El veto a los pesqueros cántabros en las aguas interiores vascas seguirá vigente hasta el 31 de diciembre. Ni siquiera el «ambiente de cordialidad» vivido en la reunión mantenida ayer entre los gobiernos de ambas comunidades autónomas hizo cambiar de opinión al Ejecutivo de Vitoria. Su propósito de proteger a las especies marinas de las redes de la flota de 'cerco de cabezo' -una técnica que suele utilizarse con el chicharro, la sardina o la aguja del Cantábrico- es firme. El consejero de Pesca de la región vecina, Jesús Oria, únicamente pudo arrancar un compromiso para aplicar medidas conjuntas en un futuro cercano. No pudo evitar que 17 barcos se queden sin uno de sus principales caladeros. En septiembre, la cifra de afectados puede ascender a medio centenar una vez concluya la costera del bonito.
Oria y su homólogo vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego, jugaron al despiste para evitar la presencia de cámaras en su anunciada entrevista veraniega. La cumbre matinal se esperaba en la capital alavesa, pero finalmente tuvo lugar a medio camino: en Castro Urdiales. Allí certificaron el acuerdo para que los 19 pescadores de la villa puedan adentrarse en la franja costera vizcaína entre Ontón y Cabo Villano, en Gorliz. Consultaron, de forma simultánea, los informes de Azti-Tecnalia en los que se basan las restricciones impuestas por el Gobierno vasco. Todo estaba en orden.
«Estrechísima franja»
Los consejeros quedaron en fijar otro encuentro en fechas próximas para abundar en el tema y establecer una actuación conjunta en la gestión futura de la ordenación pesquera en el litoral. Más que nada, por el mero hecho de que la situación alarmante de los recursos en el mar les afecta «por igual» en los últimos años. Por eso, la delegación cántabra abogará por aplicar las medidas técnicas recomendadas por los científicos «de la misma forma» en ambas comunidades. Eso sí, con un consenso previo entre las administraciones en una materia en la que aún queda mucho por abordar.
Mientras se termina de fraguar ese acuerdo, el Gobierno vasco hizo ayer público su malestar por la polémica que rodea al asunto. Quiso dejar claro que las aguas interiores sólo son «una estrechísima franja costera», en absoluto determinante para la actividad pesquera del Cantábrico. «Es absurdo afirmar que es cuestión de vida o muerte para esta flota», defendió la consejería de Pesca. Pero sí resulta importante, según su criterio, «para el sustento de la fauna y el alevinaje de numerosas especies», ya que no sólo afecta a la sardina o al chicharro, sino también al cebo vivo para la pesca del bonito. «Es una zona frágil, que requiere de una especial protección», advirtió.
Los arrantzales con base en Euskadi también sufren en sus carnes las restricciones, ya que no pueden pescar en fondos inferiores a 35 metros. Lo hacen con la sensación de colaborar con la causa biológica para regenerar el litoral, aunque pase factura a sus ya de por sí debilitados bolsillos. Entienden a sus compañeros cántabros, pero a su vez cierran filas con el Ejecutivo vasco. «Es lo mejor para todos», sostiene el presidente de la Federación de Cofradías de Vizcaya, Iñaki Zabaleta.
En los puertos cántabros la medida no se ve con buenos ojos. A algunos pescadores les hierve la sangre de pensar en «la injusticia» que, en su opinión, supone la iniciativa. Un barco ya ha sido apresado por cruzar la 'muga'. «Ellos pueden pescar aquí, pero nosotros no podemos hacerlo allí. No es justo», protesta Luis Herrera, secretario de la Cofradía de Pescadores de Santoña.
