VOCAL PARA EUSKADI DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Asegura que los jueces no colaborarán en lacelebración de la consulta de Ibarretxe porque es «ilegal» y da «cobertura a los terroristas de ETA»
González volverá a ejercer en Bilbao cuando se renueve el CGPJ. / FOTOS: MITXEL ATRIO
Desde su retiro vacacional analiza la actualidad política y judicial vasca como quien nunca ha dejado de preocuparse de la realidad en Euskadi. La próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial devolverá a Juan Pablo González (Segovia, 1961) a un puesto en la Audiencia de Vizcaya -ocupará la plaza del asesinado José María Lidón- después de siete años de trabajo en Madrid. Taxativo en sus declaraciones, este miembro de la APM sostiene que la consulta de Ibarretxe no llegará a celebrarse y que, de ser ilegalizada ANV, los ayuntamientos que gobierna deberían ser disueltos para convocar elecciones.
-Gobierno central y tripartito andan enzarzados por la ley de consulta. ¿Habrá referéndum el 25 de octubre?
-No. La consulta es abiertamente contraria a la Constitución. El Gobierno vasco no tiene competencia como tampoco lo tendría el Ayuntamiento de Barakaldo o el Gobierno de Murcia. No pueden someter a consulta algo que afecta al conjunto de los españoles. Y si el Constitucional anula la ley, los jueces no podrán colaborar en la conformación de las juntas electorales necesarias en toda cita con las urnas. Sólo podrían colaborar si se cambian las leyes generales.
-Ibarretxe insiste que debe hacerse.
-El lehendakari está engañando a la ciudadanía y jugando una vez más al victimismo. Lo hace cuando dice que Gobierno central y Constitucional están amordazando a los vascos. La consulta da cobertura a ETA. No hay que olvidar que la ley salió aprobada con un voto manchado de sangre de los proetarras.
-El Ejecutivo vasco dice que no hay nada más democrático que consultar a la ciudadanía.
-Sólo un ingenuo puede desconocer las consecuencias políticas de la consulta. Miembros del Gobierno vasco han reconocido que supondrá un hito importante hacia la independencia. Todo su planteamiento, disparatado desde el punto de vista jurídico, sería ridículo si no fuera porque existe ETA. Sólo sirve para deslegitimar las instituciones democráticas del Estado y alimentar las expectativas de los terroristas. La consulta parte de un planteamiento tramposo. Dicen que no es vinculante, pero luego lo sitúan en el camino a la independencia. Así que, si se celebra, se benefician y, si se prohíbe, recurrirán al victimismo.
-¿O sea que Ibarretxe sale ganando de una u otra manera?
-Puede haber un interés electoral . Alimenta el victimismo para luego presentarse en las autonómicas y solicitar el respaldo del electorado frente a la imposición de Madrid.
-¿Qué opinión le mereció la foto de PNV, EA, EB y Aralar ante el Constitucional el pasado miércoles?
-Forma parte de la escenificación del Gobierno vasco. Siguen con un espíritu frentista y quieren transmitir esa idea de que el Gobierno de la nación actúa de manera antidemocrática enfrentándose al conjunto de los vascos. Y hasta en eso engañan, porque el Ejecutivo autónomo no está representando a toda la sociedad sino a una parte. Es una iniciativa que no va por el camino de la concordia.
-El tripartito acusa a los jueces de actuar como un árbitro comprado.
-Caen en el insulto y la grosería. El Constitucional no es un árbitro comprado. Esas declaraciones del tripartito se enmarcan dentro de la campaña de deslegitimación de las instituciones. Para ellos, todo árbitro independiente es un árbitro comprado en la medida en que consideran que no se va a someter a sus dictados. Para ellos sólo sería independiente aquél que fuera sumiso a los postulados que ellos defienden.
-¿Los vascos no tienen entonces capacidad de decidir su futuro?
-Los vascos llevan decidiendo de forma democrática desde 1978. Lo hacen en las elecciones municipales, autonómicas y generales. Se está deliberadamente mintiendo, los vascos y españoles deciden cada vez que son consultados. Decir lo contrario es tan absurdo como si los ciudadanos de Santurtzi quisieran decidir si están o no en la OTAN.
-¿Considera que Ibarretxe teme por su futuro en la Lehendakaritza y por eso ha organizado este nuevo plan?
-Yo no puedo entrar en ese plano de las intenciones. Lo que sí digo es que en la medida en que un Gobierno camina por la senda de la ilegalidad causa un enorme daño a las instituciones. Primero, porque pierde la legitimidad. Los primeros en respetar la legalidad deben ser las instituciones porque el poder que ejercen les llega de esa legalidad. Y, en segundo lugar, porque sirve para alimentar la violencia terrorista.
