La Audiencia Nacional puso en marcha ayer, a sólo tres días del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, una investigación contra siete miembros del Gobierno chino, altos mandatarios y jefes militares del país asiático por un delito de crímenes contra la humanidad durante la represión generalizada que se desencadenó en marzo en Tíbet para contener las protestas que exigían la independencia y el fin de la ocupación militar. Ha sido el titular del Juzgado Central 1, Santiago Pedraz, quien ha admitido a trámite una querella presentada por varias organizaciones tibetanas y se declaró competente para exigir responsabilidades penales a «autoridades políticas y militares chinas».
La querella criminal se dirige contra el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el titular de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario general del Partido Comunista en Tíbet, Zhang Qingli; el miembro del Politburó (máximo órgano de dirección comunista) Wang Lequan, y el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu. Las graves imputaciones también afectan al comandante en jefe del Ejército chino en Lhasa, la capital tibetana, el general Tong Guishan, y al comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
Los siete mandatarios fueron denunciados hace unos días en la Audiencia Nacional por el Comité de Apoyo a Tíbet, entre otras organizaciones, acusados de delitos de lesa humanidad por la «matanza sistemática y generalizada de tibetanos, lesiones graves, torturas, y desapariciones forzadas» cometidas desde el 10 de marzo. Los denunciantes aseguran que pueden demostrar que por orden de los responsables citados murieron 203 tibetanos, resultaron heridos de gravedad más de un millar y otros 5.972 fueron detenidos de manera ilegal o están desaparecidos.
El juez instructor, en un auto de tres folios, explica que admite a trámite la querella porque, de ser ciertos los hechos denunciados, se estaría ante un crimen de lesa humanidad, dada la «intencionalidad» de los ataques, y «la población tibetana se constituiría como un grupo o colectivo perseguido por las autoridades citadas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional».
Toma de declaraciones
Pedraz notificará la querella a los mandatarios chinos en cuanto compruebe que todas sus filiaciones están correctas y ordenará las primeras diligencias de investigación. El 4 de septiembre tomará declaración como testigos a dos colaboradores del Dalai Lama en el Gobierno tibetano en el exilio: el jefe del Departamento de Seguridad y el director del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia. Seis días después, interrogará, también como testigo, al autor del último informe de Amnistía Internacional sobre la represión en esa región del Himalaya.
Las matanzas investigadas fueron la respuesta de las autoridades a la ola de protestas y revueltas puestas en marcha en Lhasa por millares de monjes, a los que se unieron centenares de habitantes del territorio ocupado en 1951. Las manifestaciones conmemoraban los casi cincuenta años de la rebelión con la que Tíbet quiso expulsar sin éxito en 1959 al Ejército chino y que obligó al Dalai Lama a exiliarse e instalarse con su gobierno en la ciudad india de Dharamsala.
La causa penal abierta ayer es la segunda en la que la Audiencia Nacional investiga posibles crímenes contra la humanidad o genocidio de las autoridades chinas contra el pueblo tibetano. La primera, presentada por las mismas organizaciones, recaló en 2006 en el Juzgado Central 2 y su titular, Ismael Moreno, indaga si el ex presidente de China Jiang Zemin, dos de sus ministros, y varios responsables del partido comunista y de la Policía en Tíbet cometieron los delitos con la dura represión que siguió a las protestas populares en este territorio durante las décadas de los ochenta y noventa.
El comienzo de las investigaciones en España coincide con la llegada a Pekín de la llama olímpica que el viernes encenderá el pebetero del estadio tras un recorrido de 100.000 kilómetros. Durante su periplo por buena parte del mundo en los últimos cuatro meses el paso de la antorcha se ha visto salpicada por protestas e intentos de sabotaje en importantes ciudades, fruto del rechazo internacional a la represión en Tíbet.
