E l requerimiento del Parlamento vasco para que el Gobierno revisara el conjunto del sistema educativo de Euskadi ha trasladado estos últimos años un clima de provisionalidad a un sector altamente sensible por su decisiva contribución a la formación, en conocimientos y valores, de las generaciones futuras. El análisis y eventual reforma de la educación parecían particularmente pertinentes en lo que atañe a los modelos lingüísticos, una concepción imperante durante un cuarto de siglo que ha permitido convertir el euskera en una presencia cotidiana en los centros escolares y, en consecuencia, también en el seno de las familias, o legar un apreciable incremento en la capacitación bilingüe de los docentes de la red pública. Pero no ha logrado el principal objetivo para el que se puso en marcha: conseguir que todos los jóvenes alcanzaran al final de los ciclos obligatorios un conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

El avance, hace casi año y medio, de la nueva propuesta lingüística del Departamento de Educación sintonizaba con la voluntad del Consejo Escolar de evolucionar hacia un modelo único pero flexible, que concediese autonomía a cada centro para conformar una oferta propia y atenta a la realidad idiomática de sus destinatarios. El carácter entonces aparentemente abierto de la reforma ha ido acotándose y, a medida que trascienden detalles de lo que ya es el anteproyecto de ley de aprendizaje de lenguas oficiales y extranjeras, crece la controversia por el riesgo de ruptura con la vocación de consenso que caracterizó siempre la regulación de la enseñanza en el País Vasco. Aspectos de la normativa como la consideración del euskera como «lengua propia» del ámbito educativo o los ambiciosos niveles de capacitación en los respectivos idiomas que se fijan para el final de los ciclos sustentan la oposición del PSE y el PP, además de colectivos sindicales y de padres. Y la celeridad que sus impulsores pretenden imprimir a tan trascendental cambio no puede sino extrañar e incomodar a una sociedad vasca que no comprende por qué se trata de aprovechar la fase agónica de una legislatura para acelerar los plazos y no para trabajar en un acuerdo lo más amplio posible, no sólo en el ámbito educativo sino también en el político y social. Un pacto duradero que, en este momento, resulta complicado incluso en el seno del propio tripartito. El horizonte de los comicios autonómicos dificulta que los partidos aborden el futuro de la educación en el clima de sosiego que sería aconsejable; pero la grandeza del reto les exige desterrar el puro cálculo electoral en favor de una percepción realista de las demandas de la sociedad.