Compañeros de banquillo, rivales en las urnas. Juan José Ibarretxe y Patxi López pasarán, en pocas semanas, de declarar como imputados en el mismo juicio y bajo la misma acusación -desobedecer a los tribunales por hablar con un partido político ilegal- a batirse el cobre en uno de los combates electorales más reñidos de los últimos años. Una situación no sólo paradójica sino absolutamente inédita en la historia democrática y de consecuencias a priori imprevisibles.
No obstante, la fecha elegida para convocar la vista oral, apenas dos meses antes de las elecciones vascas, no permite albergar ninguna duda sobre la inevitable influencia que lo que acontezca en el Palacio de Justicia bilbaíno tendrá en la campaña, dado que entre la conclusión de las sesiones y el arranque de los mítines podrían pasar sólo unas pocas semanas. «La va a enturbiar, seguro», opinan medios del entorno del lehendakari, convencidos de que la huella del reciente juicio añadirá un nuevo elemento de «confrontación» a la campaña y eclipsará otros posibles asuntos de debate preelectoral. Más difícil resulta calibrar, según las fuentes consultadas, el influjo en los resultados que arrojen las urnas, aunque los socialistas vascos están convencidos de que la repercusión será mínima porque, a estas alturas, creen, el impacto social del caso está más que «amortizado».
«Los vascos saben lo que pasó, los posicionamientos que mantuvimos unos y otros durante el proceso de paz que rompió ETA. La voluntad de la ciudadanía se decantará por otras cuestiones», subrayan fuentes del PSE, que, de hecho, no da muestras de excesiva preocupación ante un juicio con el que, igual que el lehendakari, ya contaba desde hace meses. El contexto en el que se produjeron las reuniones que ahora llevarán a responder ante un tribunal a López y a Ibarretxe -el alto el fuego que ETA hizo saltar por los aires con la bomba de la T4- resulta hoy lejano, con una banda terrorista en plena campaña de bombas y asesinatos, para una sociedad que, en general, no tiende a penalizar los esfuerzos negociadores de las fuerzas políticas sino más bien a premiarlos. En consecuencia, tanto los nacionalistas como los socialistas creen que la vista servirá para afianzar y motivar al electorado más convencido y más fiel de ambos aspirantes, pero que más difícilmente movilizará a nuevos votantes.
Más sorpresa ha causado la fecha del juicio, anotado en todas las agendas pero esperado para noviembre o para después de los comicios. De hecho, el propio Iñigo Urkullu expresó a finales de agosto su temor de que los tribunales dilatasen los plazos para evitar hipotéticos beneficios electorales para el tripartito, que, hasta ahora, ha tratado de rentabilizar en exclusiva un proceso que, significativamente, se conoce como 'caso Ibarretxe', pese a que afecta también a López y a su compañero de ejecutiva Rodolfo Ares y al recientemente excarcelado Arnaldo Otegi y a otros cuatro dirigentes de la ilegalizada Batasuna.
Protestas del tripartito
PNV, EA, EB y Aralar sacaron a la calle a sus bases en enero de 2007 para protestar contra el encausamiento penal del lehendakari, bajo el lema 'En defensa de nuestras instituciones', y organizaron concentraciones de apoyo a Ibarretxe en el trance de subir la escalinata de los juzgados. Mientras, López acudió a prestar declaración acompañado por los principales dirigentes de su partido y por su esposa. Tanto en el PSE como en el tripartito están convencidos de que, llegada la hora de la verdad, Ibarretxe no podrá monopolizar el protagonismo y los hipotéticos beneficios que podría reportarle el juicio. Sus argumentos habituales -el absurdo de procesar a un dirigente político por tratar de resolver los conflictos mediante el diálogo- resultarían aplicables al candidato socialista, a quien se visualizará también como acusado.
«El juicio les unifica, les iguala. Y esa fotografía no es beneficiosa para el lehendakari», opina una fuente del tripartito, que cree que el doble procesamiento de los principales rivales en los comicios de marzo obligará a los nacionalistas a modular su respuesta para no caer en una teatralización excesiva que pudiera percibirse como un nuevo foco de tensión por los electores. El PSE cree asimismo que si Ibarretxe y sus socios se exceden en la respuesta podrían provocar el efecto inverso al deseado. Aunque en su día barajaron convocar nuevas movilizaciones en cuanto hubiera fecha para la vista, por el momento no han tomado ninguna decisión.