Durante décadas, su bajo perfil político le ha confinado a un segundo plano en la política norteafricana. Los regímenes dictatoriales, asentados sobre golpes militares y el apoyo de partidos títeres, se han sucedido en Nuakchott sin grandes alharacas, a pesar de que la represión gubernamental ha provocado el exilio de unos 200.000 habitantes. Mauritania es un país joven, conocido por ser un lugar de paso del fenecido rally París-Dakar y también se antoja, según algunos recientes atentados y detenciones, como un nuevo territorio de operaciones para el grupo Salafista para la Predicación y el Combate, organización terrorista decidida a expandirse desde sus bases en Marruecos y, sobre todo, Argelia.
Cuando el país obtuvo la independencia, hace apenas medio siglo, la mayoría de su población, de origen bereber y árabe, era nómada, musulmán, apegada a sus ancestrales tradiciones, la esclavitud aún era legal y apenas existían asentamientos urbanos de relieve más allá de Nuakchott, la capital, y Nuadibú, su puerto comercial. Desde entonces, la influencia política del vecino del norte ha sido decisiva y, tras superar el peligro de anexión, ha constituido un referente en su política exterior. Compartió con Rabat la pretensión de reparto del Sahara español hasta su renuncia formal y la firma de acuerdos de paz con el Frente Polisario en 1979.
Entonces, los problemas internos acuciaban. La administración contaba con una presencia numerosa de los pueblos meridionales, los fulani y soninke, étnicamente negros, en buena parte francófonos y con un cierto nivel cultural, a menudo recién llegados desde la otra ribera del Senegal. También existía otro colectivo de similares características culturales, originario de zonas rurales donde la segregación era notoria, sufrían la discriminación e, incluso, permanecían en condiciones de semicautividad.
Frente a esta creciente presencia, la mayoría magrebí apostó por la arabización de la vida oficial. La polarización, relativamente similar a la provocada en otros estados del Sahel, dio lugar a lo largo de la siguiente década, a graves enfrentamientos intercomunitarios que se saldaron con un pacto por la integración nunca definitivamente realizada.
En cualquier caso, la adquisición de un nuevo estatus de este Estado en la sombra es muy reciente y se halla ligada a la certeza de su posición privilegiada en la ruta de los cayucos y a la convicción de que este inmenso desierto alberga convulsiones y, posiblemente, importantes recursos minerales y energéticos.
Política de inversiones
La explotación de su bancos pesqueros por flotas extranjeras como la española o la japonesa, la exportación de hierro y, desde hace un par de años, la venta del petróleo que mana del yacimiento submarino de Chinguetti han favorecido una reciente política de inversiones destinadas, básicamente, a la infraestructura y la creación de un mínimo tejido industrial. Pero esto apenas ha favorecido a la ciudadanía, con una cuarta parte situada bajo el umbral de pobreza.
La caída del dictador Taya, bajo cuyo largo mandato de más de veinte años se impuso la ley islámica o 'sharia', y el posterior impulso de los cambios democráticos generó la esperanza de la modernización definitiva. Pero la subida de los salarios funcionariales y la implantación de programas contra el paro y el elevado analfabetismo no han conseguido concitar la adhesión popular hacia el Gobierno reformista. El malestar social generado por la crisis de los precios de los alimentos y los conflictos entre el poder civil y militar, oficioso tutor de las instituciones, parecen haber precipitado el fin del primer experimento democrático y la irrupción, una vez más, del Ejército como protagonista de su devenir.