-Si se renueva el Consejo General en septiembre, como parece, volverá a ejercer en Bilbao. Llegará justo para asistir al juicio contra el lehendakari.
-Fue lamentable la campaña de acoso y deslegitimación a la que fueron sometidos los integrantes del tribunal. Ahora debemos esperar a que se celebre el juicio y confiar en que haya una resolución cuanto antes.
-¿Habrá condena?
-Tengo como norma no valorar procesos en curso. No me corresponde hacer pronósticos. Sí puedo decir que tengo plena confianza en el nuevo tribunal, lo mismo que la tenía de los jueces designados de inicio.
-¿Volverá a haber presiones a los magistrados que le juzguen?
-Espero que no se reproduzcan aquellas manifestaciones por las calles. Están fuera de lugar. Los poderes públicos están sometidos a la ley y el Derecho y no hay nadie por encima. Estos procesos hay que afrontarlos con normalidad aunque no sea una situación frecuente el que un responsable político tenga que dar cuenta a un tribunal de la posible comisión de un delito.
-El PNV cree que sentar a Ibarretxe en el banquillo es un abuso y denota que muchos jueces no han completado «la transición democrática».
-El nacionalismo en su conjunto ha entendido el pacto de la Transición en el sentido de que las instituciones del Estado debían mirar para otro lado. La ley no se aplicaría con la misma intensidad cuando quedaran afectados los intereses del nacionalismo. Por eso, cuando se les aplica la ley como a cualquier otro ciudadano, responden de manera airada. Lo han entendido como un pacto de impunidad y no es posible.
Relaciones de familia
-¿Qué quiere decir con eso?
-Es muy significativa la oposición del nacionalismo vasco a la inmensa mayoría de medidas puestas en marcha para combatir a ETA. Las extradiciones en su primera época, la ley de partidos, la de cumplimiento íntegro de penas, la responsabilidad penal del menor para luchar contra la kale borroka... todas fueron condenadas por el nacionalismo. Y lo mismo ha ocurrido con sentencias como las del Supremo en el 'caso Parot', o las de la Audiencia Nacional con Ekin.
-¿Y por qué es así?
-Llevan muchos años dando cobertura a ciertas formas de violencia. En el fondo, está el mantenimiento consciente o inconsciente de ciertas relaciones de familia, que hacen que, por momentos, el nacionalismo dé la cara frente a actos vinculadas con la violencia terrorista.
-El Gobierno vasco dijo la pasada semana que en el 'caso De Juana' se están construyendo imputaciones en su contra retorciendo la ley.
-De Juana ha cumplido su condena, es incuestionable. Eso no quiere decir que de cara a comportamientos futuros tenga una patente de corso. Está sometido a la ley, como cualquier otro ciudadano y, si vuelve a cometer un delito, tendrá que hacer frente a su responsabilidad.
-¿Cómo se explica que cumpliera 18 de los 3.000 años que se le habían impuesto?
-La legislación que venía del franquismo era muy favorable a los presos porque establecía una limitación al cumplimiento de las penas y porque fijaba unos beneficios penitenciarios que provocaban que condenas de miles de años quedaran en 17 ó 18 años de cumplimiento. Lo sorprendente es que hasta 1996 no se hizo nada con una legislación que es injusta y que provoca situaciones como la de De Juana. Con la actual ley, no se volverá a repetir.
-Otro tema en curso. ¿ANV y EHAK serán ilegalizados?
-No puedo pronunciarme sobre cuestiones en proceso. Sí creo que la demanda se asienta en indicios muy sólidos de que estos partidos son una máscara de ETA para mantener la presencia de los terroristas en el seno de las instituciones.
-¿Por qué ahora y no cuando se presentaron a las elecciones?
-Hay que lamentar que el Gobierno a través de la Fiscalía no hubiera hecho más. Existe la sospecha de que actuó por criterios de oportunidad. Con ANV no tiene explicación que se pidiera anular unas candidaturas y otras no. Por eso ahora nos lamentamos de que ayuntamientos estén controlados por un partido que es un instrumento de ETA.
-Si hubiera una sentencia a favor de ilegalizar esos partidos, ¿ediles y parlamentarios mantendrían su puesto?
-El Gobierno tendría que ir hasta las últimas consecuencias e instar en base a la ley de régimen local la disolución de estos ayuntamientos. Se ha hecho en Marbella, por otros motivos. Sería disparatado mantener ayuntamientos con una sentencia que reconozca que están al servicio de una banda terrorista.
-¿Lo ve factible?
-El artículo 61 de la ley de régimen local lo permite con absoluta claridad.
-Sin embargo, todo apunta a que los concejales quedarán como ediles no adscritos pero seguirán en su puesto.
-El procedimiento es que se disuelve el ayuntamiento, se nombra una gestora y se vuelven a convocar elecciones. Es algo que se puede hacer.
