Los magistrados de la sala tercera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la vista oral sobre el sistema fiscal vasco. / F. PESCADOR
El Tribunal de la Unión Europea dio ayer el principal espaldarazo jurídico que ha recibido el Concierto Económico en sus 27 años de historia. La Corte de Luxemburgo, en respuesta a una pregunta formulada por la Justicia española, confirmó que dentro de un Estado caben diferentes regímenes fiscales; que los gobiernos regionales pueden aprobar sus propias leyes tributarias, dentro de sus competencias, si cumplen determinadas condiciones; y, lo más importante, que las diputaciones forales encajan extraordinariamente bien dentro de ese esquema.
El pronunciamiento fue recibido con un notable optimismo por parte de las instituciones de Euskadi, la totalidad de los partidos políticos y las organizaciones empresariales, ya que supone para la fiscalidad vasca aprobar el 'examen de reválida' de la UE. Los gobiernos de La Rioja y Castilla y León, cuyos recursos contra el Impuesto de Sociedades vasco están en el origen de este procedimiento, también realizaron una valoración positiva de la resolución, ya que deja abiertas algunas puertas para que mantengan su batalla judicial.
Tribunales españoles
La decisión de la Corte de Luxemburgo conocida ayer no es una sentencia, sino la respuesta a una pregunta planteada por el Tribunal Superior del País Vasco. Por tanto, la resolución definitiva de todos los recursos presentados contra normas fiscales de Euskadi, en especial contra el Impuesto de Sociedades, deberán ser resueltos por la Justicia española. Los 38 folios de prosa prieta de los jueces de la UE, sin embargo, permiten arropar al Concierto Económico como nunca lo había estado hasta ahora frente a cualquier intento de desnaturalizarlo.
Asumiendo casi en su integridad la tesis que había elaborado la abogada general, Juliane Kokott, los jueces comunitarios estiman que el entramado jurídico e institucional del País Vasco permite cumplir las tres exigencias que la UE ha establecido para permitir que una comunidad aplique impuestos diferentes a los del Estado al que pertenece: que las normas -como es en este caso el Concierto- tengan un encaje en la Constitución nacional; que las decisiones de modificar los tributos se adopten de forma autónoma, sin necesidad de solicitar la autorización del Gobierno central; y, por último, que el poder regional que adopta la iniciativa asuma también las consecuencias económicas de ella y no reciba subvenciones para compensar hipotéticos recortes en la recaudación.
Un sistema complejo
La resolución despeja cualquier incógnita sobre las dos primeras condiciones. El Concierto está amparado por la Constitución española y las diputaciones forales no deben pedir permiso a la Administración central para aprobar sus normativas. La UE estima que, aparentemente, hay muchas razones para pensar que también se cumple la tercera condición, la de la autonomía financiera. Pero admite que el modelo que regula los flujos entre el Estado y Euskadi es «muy complejo», también que le asaltan algunas dudas sobre la cuestión, y deja por ello la evaluación definitiva en manos de los jueces españoles.
El texto es, además, una auténtica 'tamborrada' de desautorizaciones hacia la Comisión Europea, cuyos rígidos argumentos en contra del Concierto Económico y de la capacidad normativa vasca le habían convertido ya en el enemigo público número uno de este modelo institucional. El pronunciamiento destila, incluso, un regusto especial del poder judicial comunitario al zarandear a sus colegas del Ejecutivo de Bruselas y rechazar uno a uno todos sus planteamientos. En algunos puntos, además, con verdadera saña.
La Comisión encajó ayer una doble derrota. La primera: ver cómo el Concierto vasco recibía el aval de los tribunales de la Unión. La segunda, más trascendental: la confirmación de que sus anhelos de armonización fiscal en Europa caminan por la senda del fracaso. Si ya había resultado una tarea complicada y hasta ahora alejada del éxito la homogeneización tributaria de 27 estados, la resolución no hace sino apoyar la hipótesis de que en el futuro el número de sistemas y 'subsistemas' fiscales de la UE puede multiplicarse por varios dígitos. Sólo España aporta ya cinco: el de la Administración central, los tres de las diputaciones forales y el de Navarra.
Más recursos
La resolución no zanja, desgraciadamente, los problemas judiciales en torno al Concierto Económico ni acaba con las varias decenas de recursos que están pendientes de resolución en la Justicia española; principalmente en el Tribunal Superior del País Vasco y en el Supremo. Más bien al contrario, cabe esperar una riada de nuevas acciones judiciales, ya que, al amparo del pronunciamiento de ayer, los gobiernos de La Rioja y Castilla y León estarán deseosos de intentar demostrar que hay 'gato encerrado' en los flujos financieros entre Euskadi y el Estado. Los expertos no dudan de que en unos años todavía habrá recursos contra la fiscalidad vasca en el Supremo e incluso en el Constitucional.
Ante esta situación, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, pidió ayer a los partidos políticos que asuman de forma definitiva la necesidad de 'blindar' el Concierto para recurrir las posibilidades de presentar recursos contra normas forales. Para ello, reclamó que se acelere la tramitación en el Congreso de una reforma legislativa cuya gestación se inició en las Juntas Generales de Vizcaya.
