el supremo declara ilegal a anv
Perderán las subvenciones como grupo enayuntamientos y juntas, pero mantendrán las 41 alcaldías donde gobiernan
El miembro de la izquierda abertzale Txelui Moreno y la dirigente de ANV Arantza Urkaregi, ayer en San Sebastián./ EFE
EL PODER DE ANV
La ilegalización y disolución de Acción Nacionalista Vasca por parte del Tribunal Supremo supondrá el cese inmediato de toda actividad de la histórica formación y la apertura de un proceso de liquidación patrimonial. En la práctica, sin embargo, la sentencia sólo incidirá en el funcionamiento orgánico del partido, mientras que apenas tendrá consecuencias en su trabajo institucional, circunscrito a los ayuntamientos de Euskadi y Navara y a las juntas de Álava y Vizcaya.
La suspensión cautelar de actividades de ANV por tres años, dictada el pasado mes de febrero por los tribunales, permitió a este partido adoptar las primeras medidas para paliar los efectos de una eventual ilegalización. De esta manera, en algunos ayuntamientos sus concejales se disolvieron como grupo y pasaron al mixto o, simplemente, se adscribieron como independientes. Una estrategia generalizada en los siguientes meses en varios consistorios, de modo que sus alcaldes y ediles mantienen sus actas y perciben sus asignaciones económicas a título personal. Pierden únicamente las subvenciones al grupo municipal.
El presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y alcalde jeltzale de Tolosa, Jokin Bildarratz, explicó ayer que aguardará a conocer en profundidad el contenido de la resolución judicial para analizar las consecuencias que pueda tener en los ayuntamientos. En cualquier caso, reiteró que «la disolución no afecta al mantenimiento de las credenciales que como alcaldes y concejales ostentan en los municipios donde fueron elegidos. Analizaremos si la sentencia precisa cuáles son las medidas a adoptar en la organización de la vida municipal más allá de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento», apostilló.
Precisamente, el Consistorio de Renteria aprobó ayer en un pleno extraordinario la suspensión de actividades de ANV. Con esta decisión, la formación de la izquierda abertzale deja de tener grupo municipal, aunque sus integrantes permanecerán a título individual. Lo que no podrán hacer es intervenir en las comisiones o patronatos, no percibirán las asignaciones correspondientes a su grupo, ni podrán utilizar locales municipales.
Mociones para ganar
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó ayer que su departamento tomará «las oportunas previsiones» en cuanto conozca al detalle el fallo del Supremo. No obstante, advirtió de que sólo los partidos, y en su caso el PSE, pueden interponer mociones de censura contra los aeneuvistas en los ayuntamientos que gobiernan, aunque él recomendó que sólo se «planteen» si los partidos tienen la absoluta seguridad de ganarlas.
«La decisión corresponde a los partidos políticos, por tanto, al PSE, que será el que haga las oportunas negociaciones. Pero lo que sí digo es que el Gobierno entiende que las mociones de censura hay que plantearlas para ganarlas», reiteró en declaraciones en el Senado.
Pérez Rubalcaba aseguró que es necesario leer la sentencia en profundidad «para ver hasta dónde llega el proceso de ilegalización», aunque ya avanzó que el Ejecutivo no se plantea instar la disolución de ningún Consistorio con mayoría de ANV. Lo que ocurrirá en estos casos, aclaró, es que se producirán «las oportunas negociaciones entre grupos políticos» para intentar sumar mayorías que permitan un cambio de alcaldía.
Como telón de fondo se encontraban las denominadas mociones éticas consensuadas entre PSE y PNV para tratar de desalojar a ANV de aquellas alcaldías que no condenaran la violencia de ETA. Las impugnaciones fueron impulsadas tras el asesinato del ex edil socialista de Mondragón Isaías Carrasco el 7 de marzo. Fracasaron en este pueblo y triunfaron en otros como Igorre, Urretxu o Legazpi.
