Un grupo de generales, liderado por Mohamed Ould Abdelaziz tomó ayer el poder en Mauritania tras derrocar al primer presidente democráticamente elegido en la historia del país magrebí desde su independencia en 1960. Sidi Uld Cheij Abdallahi, nombrado jefe de Estado tras los comicios de 2006, su primer ministro y el máximo responsable de la cartera de Interior se encuentran en situación de arresto en un lugar desconocido. El golpe tuvo lugar tan sólo horas después de que se anunciara una amplia remodelación del aparato militar y de seguridad que implicaba la destitución de Mohamed el Ghazuani, jefe del Estado Mayor del Ejército, además de los principales cargos de la gendarmería, la guardia presidencial y nacional.
Tras tomar el palacio presidencial y la sede de la televisión pública, entre otros edificios estatales, los sublevados anunciaron inmediatamente la creación de un Consejo de Estado presidido por el ex jefe de las Fuerzas Armadas. En un comunicado, la nueva entidad declaró «nulo jurídicamente» la previa destitución de los altos cargos castrenses. Los instigadores formaron parte del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, órgano formado tras el anterior golpe de 2005 y, además, son sospechosos de provocar la reciente dimisión de 25 diputados y 23 senadores pertenecientes a la mayoría gubernamental.
El 'putsch', incruento, culmina una larga crisis interna motivada por la disconformidad de buena parte de la coalición de Abdallahi con su programa de reformas. El pasado 30 de junio, treinta y nueve diputados del Pacto Nacional por la Democracia y el Desarrollo, el principal promotor de la coalición gubernamental, plantearon una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Yahya Ould Ahmed Elwaguef.
El gabinete, el tercero de este breve periodo constitucional, cayó tras ser acusado de incompetencia para fomentar el crecimiento económico e irregularidades en sus cuentas. Tampoco había tenido demasiada fortuna una formación anterior que aglutinaba a independientes cercanos a la anterior junta militar y representantes de los partidos Unión de Fuerzas de Progreso y el partido islamista moderado Tawassoul.
Crisis interna
Poco antes de culminar este proceso, el presidente había realizado una gira por varios países europeos, entre ellos España, con el objeto de recabar apoyos externos con los que superar la grave crisis interna. Con ese objetivo, el mandatario ya había manifestado su decisión de convocar elecciones para componer una nueva mayoría parlamentaria y constituir una nueva coalición afín a sus postulados, mientras la oposición reclamaba la salvaguarda de las instituciones democráticas.
El proceso constitucional interrumpido ayer se había iniciado tras el derrocamiento de Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, un dictador que permaneció en el poder desde 1984 hasta 2005. Este oficial de carrera fue destituido por un golpe de Estado mientras asistía a las exequias del rey Fahd en Arabia Saudí. La formación de una Junta Militar dio lugar a un proceso de transición en el que se aprobó la Constitución vigente, se concedió la amnistía a los presos políticos, se creó un organismo para velar por la libertad de prensa y una comisión de derechos humanos.
Las reformas culminaron con la celebración de comicios legislativos, municipales y presidenciales, ganados por Abdallahi al frente de una amplia agrupación de partidos e independientes. Pero el Ejército ha controlado la reciente historia de Mauritania, una ex colonia francesa anhelada por el vecino reino marroquí. Desde su independencia, hace cuarenta y ocho años, los militares se han alternado en el poder mediante golpes de Estado y la convocatoria de elecciones siempre tachadas de corruptas por las fuerzas civiles.
La respuesta internacional al golpe de Estado ha sido de total rechazo. Según portavoces de la Comisión Europea, pone en peligro «una transición democrática ejemplar», apoyada política y financieramente desde Bruselas. La organización continental ha recordado que su plan de cooperación con el país magrebí incluye un programa adicional de apoyo de 156 millones de euros para el período 2008-2013.
También se han sumado a la condena la Unión Africana, organismo que ha enviado su comisario de Paz a la capital Nuakchott. Asimismo, Estados Unidos y Nigeria, la potencia regional en el Golfo de Guinea, se han sumado públicamente a los deseos de restitución de la legalidad constitucional.