ECONOMÍA
La creciente capacidad de control de los trabajadores por parte de estos organismos dispara
las críticas de los sindicatos, que han logrado frenar la aplicación de nuevas medidas
14.09.08 -
Los sindicatos han ganado la última batalla de la guerra soterrada que mantienen con las mutuas de accidentes de trabajo. El pasado mes de julio, la «frontal» oposición expresada por CC OO y UGT impidió que el Gobierno pusiera en marcha una resolución que aumentaba la capacidad de control de estas entidades sobre los trabajadores en baja laboral por enfermedad común. Se cerraba de esta forma otro capítulo de la carrera por la asunción de poder y nuevas competencias por parte de las mutuas, cuya gestión, según aseguran las centrales, «tiene el récord de disconformidad» entre los trabajadores, que ven cómo se endurecen cada vez más los sistemas para controlarles.
Detrás de la actuación de las mutuas está un objetivo tan importante y encomiable como la reducción del absentismo laboral y, por tanto, la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, que tanto tiene que ver con la creación de empleo. Sin embargo, señala Jesús Uzkudun, de CC OO de Euskadi, los sindicatos ven en esta atribución de competencias un riesgo de 'dualización' y privatización del sistema sanitario -los trabajadores asistidos por mutuas; y el resto de la población, por el sistema público de salud- y la imputación a los trabajadores de un ánimo de fraude que consideran alejado de la realidad. En su opinión, con esta medidas de control, cada vez más duras, se persigue sencillamente ahorrar fondos a las empresas y al sistema de Seguridad Social.
Los trabajadores que hayan estado de baja más de dos semanas conocen perfectamente el problema. Con frecuencia, reciben una carta de las mutuas en la que se les requiere a pasar un reconocimiento médico para evaluar su salud, cuyo resultado final puede ser la propuesta de alta laboral a la Inspección Médica o realizarla directamente en el caso de accidente o enfermedad profesional. Es una medida contra el fraude que, denuncian los sindicatos, tiene «clamorosos fallos», como la revisión de mujeres de baja por embarazo o maternidad; o de enfermos con dolencias invalidantes o terminales.
Antes de 16 días
Detrás de todo esto, denuncian las centrales, se oculta una política de «racanería» de las mutuas, que «miran más por el interés de las empresas que por la salud de los trabajadores», cuando con frecuencia las situaciones en disputa pueden ser consecuencia «de las malas condiciones de trabajo» o de la «ineficiencia de la acción preventiva», según denunciaba Comisiones Obreras en un documento de oposición a la resolución frustrada el pasado julio.
Esa iniciativa parada por las dos grandes centrales de implantación estatal pretendía que las mutuas de accidentes pudieran controlar a los trabajadores en baja por enfermedad común antes de cumplir los 16 días. A partir de ese plazo, tienen ya la potestad para hacerlo en los casos que tengan este servicio contratado con las empresas, que afecta a cerca del 68% de los trabajadores en activo.
Detrás de esta batalla subyacen filosofías diferentes sobre la forma de entender el derecho a la salud que los sindicatos consideran de forma diferente a las mutuas.
Esta argumentación de CC OO en contra de la frustrada normativa contiene los elementos clave de esa posición. Así, considera que el control de las mutuas supone duplicar gastos en una tarea «sobradamente contrastada de los médicos del sistema nacional de salud». Además, añade, las mutuas no cuentan con expertos en las diferentes especialidades médicas -excepto en traumatología- ni los medios de diagnóstico necesarios. Enfatiza también que se trata de profesionales que no son empleados públicos y que, sin haber pasado pruebas de ingreso para ejercer su tarea, cuestionan las decisiones de los médicos de la Seguridad Social, que sí lo han hecho.
Denuncia, asimismo, que las propias mutuas han dado «pruebas sobradas de que no son leales colaboradoras» del sistema público de salud, y alerta de que que se trata de un paso en la privatización de la sanidad basado en una «infundada opinión sobre abusos y fraudes significativos».
De 100 a sólo 7
El escenario de fondo en esta guerra soterrada entre sindicatos y mutuas, desvela Uzkudun, es la acumulación de poder por parte de unas organizaciones a las que las centrales sindicales tienen, hoy por hoy, vedado el acceso. Por ello, reclaman poder participar en su gobierno a través de la comisión directiva. De las más de cien mutuas que había hace unos años van a quedar «seis o siete», indica. En consecuencia, el poder acumulado «puede ser inmenso y dejar indefensos a los trabajadores». Aunque, eso sí, reconoce, «al igual que hay empresarios y piratas, hay mutuas y mutuas».
Así las cosas, las discrepancias terminan con demasiada frecuencia en los tribunales, que se han convertido en una barrera contra los abusos, constata Uzkudun, «y poner estos asuntos en manos de un sindicato puede ser fundamental para conseguir llevarlos a buen puerto».
