29.08.08 -
Los profesionales del derecho no se ponen de acuerdo en si los alquileres masivos pueden ser perseguidos penalmente o no. Por un lado, José Ángel Esnaola, abogado vinculado a asociaciones de apoyo a inmigrantes y ex asesor del Ayuntamiento bilbaíno, lo califica como un «abuso de un derecho privado», el del alquiler. Esnaola lamenta que no se considere «delito generar una situación de explotación de personas en una infravivienda».
La Ley de Arrendamientos Urbanos «está de parte» de los explotadores al no limitar el número de subarriendos y dar cobertura legal al contrato de alquiler, y «el Código Penal mira hacia otro lado», ya que no prevé castigo alguno. Augura que «estas situaciones no van a dejar de producirse porque hay personas en situación irregular que necesitan una vivienda». En su opinión, este tipo de arrendamientos masivos incurren al menos en una «irregularidad administrativa, ya que no pagan impuestos», aunque advierte de que el problema de fondo va más allá. «Habría que darle una vuelta, pero tanto la vía civil como la penal dependen del Estado».
Otras voces, sin embargo, apuntan a la falta de voluntad a la hora de luchar contra estos «negocios ilegales». «Son actividades lucrativas que ni están dadas de alta en el impuesto de actividades económicas ni pagan licencia como pensión u hostal; es ahí donde el Ayuntamiento tiene las facultades para investigar si quiere», indica otro abogado bilbaíno. No obstante, las instituciones han de buscar «una alternativa al desalojo; no se puede dejar a la gente tirada en la calle», dice Esnaola.
