Medio ambiente
Un vecino del municipio vizcaíno de Trapagaran recoge firmas para exigir al
Ayuntamiento que apruebe una ordenanza municipal contra los vecinos ruidosos
10.08.08 -
José Antonio Rodríguez, delante el Ayuntamiento con las firmas. / PEDRO URRESTI
«Duermo con tapones en los oídos». José Antonio Rodríguez, residente en el municipio vizcaíno de Trapagaran, se pone al acostarse unas bolitas amarillas de gomaespuma, como las que emplean los trabajadores de los talleres. Cogió esa costumbre, que es casi un tic nervioso, hace tres años, cuando tuvo que soportar los ruidos «irracionales» provocados por un individuo que residía en el piso de abajo. Las denuncias que formuló en el Ayuntamiento fueron infructuosas, pues siempre le decían que su problema se salía de las competencias municipales. Al final, el destinatario de las quejas acabó mudándose a otro barrio, cansado de recibirlas, pero al afectado le quedaron secuelas. «Cualquier sonido me produce ansiedad -se lamenta-. Cae un objeto al suelo y estoy alerta».
Marcado por aquella experiencia, Rodríguez empezó a recoger firmas a comienzos de este año en Trapagaran, una población de 12.000 habitantes, para exigir a la Corporación que apruebe una ordenanza sobre los ruidos de las viviendas particulares (ya existe en el pueblo una normativa sobre locales de hostelería). «Hasta ahora he recibido el apoyo de doscientas personas, aunque se necesitan trescientas firmas para que la propuesta sea debatida en el pleno», explica.
Alcanzar esa cifra no es una tarea fácil para él y la media docena de amigos que le están echando una mano. No obstante, confía en que un acontecimiento inesperado les ayude a conseguir más apoyos: un juzgado de Barakaldo acaba de condenar a una pareja de Trapagaran, precisamente, a indemnizar con 12.000 euros a los vecinos de abajo por haberles tenido «pendientes» de sus ruidos día y noche durante cinco años. La sentencia no concreta de dónde procedían los sonidos o qué actividad los producía, un misterio que el juicio ha dejado sin esclarecer. Pero indica que las molestias exceden lo tolerable y deben cesar, sea cual fuere su origen.
«Siempre es lo mismo»
José Antonio Rodríguez se siente «reconfortado» por el fallo, sobre todo, porque la casualidad ha querido que produzca en su pueblo. Pero también considera relevante que el juzgado haya responsabilizado al Ayuntamiento de haber dado una respuesta insuficiente a las reiteradas denuncias del demandante. «Es que a mí también me ocurrió algo parecido -afirma Rodríguez-. Cuando fui a quejarme me respondieron que los funcionarios no trabajaban de noche, de modo que no podían comprobar las molestias que yo sufría a esas horas. Siempre es lo mismo, la Policía local no interviene y la Ertzaintza te dice que el problema es un asunto municipal. Tienes que contratar a un abogado».
Tras conocer la sentencia de Trapagaran, varios lectores se han dirigido a EL CORREO para quejarse de que a ellos también les pasa lo mismo: el único silencio que ofrecen algunos ayuntamientos vascos a quienes denuncian los ruidos anormales del vecindario es el silencio administrativo. Rodríguez opina que esa frustración se evitaría si las autoridades municipales establecieran unas reglas de juego claras. «No me refiero a los lloros de un niño -aclara Rodríguez-, ni a colgar un cuadro en la pared, ni a las obras de reforma que se realizan normalmente en un piso».
Ciertamente, los expertos recuerdan que Ley de Propiedad Horizontal limita la capacidad de los municipios para sancionar a los propietarios de viviendas, pero eso no ha impedido que Bilbao, Barakaldo y Portugalete hayan aprobado normativas sobre este asunto. En cambio, otras poblaciones no se lo han planteado todavía o no han considerado oportuno hacerlo. La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) explica que cada alcaldía actúa con arreglo a las circunstancias de su localidad. Trapagaran, por ejemplo, ha aprobado ordenanzas sobre perros, sobre horarios y ruidos en la hostelería y sobre los vecinos que sacuden las alfombras en el balcón y la ventana.
«Nuevas necesidades»
«A medida que los pueblos crecen, surgen nuevas necesidades», señala Pilar Souto, concejala de Cultura de Trapagaran y portavoz del Ayuntamiento. Reconoce que la sentencia del juzgado de Barakaldo ha causado cierta «sorpresa» en el equipo de gobierno, pero añade que si hasta ahora no se ha desarrollado una normativa sobre los ruidos en los pisos, es porque no se ha considerado necesario. Ahora bien, aunque no emplea un tono categórico, la edil sugiere que quizá no haga falta que José Antonio Rodríguez reúna trescientas firmas para que los técnicos municipales analicen su propuesta. «Nos preocupa todo lo que redunde en beneficio de la calidad de vida de la localidad -enfatiza Pilar Souto-. Y Trapagaran es el municipio de la zona minera con más calidad de vida».
Sin embargo, ni Rodríguez, ni los vecinos que acaban de ser indemnizados con 12.000 euros comparten ese punto de vista. Los segundos se han dirigido esta semana al Ayuntamiento para denunciar que las molestias provenientes del piso de arriba no han cesado a pesar de la sentencia; y le han solicitado que tome medidas para que se cumpla la resolución.
Al parecer, la actitud de la Corporación ha cambiado en ese caso. José Antonio Rodríguez se alegra de ello, aunque no acaba de creer que llegue a aprobarse la ordenanza que reclaman de momento él y otras doscientas personas. «He sentido impotencia, pero mi reacción ha sido siempre seguir luchando. Lo que me pregunto es por qué los ciudadanos tenemos movilizarnos para que las instituciones aprueben normas que son de civismo y sentido común».
