porque tiene en cuenta la realidad sociolingüística de Euskadi y da plazos para su cumplimiento. Enfatizó que «no afecta a todo el comercio, y mucho menos al pequeño comercio» y reflexionó que, en esta materia, «los excesos son perjudiciales, pero la dejadez también».
EB, EA y Aralar, por su parte, defendieron la necesidad de aplicar una «discriminación positiva» para garantizar los derechos de los hablantes de la lengua más débil, en este caso el euskera.
