José Luis Rodríguez Zapatero invitó ayer al PNV a pasar definitivamente la página de la fracasada consulta del lehendakari para inaugurar un nuevo clima político de sintonía institucional con el Gobierno que allane el camino a la negociación de las transferencias pendientes. El jefe del Ejecutivo central se mostró dispuesto a negociar el traspaso de determinadas competencias siempre y cuando los jeltzales demuestren «lealtad» al ordenamiento vigente y ahondó así en los argumentos a los que suele recurrir cuando tiene que lidiar con las preguntas que periódicamente le dirigen los representantes jeltzales en Madrid para exigir el cumplimiento íntegro del Estatuto. De hecho, el partido de Iñigo Urkullu ha llevado la misma reivindicación en innumerables ocasiones al Congreso y al Senado y uno de sus reproches recurrentes contra Zapatero es que sea el único presidente español que no ha transferido a Euskadi ni una sola de las materias previstas en la ley orgánica.

Ayer le tocó el turno al senador peneuvista Joseba Zubia, que interrogó al presidente del Gobierno sobre su percepción en torno a la vigencia del texto estatutario «en su integridad», en alusión a las 37 competencias no transferidas. Zapatero contraatacó dejando claro que las «prioridades» de los nacionalistas no han pasado precisamente por la profundización del autogobierno, sino que se han centrado -enumeró- en el plan Ibarretxe, «que es lo más contrario al Estatuto que uno puede imaginar» y la anulada ley de consulta que, según dijo, «no respeta» ni la Constitución ni la Carta de Gernika.

Por ello, pidió al PNV que en primer lugar «respete» el ordenamiento vigente y olvide «aventuras unilaterales» que lo sobrepasan, tal como ha sentenciado el Tribunal Constitucional sobre la fallida iniciativa plebiscitaria de Ibarretxe. En otras palabras, Zapatero condicionó el entendimiento con el Gobierno vasco y el PNV a que abandonen la vía soberanista emprendida por el lehendakari. No obstante, la designación de Ibarretxe para encabezar por cuarta vez la lista jeltzale al Parlamento vasco no hace presagiar ningún viraje, al menos por el momento, en el partido, que intenta combinar su rostro más prágmático con la apelación a la defensa del derecho a decidir y a «ser consultados».

En cambio, Zubia opinó en su exposición que respetar el texto estatutario también supone admitir «la existencia del pueblo vasco» -que, según las tesis de Ibarretxe, se niega como en los tiempos del franquismo- y recordó que deja la puerta abierta al reconocimiento de los derechos históricos. También insistió en que mantener el Estatuto incompleto tres décadas después supone incumplir la ley y aludió al informe que la Cámara vasca aprobó hace quince años en este sentido para acusar al Gobierno central de obviarlo a pesar de representar «un amplio acuerdo entre vascos» como el que ahora reclaman los socialistas.

Zapatero soslayó este debate y reiteró su disposición a «mejorar el autogobierno vasco» siempre que observe «lealtad y cooperación» recíprocas en el PNV. Confió, de hecho, en que la prohibición judicial de la consulta del lehendakari marque un punto y aparte y, tras un período «en el que ha habido de todo, diálogo y desencuentro», se abra una etapa de «diálogo y traspaso de competencias». «Esa es mi voluntad», recalcó el presidente, quien matizó que eso no significa que el Estado se vea obligado a renunciar a funciones que ahora ejerce.

Las tesis de Zapatero no se distanciaron apenas de las que ha venido trasladando al PNV en sede parlamentaria en los últimos meses. Ya en junio, interpelado por Josu Erkoreka, dejó claro que la persistencia en defender el plebiscito era incompatible con el incremento competencial y, más recientemente, dejó la puerta abierta a futuros acuerdos sobre las dos materias que ahora mismo centran el interés del PNV: las políticas activas de empleo y la competencia de investigación e innovación.

El desembarco

También ayer insistió en los mismos puntos. De hecho, sólo se refirió a esas dos transferencias, después de que Zubia le pidiese, en tono irónico, que aproveche «el desembarco» socialista en Euskadi ante la inminente cita electoral para explicar que no completa el Estatuto «porque no es adecuado», en referencia a las dudas de la ministra Cristina Garmendia sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Vitoria gestione I+D+I.

El presidente del Gobierno terció incluso en la polémica al sugerir que ambos ejecutivos simultaneen «los esfuerzos e inversiones» en investigación tecnológica, dado que el Estatuto reserva al Estado la «coordinación» en ese campo. Sobre la gestión de las oficinas de empleo, tampoco cerró puertas y argumentó que fue imposible sellar el trato en la anterior legislatura por la pretensión del PNV de que el traspaso llevase aparejado el del régimen económico de la Seguridad Social.

Sea como sea, esas dos competencias son las puntas de lanza de la negociación presupuestaria entre jeltzales y socialistas, tal como recordó de nuevo ayer el portavoz peneuvista en el Congreso. Erkoreka subrayó que, efectivamente, condicionarán su apoyo al proyecto que ayer presentó Pedro Solbes porque son «herramientas» necesarias para que la Administración vasca afronte mejor la crisis, y se mostró dispuesto a reunirse con el ministro «las veces que haga falta».