
Detalle de una foto entre el listado de personas represaliadas que familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo así como de abogados de las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica han entregado en la última semana al juez Garzón. /EFE
Cultura protesta por la dificultad que entraña recopilar los documentos
La documentación solicitada por el juez Garzón al Ministerio de Cultura en relación con el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil, es "cuantiosísima" y representa "cifras extraordinarias", millones de fichas y documentos que fueron realizados en su momento "con criterios represores" por lo que toda esa información debe ser cotejada, según ha señalado el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco.
Ha explicado que Garzón ha pedido información que afecta a tres archivos: El Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca; el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares; y el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Mucha de la documentación que ahí se encuentra está "de muchas maneras". "Alguna bien descrita, catalogada, digitalizada y disponible inmediatamente en red y otra no", ha señalado.
Blanco ha resaltado el hecho de que toda esta documentación, fundamentalmente jurídica, fue realizada en su momento por la policía "con criterios represores y no archivísticos". Por ello "debe ser cotejada y requiere un tratamiento adecuado pero con criterios archivísticos", ha dicho. "Previsiblemente muchos de los índices onomásticos habrá que cruzarlos porque se repitan", ha apostillado.
El juez pide a las partes que elaboren una lista única para evitar repeticiones de afectados
Una vez recibido ese nuevo listado resolverá sobre la competencia de su Juzgado para investigar esta causa
Replica a la Conferencia Episcopal que inste a los obispos a que le envíen la información solicitada
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ampliado hoy su petición de información sobre el número de muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a diferentes organismos estatales, entre los que ha incluido a tribunales republicanos de Madrid.
En una providencia, Garzón ha adoptado esta decisión después de que el director del Archivo General de la Administración le comunicara que la información que le había
reclamado a principios de septiembre se encontraba en fondos documentales de nueve instituciones distintas.
Por ello, Garzón solicita información de los tribunales de Justicia de Madrid creados "durante la defensa de la capital de España en la Guerra Civil (Jurado de Urgencia, Juzgado especial de la rebelión militar, Tribunal especial de Espionaje y alta traición y los tribunales/jurados populares)".
Petición a los obispos
Respecto a la solicitud que hizo a la Conferencia Episcopal para que ésta dejara acceder a la Policía Judicial a todas las parroquias de España y conocer así los libros de difuntos, y después de que este organismo le dijera que esa responsabilidad recae sobre los obispos de cada diócesis, Garzón pide que trasladen su solicitud a quien corresponda. El magistrado se dirige así a la Conferencia Episcopal "en aras a la colaboración con la Administración de Justicia".
El juez reclama además a las asociaciones de familiares de desaparecidos, que el pasado lunes presentaron un listado en el que censaban a 143.353 personas, que aporten en el plazo de una semana un "listado único" para eliminar la posibilidad de que existan "identidades repetidas". Transcurrido ese plazo y "cumplido el requerimiento", subraya el juez, resolverá si se declara competente o no para investigar los hechos denunciados.
Rastreo de archivos
Garzón también pide que de los fondos del antiguo Ministerio de la Gobernación se extraigan las normas y expedientes de traslados de restos al Valle de los Caídos entre 1958 y 1968 y solicita además un listado de exhumaciones de restos mortales de los cementerios de Madrid.
También quiere recibir el fichero de penados y de libertad condicional, así como el de altas y bajas del fondo documental de Auxilio Social entre los años 1940-1042, documentos de las representaciones diplomáticas del Gobierno de la República en el exilio, datos sobre funcionarios y sindicales e información de jurisdicciones especiales (Tribunal de Orden Público).
En su providencia, y a la vista del informe que le ha remitido la subsecretaría de Defensa, el magistrado también se dirige al Archivo General de Ávila, al de Segovia, al Militar de Guadalajara y a los Tribunales militares Territoriales para que le remitan la información de la que dispongan sobre los hechos denunciados.