Humillación, mordaza, provocación, mentira... Los tres partidos que sustentan al Gobierno vasco y Aralar no ahorraron ayer en calificativos para denunciar la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de recurrir la ley de convocatoria de la consulta popular de Ibarretxe y solicitar además su suspensión cautelar. Los líderes de las cuatro fuerzas políticas y sus principales rostros parlamentarios no dudaron en emprender un viaje relámpago a Madrid para poner en escena el último episodio de su campaña en defensa de la iniciativa plebiscitaria del lehendakari antes del paréntesis veraniego. Con el pretexto de entregar en persona en el Tribunal Constitucional las alegaciones que han elaborado a la impugnación de la norma aprobada por el Parlamento vasco, PNV, EA, EB y Aralar trasladaron a la capital la escenificación de su reacción al paso dado por el Gobierno central -también por el PP- tras la «carta abierta» al jefe del Ejecutivo que presentaron el pasado viernes en Bilbao.

El eje central de sus argumentos se basó en el ataque frontal a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien achacan, más allá del veto puntual a la consulta, la intención de poner «una mordaza» a la sociedad vasca para impedir que «exprese su opinión» mediante la «censura previa» y con métodos que, según los denunciantes, resultan más propios de «la Inquisición» que de una democracia moderna, en palabras del líder de Ezker Batua, Javier Madrazo. De hecho, retrataron al jefe del Ejecutivo central como un gobernante autoritario que se propone demostrar que es «el que manda», convertir en «papel mojado» la «voluntad democrática» de la sociedad vasca e impedir que «exprese su opinión», según denunció el presidente de EA, Unai Ziarreta.

Pese a las gruesas palabras empleadas, fue, significativamente, el líder del PNV, Iñigo Urkullu, el encargado de transmitir el mensaje más templado y menos agresivo. El máximo responsable del Euzkadi buru batzar se centró, a diferencia de sus acompañantes, en la explicación de los pormenores de las alegaciones que previamente habían depositado en el registro del alto tribunal. Prometió que tanto su formación como sus socios en el tripartito y Aralar actuarán con «serenidad», porque no piensan dejarse «arrastrar» por la «provocación» que, a su juicio, constituye la impugnación jurídica por parte de Zapatero de la iniciativa del lehendakari. «No sabemos si buscan la confrontación social e institucional, pero ahí no nos van a encontrar», proclamó, a pesar del tono general de las intervenciones, que no resultó precisamente conciliador.

De hecho, el PNV es partidario de poner ciertos límites a las iniciativas de protesta que se reanudarán en septiembre -se espera, por ejemplo, un pronunciamiento institucional del Parlamento vasco-, huyendo de una dramatización excesiva que pudiera ahuyentar a sus votantes potenciales más moderados.

Decisión inminente

Urkullu no quiso adelantar acontecimientos -se baraja la posibilidad de convocar manifestaciones u organizar recogidas de firmas- y se limitó a recalcar que mantendrán «la tranquilidad» a la hora de responder a la más que previsible decisión del Constitucional de mantener la suspensión de la ley. Una decisión que podría hacer efectiva la próxima semana o, a más tardar, la siguiente. Eso sí, nadie espera que se pronuncie sobre el fondo del asunto -la constitucionalidad o no de la ley aprobada gracias a un voto prestado por la izquierda radical- antes de la fecha prevista para la convocatoria de la consulta, el 15 de septiembre.

Precisamente, la exigencia de que se levante la suspensión, solicitada «de forma artera» por el Gobierno socialista, y de que exista un pronunciamiento antes de esa fecha centra las alegaciones que Urkullu, Ziarreta, Madrazo y Patxi Zabaleta -líder de Aralar- llevaron al Constitucional acompañados por los parlamentarios Joseba Egibar, Rafael Larreina, Antton Karrera y Aintzane Ezenarro. Los firmantes, que comparecieron después en un hotel de la capital, consideran que, en caso de no darse ambas circunstancias, se estaría causando un «perjuicio irreversible» a la sociedad vasca, al impedir 'de facto' que sea consultada.

Según detallan en su escrito, no tienen duda de que la petición de suspensión del Gobierno -que, recalcan, no necesita argumentar- no sólo supone un «desequilibrio entre las partes» sino que su propósito no es otro que prolongar 'sine die' la «hibernación» de la consulta «para que no llegue a celebrarse de ninguna manera».

La principal perjudicada, añaden, es la ciudadanía vasca, que vería lesionado su derecho a la participación en los asuntos públicos. Además, acusan al Abogado del Estado de recrear un «debate artificioso y virtual» en sus alegaciones, ya que la consulta «no es vinculante» porque no tendría repercusiones directas en el ámbito político o jurídico ni constituiría «un mandato» para modificar el marco constitucional. Su única finalidad, según recalcó Urkullu,sería «orientar» la acción política de los partidos vascos. Eso sí, Patxi Zabaleta subrayó que la iniciativa es, sobre todo, «un intento de paz» al que invitó a sumarse «en defensa de la democracia» a partidos «legales e ilegales».