El Departamento de Educación ha enviado una orden a las delegaciones territoriales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para que recojan las negativas de alumnos a dar clase de Ciudadanía que se hayan registrado en este principio de curso. Los responsables de la consejería que dirige Tontxu Campos advierten de que los objetores de conciencia que no acudan a las sesiones de esta materia obligatoria la suspenderán. Cada comunidad, según el partido que la gobierna, ha adoptado una decisión diferente al respecto: Madrid (PP) tolera que el escolar no asista a esas clases, Valencia ha decidido impartir la asignatura en inglés y las regiones en manos del PSOE se han volcado con ella.
Algunos centros concertados religiosos ya se han enfrentado al rechazo de estudiantes a acudir a las clases de Ciudadanía, una materia que introdujo en el currículum la Ley Orgánica de Educación (LOE) elaborada por los socialistas. Las direcciones de estos colegios no tienen claro lo que deben hacer ante las negativas y esperan las decisiones que tome el departamento.
Los responsables de la plataforma vasca 'Educación y Libertad' han recibido la consulta de familias objetoras en estos últimos días. Los padres se quejaban de que no hay actividades alternativas a las que dedicar a los chavales 'insumisos', y que los profesores tratan de influir en ellos para que acepten ir a clase. La Confederación Española de Centros de Enseñanza denunciaba ayer mismo que las direcciones de los colegios «no saben» cómo atender a los objetores.
400 objeciones
El sistema educativo vasco imparte este curso la asignatura por primera vez. El Ministerio de Educación permitía que las comunidades decidieran si comenzaban con las clases el pasado año académico o éste. El Gobierno vasco, como el resto de las autonomías no controladas por el PSOE, aconsejó a los centros de enseñanza que introdujeran la materia en las aulas este curso y en segundo de Secundaria. Escuelas e institutos vascos siguieron la recomendación.
El departamento confía en que el conflicto sea menor en Euskadi que en otras comunidades. Cerca de 400 familias vascas presentaron escritos en los colegios en los que se declaran objetoras de conciencia. Pero no todos sus hijos están en edad de dar la materia -en segundo de Secundaria tienen 13 ó 14 años-. Además, las escuelas religiosas tratan de solucionar el conflicto de puertas adentro.
La ley del PSOE permite que la dirección elija al profesor. El docente es libre, a su vez, de seleccionar la parte del programa que se ajusta en mayor medida a los valores que transmite el colegio. En las conversaciones que mantuvo la consejería de Campos con la red concertada vasca quedó clara la flexibilidad de la que gozarán.
Para la plataforma no es una solución. «El centro estaría incumpliendo la normativa legal si adapta las clases a su ideario, debe respetarse el derecho de los padres a objetar a esta materia», argumentan sus portavoces. El colectivo celebrará una reunión el jueves de la la próxima semana para explicar a las familias los pasos que deben dar si se registran situaciones de conflicto.