se generalizará este curso en las aulas de Secundaria
La asignatura de Educación para la Ciudadanía se generalizará este curso en las aulas de Secundaria del conjunto de España al comenzar a ser impartida en aquellas comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, que eligieron ubicarla en el temario de segundo de ESO. Se estima que 1,2 millones de escolares recibirán esta enseñanza a partir de mediados de mes en España, 900.000 de ellos en ESO y 300.000 en Bachillerato.
Al igual que ocurrió el pasado curso, la implantación de la asignatura viene rodeada de la polémica por la política de objeción impulsada desde instancias conservadoras. Una de las asociaciones que batallan contra la materia, la plataforma denominada Profesionales por la ética, aseguró ayer que el número de objeciones se eleva a 44.513 en el conjunto del país, mientras que existen además otros 400 recursos pendientes de resolución tramitados por padres que piden amparo judicial para que sus hijos no tengan que asistir a clase. Según sus datos, en Euskadi se contabilizan 435 renuncias, aunque la plataforma admite que muchas de estas objeciones son «preventivas». Es decir, no corresponden a escolares que deban recibir este año la asignatura.
El movimiento objetor ha conseguido que algunos tribunales, como los superiores de Andalucía y La Rioja, hayan respaldado la inasistencia a clase de los alumnos cuyos padres consideran que ciertos contenidos vulneran sus derechos a educarlos de acuerdo a sus convicciones morales. El último pronunciamiento en este sentido se conoció ayer en Castilla La Mancha. Un juzgado de Albacete dictó un auto que permite suspende de forma cautelar la asistencia a clase de esta asignatura a ocho alumnos de dos familias manchegas.
