'CONSULTA DE IBARRETXE'
Pide mantener la suspensión cautelar de la ley para impedir daños «irreparables» a los intereses del Estado
Zapatero e Ibarretxe, en su reunión del pasado mayo./ EFE
El Gobierno quiso dejar ayer claro al Tribunal Constitucional cuál es el debate de fondo en el recurso contra la ley vasca de consultas y por qué insiste en que anule la norma y la mantenga en suspenso mientras resuelve si es o no constitucional. El Ejecutivo, según desgrana el Abogado del Estado en un escrito de doce folios, está convencido de que el referendum de Ibarretxe no es más que «un instrumento» con el que el lehendakari pretende «forzar» al Gobierno central a asumir sus planes soberanistas. En otras palabras, dice que se trata del 'plan B' del jefe del Ejecutivo vasco después de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero rechazara sus «dictados políticos» en la entrevista del 20 de mayo pasado en La Moncloa.
El escrito, respuesta a las alegaciones del Gobierno de Vitoria, indica a la corte que la ley de consulta tiene «un desnudo interés político» y que, según reconoce en su preámbulo, como Zapatero «no quiso negociar con el lehendakari en el momento elegido por éste y acerca de los puntos seleccionados de igual y unilateral manera, se pretende movilizar al electorado vasco para forzar una negociación». Se trata, insiste, de «forzarle a que negocie cuándo y cómo el lehendakari quiere».
Desde ese punto de vista, el Ejecutivo considera que levantar la suspensión cautelar de la ley y permitir la realización del referendo antes de que haya sentencia firme «supondría otorgar una prima política» a Ibarretxe y causaría un daño «irreparable» a los intereses generales del Estado. Además, «se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento de referendo para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los dictados políticos del lehendakari».
Instrumento de presión
El Abogado del Estado considera evidente que el interés del Ejecutivo vasco en celebrar la consulta pese al recurso es puramente estratégico. Por eso pide la suspensión de la ley, para «no permitir que se movilice a los electores vascos como instrumento de presión para forzar la voluntad política del Gobierno en asuntos que, como el derecho a decidir o de autodeterminación, afectan a todos los españoles».
También el PSE se sumó ayer a las críticas a la consulta y al último movimiento dado por el tripartito y Aralar ante el Constitucional. El secretario de Organización de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, lamentó que las cuatro formaciones recurran a las «descalificaciones», los «insultos» y las «mentiras» contra Zapatero para responder a los pasos dados desde su gabinete contra la consulta. «Están empeñados en trasladar una imagen de conflicto cuando el Gobierno lo único que hace es cumplir con su responsabilidad», advirtió, antes de recordar que «un sector» del PNV y EB no aprueba que la ley de consulta haya salido adelante gracias a «un voto vergonzante de los radicales abertzales».
