Los colegios que no logren los objetivos lingüísticos que pretende establecer el Departamento de Educación podrán perder las subvenciones económicas que reciben del Gobierno vasco. Esa posibilidad figura en uno de los artículos del proyecto de ley marco de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas oficiales y extranjeras de Euskadi, diseñado por la consejería en manos de EA y que su máximo responsable, Tontxu Campos, presenta durante estos días a partidos políticos, sindicatos y agentes educativos. Los centros concertados acogen a más de la mitad de los alumnos de la comunidad. El Ejecutivo autónomo les financia casi un 70% de sus presupuestos. Sin ese dinero no serían viables.
En concreto, la propuesta indica que si una escuela incumple el nivel de euskera que quiere fijar el Gobierno vasco, esa situación acarreará la «pérdida de prioridad» para acceder a la concertación económica. La Administración dedica 500 millones de euros anuales a más de 350 colegios privados.
El proyecto, aún pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno y al que ha puesto objeciones el PNV, también marca los límites del juego a la escuela pública. Así, establece que los padres cuyos hijos acudan a colegios de ese tipo que no logren euskaldunizar a los alumnos tendrán derecho a pedir el traslado de matrícula a otro centro que sí cumpla los objetivos, aunque no les corresponda por lugar de residencia o baremos.
La pérdida de la subvención por no lograr las metas de bilingüismo es un temor que planea desde hace tiempo sobre la red concertada. De hecho, es uno de los argumentos que emplean algunos centros para justificar ante los padres la eliminación del modelo A. El plan de financiación del sistema de enseñanza que prepara el departamento -otro de sus proyectos en estudio- ya apuntaba la posibilidad de condicionar el dinero que recibe una escuela al servicio que presta, en atención a la inmigración o necesidades especiales, y los objetivos que cumple, entre ellos los lingüísticos.
Niveles
El proyecto de ley que trata de sacar adelante la consejería de Campos detalla que los escolares deberán hablar y escribir correctamente en euskera y castellano al finalizar la Secundaria, con 16 años. En la situación actual sólo las ikastolas, y no todas, podrían superar las pruebas en lengua vasca. Los últimos exámenes realizados por el Instituto Vasco de Evaluación dejaron claro el punto del que parte cada sector: apenas dos tercios de los estudiantes del modelo D, en euskera, y un tercio de los del B, bilingüe, demostraron un nivel suficiente al finalizar la Secundaria. Colegios concertados con modelos B, o incluso líneas D que acogen alumnos de familias y zonas castellanoparlantes, tendrían que reforzar la euskaldunización si la reforma se aprueba y quieren sobrevivir.
La norma que impulsa el departamento de EA marca a los colegios un mínimo de un 60% de asignaturas en euskera, y les deja autonomía para distribuir el 40% restante entre castellano e inglés. Educación considera que ese 60% es el porcentaje mínimo para que una escuela logre formar alumnos bilingües, después de la «experiencia acumulada en estos 25 años de funcionamiento de los modelos».
Campos volvió a argumentar ayer su teoría sobre la necesidad de la reforma lingüística durante la presentación del nuevo curso en la escuela Gorondagane, de Sondika. «El objetivo es que los alumnos lleguen a ser bilingües, tal y como establecen la Ley de Normalización del Uso del Euskera y la Ley de la Escuela Pública Vasca», dijo. En caso contrario, «habría que cambiar las leyes, y creo que nadie quiere modificar la legislación». AL consejero le cuesta entender que «alguien plantee poner en marcha un sistema que no ha funcionado», en clara referencia a populares y socialistas, que apuestan por porcentajes para euskera cercanos al 25%.
El responsable de EA señaló que, siempre que se parta del objetivo de lograr el bilingüismo, mantendrá «una voluntad negociadora», y que está dispuesto a «discutir todos los puntos de la reforma». Expresó su propósito de alcanzar un consenso amplio para que, cuando la ley llegue al Parlamento, «su tramitación no tenga dificultades».