El Gobierno central ha pedido al Ejecutivo vasco que suprima los complementos que equiparan las pensiones más bajas con el salario mínimo profesional (700 euros en doce pagas), ya que, a su juicio, ese asunto concierne a la Seguridad Social y no a la Administración autónoma. Así lo reveló ayer el consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, quien adelantó que el tripartito «no va a eliminar ni reformar nada». «Los complementos son competencia nuestra -recalcó-. Son ayudas sociales dirigidas a unidades de convivencia en situación de necesidad».

Los subsidios en litigio alcanzarán a unos 20.000 ciudadanos vascos que subsisten con ingresos mínimos -la mayoría, pensionistas de edad avanzada- y costarán 25 millones de euros anuales a las arcas autonómicas. La mitad de los beneficiarios cobrará el dinero a partir de este mismo año y la otra mitad, desde el 1 de enero de 2009. Dentro del primer grupo, unas 7.000 personas que ya estaban percibiendo la renta básica empezaron a ingresar los complementos de forma automática desde el pasado 1 de julio. Sin embargo, se están produciendo retrasos con un grupo de unos 3.000 jubilados que cobran pensiones algo más altas que la renta básica, pero más bajas que el SMI.

Los socialistas han reprochado al Departamento de Azkarraga que haya obligado a esos jubilados a realizar el papeleo a través de los ayuntamientos, lo que ha provocado 'listas de espera' de hasta tres y cuatro meses. Según el PSE, el Gobierno autónomo podía haberles ahorrado los trámites 'cruzando' datos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. No obstante, Azkarraga aclaró ayer que el derecho a cobrar empezará a contar con carácter retroactivo desde el mismo día en que el interesado pida cita en los servicios municipales.

De todos modos, a pesar del cruce de acusaciones entre el Ejecutivo autónomo y el PSE, ambos se mostraron ayer plenamente de acuerdo en que los complementos son subsidios sociales y, por lo tanto, una competencia exclusiva de la Administración autónoma. Gema Zabaleta, parlamentaria vasca del PSE, dejó claro que, al margen de lo que haga el Ministerio de Administraciones Públicas, su partido defenderá la posición del Ejecutivo vasco. «Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha tienen ayudas similares -continuó-. El Constitucional ya reconoció durante la primera legislatura de Aznar el derecho de la Junta andaluza a complementar las pensiones, siempre que el concepto sea la asistencia social».

El pacto social

Zabaleta recordó que, en el caso del País Vasco, el Gobierno de Ibarretxe y el PSE firmaron un pacto social que contemplaba ayudar a los pensionistas en situación de necesidad. A raíz de aquel acuerdo, el Parlamento vasco modificó la Ley de Exclusión Social en junio pasado, lo que ha permitido empezar a pagar los complementos de pensiones desde este verano. No obstante, esas ayudas también están recogidas en el proyecto de ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, una norma de mayor amplitud que, cuando sea aprobada, derogará la disposición anterior. Según indicó ayer Manuel Vigo, viceconsejero de Inserción y Familia, lo que ahora pretende el Gobierno de Zapatero es que el Ejecutivo vasco elimine los complementos del proyecto de ley. En principio, una norma estatal aprobada por el Gobierno de Aznar en 2003 establece que las pensiones deben ser las mismas en toda España. «El envío de una circular como la que hemos recibido suele ser el paso previo al conflicto», comentó Joseba Azkarraga.

El consejero se basó en esa comunicación para acusar al PSE de actuar de forma «incoherente» en este asunto y, en resumidas cuentas, de «perjudicar a 20.000 vascos que van a beneficiarse de las ayudas».