a semana que acaba de terminar ha sido demoledora para las organizaciones de la izquierda abertzale. Dos de ellas -ANV y EHAK- han sido ilegalizadas por el Tribunal Supremo en cumplimiento de la Ley de Partidos y otras dos -Gestoras pro Amnistía y Askatasuna- han seguido la misma suerte por decisión de la Audiencia Nacional en aplicación del Código Penal, procediéndose además, en este asegundo caso, a la entrada en prisión de veintiuno de los procesados por sendos delitos de integración en banda armada. Mírese por donde se mire, y con independencia de las proclamas desafiantes de los afectados, las sentencias suponen el desmantelamiento casi total de lo que los tribunales han juzgado ser el entramado organizativo que ETA tenía montado en la sociedad civil para llevar a cabo su proyecto criminal y subversivo.

La izquierda abertzale no tendrá más remedio que acusar el golpe. Por mucho que confíe en su capacidad regenerativa, tendrá que enfrentarse a la desmoralización que sufren los propios y a la indiferencia que se observa en los ajenos. Fuera de la reacción de los cada vez más reducidos grupúsculos de alborotadores, poco hará pensar que en el país ha ocurrido algo que se consideraría extraordinario en cualquier sistema democrático: la ilegalización de partidos políticos y de asociaciones civiles. La desorientación que en la izquierda abertzale ha creado la obcecación de su propio liderazgo militar y el hartazgo de una sociedad que sólo ve ya en el terrorismo etarra un fenómeno, además de criminal, anacrónico y trasnochado se han conjugado para lograr la insensibilización más absoluta de la conciencia cívica de todo un país. Se ha hecho aquí normal lo que en cualquier otro lugar necesitaría, para justificarse, de una seria reflexión.

No está contribuyendo ciertamente a esta seria reflexión nuestro Gobierno tripartito. En vez de a despertar esa conciencia cívica adormecida con razonamientos rigurosos, se ha dedicado a sacudirla con descalificaciones y tergiversaciones que más logran el aturdimiento que el estado de serena vigilia. Así, según el tripartito, la Ley de Partidos y las sentencias judiciales que la aplican adolecen de dos defectos que las hacen tanto incompatibles con el Estado de Derecho como contradictorias con el objetivo de la pacificación.

Sin embargo, y por lo que se refiere a la incompatibilidad con el Estado de Derecho, nadie que haya leído los citados textos legales y judiciales habrá encontrado en ellos algo que pueda confundirse con lo que nuestro Gobierno tripartito descalifica como «ilegalización de ideas y proyectos políticos». Lo que en la ley se proscribe y en las sentencias se condena es el intento de simultanear, por parte de un mismo entramado organizativo, la actividad política y la acción terrorista. Puede o no acertar la ley en la formulación rigurosa de este intento, y pueden o no atinar las sentencias en la demostración de su existencia en cada caso concreto, pero de lo que no cabe duda es de que el principio en que una y otras se basan, a saber, la no compatibilidad entre política y violencia, para nada debilita, sino que, por el contrario, refuerza, el Estado de Derecho. Quiebra, en efecto, la igualdad de oportunidades que la contienda democrática requiere el que uno de los contendientes se valga, como ha venido ocurriendo en nuestro país, de la ventaja de contar con un brazo armado que amenace y liquide a sus oponentes. Tolerar esa situación, y no cortarla de raíz, sí que sería, y de hecho ha sido, un defecto de nuestro sistema.

Topamos así con la otra objeción que el tripartito esgrime contra la Ley de Partidos y las sentencias que la aplican, a saber, que constituyen obstáculos para el llamado proceso de pacificación. De hecho, esa tolerancia a la que se acaba de hacer referencia obedecía precisamente al entendible deseo de no hacer más difícil la consecución de la paz por la vía que se consideraba más apropiada: la del diálogo. Sin embargo, y habida cuenta de la experiencia acumulada en los últimos treinta años, resulta poco entendible que aún siga habiendo partidos democráticos que no alberguen duda alguna sobre la funcionalidad de esta vía para alcanzar el objetivo que se pretende. El diálogo, al menos tal y como se ha practicado, ha demostrado ser un camino intransitable hacia el final de la violencia. Debería, por tanto, concedérsele, si no la confianza plena, sí, al menos, el beneficio de la duda a esta otra alternativa de tratar de conseguir el desistimiento definitivo de los terroristas mediante la utilización rigurosa, y no tolerante, de todos los instrumentos del Estado de Derecho.

Si nuestro Gobierno tripartito hubiera tenido en cuenta estas dos simples reflexiones, habría podido despertar la conciencia cívica y crítica de los ciudadanos, sin dejarse arrastrar por la tentación de deslegitimar, a la vez, el Estado de Derecho por intereses puramente electorales.

L