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Cinco miembros de Batasuna, Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Pernando Barrena, Rufino Etxeverría y Olatz Dañobeitia, también serán juzgados
06.10.08 - 19:44 -
Patxi López y Rodolfo Ares, que serán juzgados el próximo 8 de enero por reunirse con Batasuna, se dirigen a un acto de la Fundación Ramón Rubial este mediodia en Bilbao. / Telepress
El lehendakari, los dirigentes del PSE -López y Ares- y cinco miembros de Batasuna -Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Pernando Barrena, Rufino Etxeberria y Olatz Dañobeitia-, se sentarán en el banquillo de los acusados a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el día 8 de enero. La sala, presidida por los magistrados Manuel Díaz de Rábago, Juan Carlos Benito-Butrón y José Antonio Subinas, ha decidido además admitir todas la pruebas que solicitaban las partes, excepto la que formula el Foro Ermua y en la que solicitaba las actas suizas y la documentación que pudiera tener el Centro de Diálogo Henri Durant para el Diálogo Humanitario, sobre reuniones mantenidas entre Batasuna y el PSOE en el año 2006 de las conversaciones entre el gobierno y ETA.
Por ello, el Tribunal considera necesario que declaren los 150 testigos que proponía el jefe del Ejecutivo vasco. En esta extensa lista, figuran entre otros el presidente del gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero y su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, así como el anterior inquilino de La Moncloa, Jose María Aznar. Estos tres políticos podrían acogerse al derecho que les otorga la Constitución de declarar por escrito en sus respectivos despachos.
Los miembros de la formación abetzale están acusados de la comisión de los delitos de desobedencia tipificados en el artículo 556 del Código Penal, mientras que Ibarretxe, López y Ares están imputados como cooperadores necesarios de dichos delitos de desobediencia.
La causa se abrió a instancias de las asociaciones Foro Ermua y Dignidad y Justicia, tras las reuniones que mantuvieron tanto el lehendakari como los dirigentes del PSE-EE con representantes de Batasuna, cuando este partido había sido ya ilegalizado. En concreto, el procedimiento penal hace referencia a las reuniones mantenidas por el lehendakari con representantes de Batasuna tanto el 19 de abril de 2006 como el 22 de enero de 2007, así como al encuentro del 6 de julio de 2006 entre dirigentes del PSE-EE y de la formación abertzale. En el auto, el alto Tribunal vasco establece la primera de las sesiones del juicio oral para las nueve y media de la mañana del próximo 8 de enero en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Bilbao.
Testigos
Asimismo, ordena librar oficio para conocer si los testigos propuestos por la defensa del lehendakari José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba declararán por escrito, como les permite el artículo 412 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. También el consejero vasco de Vivienda y coordinador de EB, Javier Madrazo, y la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, deberán aclarar si acudirán a prestar declaración como testigos o se acogerán al artículo 412.5 de la misma Ley, por el que pueden ofrecer su testimonio en su despacho oficial.
La Sala ordena citar también al sacerdote norirlandés Alec Reid, testigo propuesto por la Defensa de Arnaldo Otegi, "una vez que se aporte la direción" para que la citación pueda ser efectuada. Además, declara pertinentes las pruebas propuestas por todas las partes, "incluidas las anticipadas", a excepción de la del Foro Ermua relativa a las reuniones entre PSOE y Batasuna que pudieran figurar en las actas del Centro suizo para el Diálogo Humanitario. Asimismo, también se rechaza la solicitud de esta misma asociación sobre un informe pericial sobre el logo y lema de "Orain Herria-Orain Bakea" (Ahora pueblo-ahora paz), ya que figura en uno de los tomos de la causa.
Los magistrados creen que el resto de pruebas planteadas son pertinentes y también "justificadas" las de prueba anticipada o diligencias preparatorias. Además, rechaza la petición de la defensa de los representantes de la izquierda abertzale de inadmitir la prueba pericial-testifical de funcionarios de la Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía, "sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno se valore la naturaleza de sus declaraciones".
