La Diputación de Vizcaya tomará definitivamente las riendas para recaudar los 2,3 millones de euros pendientes de pago en el Ayuntamiento de Ondarroa debido al boicot radical a los impuestos locales. La gestora que dirige el Consistorio y la institución foral han cerrado en los últimos días un acuerdo para que la Hacienda foral -que gestiona, entre otros tributos, el IRPF y cuenta con una potente maquinaria administrativa- se encargue del cobro a los morosos, cuyo número se ha disparado desde la anulación de la candidatura que ANV presentó en ese municipio en las elecciones locales de 2007. El acuerdo, publicado ayer en el Boletín Oficial, entrará en vigor de manera inmediata y se renovará de forma automática cada año.

Con esta medida, la gestora, integrada por destacados miembros del PNV como la diputada de Cultura Josune Ariztondo, pretende superar la campaña de acoso puesta en marcha por la izquierda abertzale en 2003 en favor de la insumisión fiscal y que se ha incrementado desde los pasados comicios. Esa presión ya obligó al Ayuntamiento a renunciar a la contratación de una empresa que asumiese la gestión recaudatoria. Gesmunipal fue la única que presentó una propuesta para hacerse cargo de este servicio, pero las autoridades locales desistieron al advertir cómo el entorno radical agudizaba su acoso, difundía en Internet consignas a favor de la desobediencia civil e instaba a sus seguidores a colapsar con llamadas o escritos la sede de la compañía. Además, elevó el tono de las amenazas al presidente de la gestora, Félix Aranbarri, al que califica de «líder golpista» por encabezar ese órgano, creado tras la negativa de los electos de PNV y EA a tomar posesión de sus cargos por las coacciones de simpatizantes de ANV, que reclaman la alcaldía. Esta formación ampara tal exigencia en que los votos nulos -la opción que propugnaba al no poder concurrir a las urnas- fueron mayoría en Ondarroa.

Los responsables municipales confían en que la Hacienda foral comience a reclamar a principios de 2009 las cantidades impagadas, después de revisar toda la documentación que le va a aportar el Consistorio. Reconocen, no obstante, que será difícil cobrar una parte de esos tributos, ya que el periodo para reclamar su abono ha prescrito. «Es un proceso bastante largo y complejo que se desarrollará de manera escalonada, empezando por los deudores más antiguos», explicó ayer Arambarri a este periódico.

«Agravio»

El regidor admitió que la insumisión fiscal ha tenido una repercusión directa en los fondos del Ayuntamiento, además de suponer un «agravio comparativo con el resto de los contribuyentes». Los gestores de Ondarroa no imputan toda la deuda a militantes de la izquierda abertzale, ya que algunos impagos se remontan a la legislatura en que el Consistorio estuvo en manos de HB, con Loren Arkotxa de alcalde.

No obstante, subrayan cómo decenas de familias se sumaron a la campaña de desobediencia civil tras las elecciones de 2003, cuando la 'makila' quedó en manos de Aitor Maruri (PNV). Ya entonces Batasuna comenzó a arengar a sus bases para que dejaran de pagar los impuestos locales. El boicot se ha reactivado en los últimos meses después de que los representantes de ANV -cuya lista fue ilegalizada por el Supremo y el Constitucional al considerar que estaba 'contaminada' por la coalición proscrita- hayan cargado contra la gestora al entender que carece de legitimidad. La izquierda aber- tzale asegura que al menos 200 familias respaldan esta iniciativa y que no abonarán los tributos hasta que no sean los aeneuvistas quienes gestionen el municipio y se les devuelva así sus «derechos políticos».

La tensión existente ha provocado también conatos de agresión entre los propios vecinos. El Ayuntamiento ha tenido, además, que invertir más de 20.000 euros en reparar los daños ocasionados por actos vandálicos. «Son gastos originados por el simple hecho de dañar y ensuciar, que es el grito de moda en la localidad, y para la que sus autores han diseñado el eslogan 'Sikinju Ondarru' -Ensucia Ondarroa-», denunciaron desde la Corporación.