PREVENCIÓN
Prepara, a propuesta del PP, el borrador de un «compromiso social» por la convivencia que sea vinculante para los inquilinos
Bilbao superará la barrera de las 5.000 viviendas municipales al final de este mandato. / GORKA BARRÓN
ALGUNAS CLÁUSULAS DEL BORRADOR
El Ayuntamiento de Bilbao estudia añadir un «compromiso social común» a los contratos de arrendamiento de viviendas municipales para garantizar el buen uso de los inmuebles y prevenir conflictos de convivencia. El área de Urbanismo ha preparado un borrador tras estudiar una iniciativa del Partido Popular que recoge experiencias similares desarrolladas en Madrid y en otros países. El objetivo es reunir en un documento normas sencillas de la vida vecinal, pero de carácter vinculante. Su incumplimiento sería «causa expresa de no renovación» de los contratos, que se revisan cada cinco años.
«Queda informado de la necesidad de mantener una relación de convivencia con respeto a los derechos de los demás. Se debe favorecer especialmente el uso de la vivienda sin ruido y sin daño para el entorno». Es una de las 25 cláusulas del borrador con el que trabaja la sociedad Viviendas Municipales, y que, según recalcan sus responsables, «está en fase inicial». Para la portavoz del PP, Cristina Ruiz, las normas que se están estudiando «son de sentido común» pero no siempre se cumplen, lo que hace necesario «un instrumento jurídico» que aporte garantías adicionales a un parque de pisos de alquiler en plena expansión: en la actualidad son 3.600 y dentro de tres años pasarán la barrera de los 5.000.
El debate se planteó por primera vez en octubre de 2007, con la tensión que se vivía en Otxarkoaga como telón de fondo. Vecinos y comerciantes se echaron a la calle para denunciar las «amenazas de familias conflictivas» y los ecos de la protesta tardaron en disiparse. El PP presentó una moción para «la aplicación estricta de la normativa de Viviendas Municipales» con el fin de sancionar el «comportamiento incívico de unas pocas personas o familias que atemorizan al barrio» con la resolución de los contratos de alquiler.
La iniciativa fue rechazada por un solo voto de diferencia. El PSE respaldó a los populares y el equipo de gobierno votó en contra por considerarla «innecesaria. Ya hacemos una aplicación estricta del reglamento», aseguró la concejala de Urbanismo, Julia Madrazo. Explicó que en 2007 se abrieron 36 expedientes -lo que supone apenas un 0,8% del total de pisos municipales- y que, en los casos más conflictivos, la sociedad pública corre con los gastos de abogados y procuradores cuando las comunidades de vecinos acuden a los tribunales.
Después del pleno, los populares siguieron recabando información para elaborar una propuesta «seria y constructiva» que está madurando en el seno de Viviendas Municipales. «Lo importante es que hay problemas, algunos latentes y otros manifiestos, y en la práctica la normativa es insuficiente. Debe ser más explícita», sostiene Cristina Ruiz. El texto en el que se está trabajando parte de una premisa: los pisos municipales son un bien público que se sufraga con los presupuestos de la Administración y responde a una «necesidad social» que tiene su reflejo en las listas de espera. Es un patrimonio especialmente valioso y, por lo tanto, justifica «un plus de exigibilidad respecto a lo meramente jurídico».
«Un uso racional»
Lo que se pide es «un uso racional de los recursos públicos que faciliten la convivencia pacífica» de los inquilinos. Cualquier «quebranto» de esa armonía se traducirá en un expediente de conflictividad. Las normas son tan elementales como no ceder el piso a terceras personas, respetar la vivienda y los elementos comunes, controlar los ruidos o cuidar de que los animales domésticos no perturben al vecindario. Lo significativo es que, si el proyecto finalmente se aprueba, estas pautas no se quedarán en un manual de buenas prácticas, sino que su incumplimiento, debidamente justificado en un informe, provocará que no se renueve el contrato al inquilino.
Este instrumento «preventivo» incluye obligaciones que ya están en el reglamento, como la de pagar la renta, y simplifica algunas cláusulas que ahora se definen con términos «farragosos». Para equilibrar la balanza, el compromiso social común también pone deberes a las autoridades municipales. Por ejemplo, «responder a las demandas de mantenimiento de las viviendas con la máxima diligencia». Algo que se garantiza con «mecanismos de resolución de demandas ciudadanas» que a la vez sirvan como un termómetro para evaluar la calidad del servicio.
Con el nuevo documento -que se suscribiría antes del contrato de arrendamiento de los nuevos inquilinos, y sin carácter retroactivo- el Ayuntamiento espera solventar «situaciones constatadas de incumplimiento que podríamos denominar difuso», según un informe jurídico. Conductas que, sin llegar a justificar acciones judiciales, «originan una seria perturbación del servicio». El proyecto debe continuar su recorrido en el seno de Viviendas Municipales para pulir la letra pequeña. «Nos parece bien que el Gobierno lo estudie y haga su propia propuesta. Lo importante es resolver problemas», concluye la portavoz del PP.
