Los responsables de finanzas de los socios de la UE acordaron ayer vigilar de cerca la remuneración de los altos cargos de las entidades financieras y se reservaron el derecho de anular los blindajes y compensaciones pactados con ellos por sus empresas en el caso de que decidieran intervenir con fondos públicos en alguna de ellas. Esta fue una de las conclusiones de la cita del Ecofin en Luxemburgo, en la que la presidencia francesa consiguió ofrecer una apariencia de unidad de los 27 frente a la crisis financiera, tras varias semanas de actuaciones unilaterales y polémicas.
Después de varias horas de deliberaciones el lunes y ayer, los ministros acordaron elevar el nivel mínimo de la garantía del Estado para los depósitos bancarios de particulares hasta 50.000 euros por persona y entidad bancaria, desde los 20.000 en los que se encuentra situada ésta. Se trata de una cifra mucho menos ambiciosa que la barajada la víspera por el Eurogrupo, que ascendía a 100.000 euros. De hecho, varios socios comunitarios mantienen esquemas de protección del ahorro privado mucho más generosos. Es el caso de Irlanda, Grecia, Alemania y Portugal, donde el Estado otorga plena cobertura a la totalidad de los depósitos en caso de quiebra de la entidad.
El umbral mínimo de 50.000 euros -en España será de 100.000- fue establecido debido a las reticencias de algunos nuevos y pequeños socios de la UE, con sistemas financieros poco desarrollados, a ir más allá. La presidenta del Consejo, Christine Lagarde, lo explicó parafraseando a un miembro del Ecofin que, en la sala, habría dicho, contestando a un interlocutor que juzgaba insuficiente esa cobertura: «Lo que para ti es poco, a mí me resulta enorme».
Ninguno de los países que mantienen coberturas del ahorro privado más generosas manifestó su intención de fijarlos en 50.000 euros, luego la pretendida unidad europea de acción sigue siendo una mera apariencia.
Garantizar la liquidez
La ministra francesa insistió en la determinación del Ecofin para evitar las quiebras de los grandes grupos financieros que pudieran desestabilizar a todo el sistema y en la voluntad del BCE, expresada claramente la víspera por su presidente Jean-Claude Trichet, de garantizar la liquidez al sistema financiero durante el tiempo y en la cantidad que resulte necesario.
Además, y aún reconociendo que la remuneración de los ejecutivos de las instituciones financieras corresponde dictarla a la propiedad y a sus órganos de gobierno, el Ecofin advirtió que vigilará de cerca, «en beneficio de los contribuyentes», la fijación de las remuneraciones de los altos cargos. En los casos de intervención con fondos públicos de una empresa privada, las Administraciones afectadas se reservan el derecho de anular blindajes y compensaciones pactadas para los altos ejecutivos. Como norma general, el Ecofin recomienda para estos casos fijar un marco transparente que permita el control por los accionistas de lo que verdaderamente perciben sus directivos. Además, las remuneraciones, incluidas las de cesación de actividad en la empresa, deberían estar vinculadas a los resultados obtenidos, primando la rentabilidad a largo plazo y a escala del conjunto de la empresa.
La ministra Lagarde insistió, además, en dos ideas trascendentes que Francia pretende afianzar en el acervo de principios asumidos para hacer frente a esta crisis: que Europa vive una situación excepcional y que, por ello, el Pacto de Estabilidad debe ser aplicado a la luz de lo establecido para circunstancias de ese género; y que el modelo de ayudas de Estado debe ser aplicado por la Comisión de forma pragmática.
Aparentemente, la interpretación que la presidencia francesa hace de ambas ideas va más allá de lo que la Comisión y muchos Estados están dispuestos a admitir.