
Campaña de recogida de firmas, en los últimos meses. /ARCHIVO
Indignación de los secretarios judiciales
Los secretarios judiciales han tachado de "auténtico escándalo" la sanción impuesta a su compañera del juzgado de Sevilla y creen ser la "cabeza de turco" para ocultar las carencias de Justicia.
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha señalado que el régimen disciplinario de los jueces es lo más parecido "al sistema de bulas" que tenía la Iglesia hace doscientos años, "que, pagando, se libraban de sus responsabilidades".
Su portavoz, Emilio López Durán, ha señalado que la sanción que el Ministerio de Justicia ha aplicado a la secretaria judicial Juana Gálvez es "como mínimo desproporcionada" porque al juez Rafael Tirado se le impuso una multa de 1.500 euros por estos mismos hechos.
En opinión de López Durán, el máximo responsable de esta situación es el propio juez, ya que el secretario judicial, ha recalcado, es un técnico procesal "y no es el ayudante de nadie".
En la misma línea se ha pronunciado el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, al que pertenece la secretaria sancionada, que ha considerado el castigo "desmesurado" y ha advertido de que lo sucedido en el Juzgado de Sevilla "puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar".
"Se ha optado por hacer sangre en la parte más débil" y con el fin de "no molestar a nadie" ha optado por dar un "escarmiento ejemplar" aprovechándose de "un durísimo régimen sancionador discriminatorio".
La instructora del caso, designada por el Ministerio, había propuesto seis meses de suspensión
Justicia entiende que se trata de una falta grave de diligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones
La resolución considera que "no existió" una actuación dolosa por parte de la sancionada, "sino un cúmulo de actuaciones negligentes"
El Ministerio de Justicia ha impuesto una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, dirigido por el juez Tirado, que no ejecutó una sentencia pendiente por abusos sexuales contra el presunto asesino de la niña Mari Luz, Santiago del Valle.
Esta misma semana el ministro Mariano Fernández Bermejo aseguraba que la instructora del caso -designada por el Ministerio- había propuesto que la secretaria fuera sancionada con seis meses de suspensión por la comisión de una falta grave por sus responsabilidades en el caso. Sin embargo, el departamento de Justicia argumenta la decisión de imponer una sanción de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".
La sanción máxima está en tres años
La sanción responde a una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba a Santiago del Valle por abusos a su hija y detenido después por la muerte de la niña de Huelva.
"Tanto la naturaleza de las penas impuestas cuya ejecución se dilató de manera indebida -prisión y medida de seguridad de internamiento de Santiago del Valle y su esposa Isabel García, respectivamente-, como los hechos que motivaron la condena, fundamentalmente, el delito de abuso sexual contra su hija menor, requerían de un especial celo en la tramitación de la correspondiente ejecutoria", explica el Ministerio.
La resolución considera que "no existió" una actuación dolosa por parte de la sancionada, "sino un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia". Además, señala que "la responsabilidad de la secretaria judicial se le exige con independencia de otra u otras que pudieran existir puesto que la supervisión y dirección superior incumbe al juez".
La falta grave prevista en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales está sancionada con una suspensión de empleo y sueldo de hasta 3 años o el traslado forzoso fuera del municipio. Sin embargo, para no imponer el grado máximo de la sanción, la resolución argumenta "el reconocimiento al trabajo de la secretaria judicial por parte de los funcionarios de la Oficina Judicial" y el "elevado número de señalamientos en los juzgados de lo penal".
Más castigo a la secretaria que al juez
Los dos años de suspensión de empleo y sueldo para la funcionaria contrastan con la multa de 1.500 euros impuesta al juez del caso, Rafael Tirado. La Fiscalía ha presentado un
recurso contra la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que fijó la cuantía de la
sanción.
Esta semana Juan José Cortés e Irene Suárez, los padres de la pequeña, se reunieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para entregarle los
2,3 millones de firmas recogidas en la campaña 'Por una Justicia Justa', que pide que se aumenten las penas contra los pederastas.