POLÉMICA - EXCARCELACIÓN DE DE JUANA CHAOS
Azkarate dice que el etarra «ya ha cumplido su condena» y recela de la nueva investigación de la Audiencia
Azkarate, ayer antes de una recepción oficial en Vitoria./ EFE
El Gobierno vasco rompió ayer el absoluto mutismo que mantenía sobre el 'caso De Juana' desde que el etarra salió de la cárcel de Aranjuez el pasado sábado e, incluso antes, desde que se conoció que el ex jefe del 'comando Madrid' de ETA viviría muy próximo a varias víctimas de la banda en el barrio donostiarra de Amara. Y lo hizo para pedir que el veterano terrorista -responsable de 25 asesinatos por los que ha estado 21 años en prisión- no vuelva a ser encarcelado porque, según recalcó la portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Miren Azkarate, «ya ha cumplido la pena que le fue impuesta por los delitos que ha cometido».
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz observa indicios de que De Juana incurrió en un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo nada más recobrar la libertad por una carta firmada por él, que fue leída en el homenaje que le tributó la izquierda radical en San Sebastián. En ella se identifica con la estrategia de la banda y alaba a su ex líder 'Txomin' Iturbe, a quien califica de «gran hombre». El delito está penado hasta con dos años, lo que supondría su reingreso en prisión si fuese declarado culpable.
El Gabinete Ibarretxe se apresuró a exigir que «no se vuelva a caer en eso de construir imputaciones». Azkarate aludió así a la expresión que empleó en su día el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, antes de que el etarra fuese de nuevo condenado por amenazas y enaltecimiento del terrorismo por dos artículos de opinión publicados en el diario 'Gara', una pena que en la práctica pospuso su salida de la cárcel y le llevó a iniciar una prolongada huelga de hambre.
De hecho, esa llamada de atención a los tribunales constituye el primer y único pronunciamiento público del Gobierno vasco sobre la salida de prisión del ex jefe etarra y la polémica generada en torno a la posibilidad de que los antiguos presos de la banda puedan pasearse a pocos metros de sus víctimas una vez en libertad. Frente a las protestas y el dolor expresado por las asociaciones de damnificados por el terrorismo, el firme repudio moral de la figura de De Juana por parte de los dos principales partidos nacionales y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el debate abierto sobre la posibilidad de acometer reformas legales para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse, el Ejecutivo de Vitoria ha optado por el silencio, ahora roto para lanzar una nítida advertencia.
Se haría, subrayó Azkarate, «un flaco favor a la democracia y al Estado de Derecho» si se iniciaran nuevos procesos judiciales contra De Juana, «un hombre que ya ha cumplido su pena, un hombre que ética y moralmente nos merece una opinión que ya hemos expresado en numerosas ocasiones». La portavoz no reiteró en esta ocasión cuál es ese juicio moral y se limitó a pedir, paradójicamente, la aplicación «escrupulosa y rigurosa de la ley».
También evitó cuidadosamente valorar el contenido de la misiva que ahora investiga la Audiencia Nacional, con el argumento de que «no se ha hecho pública y desconozco su contenido» y, aun cuando lo conociese, excedería el ámbito de sus conocimientos jurídicos. «Para eso están los jueces», apostilló. La carta fue publicada íntegramente en 'Gara' al día siguiente del acto de bienvenida al etarra, al que no pudo acceder la Prensa al cortar los simpatizantes radicales la calle donostiarra Juan de Bilbao. La AVT y Dignidad y Justicia han decidido querellarse contra De Juana por la misiva.
Atestado
El informe policial que será enviado al juez Ruz y que podría estar listo hoy mismo recalca que el texto publicado llevaba la firma del ex preso de ETA. Las pesquisas recogen las identidades de varios de los participantes en el acto -no de la mujer que leyó la carta en la que De Juana alababa, sin citarlo, a 'Txomin' Iturbe-, las pancartas y banderas que se exhibieron y los gritos proferidos por los asistentes.
Ante esta situación, el PP, por boca de su portavoz parlamentaria Soraya Saénz de Santamaría, se apresuró a reclamar a la Fiscalía General del Estado que actúe de inmediato. La 'número tres' del PSOE, Leire Pajín, respondió que el Ministerio Público estará «atento» y pasará a la acción «si lo considera oportuno», aunque pidió que se deje a los jueces «hacer su trabajo». Una hipotética nueva condena significaría el reingreso automático del etarra en prisión, dados sus antecedentes.
