Respuesta a las alegaciones nacionalistas
El Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el juez ahondando en la "inconstitucionalidad" del referéndum propuesto por Ibarretxe
06.08.08 - 18:08 -
El Gobieno se ha opuesto a levantar la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional contra la Ley del Parlamento Vasco, mediante la cual el lehendaki, Juan José Ibarretxe, promueve una consulta popular. Considera que el 'referéndum' pretende "utilizar" a los electores del País Vasco, "instrumentándolos en decisiones y asuntos que afectan a todos los españoles y que, en consecuencia, es a todos éstos a quien correspondería consultar".
Según el recurso que ha presentado el abogado del Estado, si se celebra la consulta "se produciría un perjuicio irreversible para el interés general y una quiebra estructural de la seguridad jurídica". Además, considera que esta ley aprobada por el Parlamento vasco tiene como objetivo dotarse de un instrumento de presión frente al Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "aunque éste sea inconstitucional".
Asimismo, el documento apunta que la suspensión cautelar dictada por el TC no supone un perjuicio irreversible porque, si el tribunal avalase finalmente la consulta tras el 15 de septiembre (fecha prevista para convocarla), bastaría con posponer estos planes. Por eso, los Servicios Jurídicos del Estado se ratifican en la conveniencia, si ello es posible, de que se resuelva el recurso de constitucionalidad antes de esta fecha. De todas maneras, recalca que "sean cuales sean los resultados electorales, ni el Gobierno vasco ni el de España pueden violar el orden constitucional, porque la Constitución es suprema".
"Si se levantara la suspensión de la ley y, celebrada la consulta, se estimara luego este recurso, el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible, puesto que la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva" que la Constitución reserva al Estado y lesionando además el "capital interés de preservar la soberanía del pueblo español", recoge el texto.
Así, añade que "la realización de la consulta de acuerdo con el calendario incorporado a la Ley supondría otorgar una prima política al lehendakari puesto que, aún cuando el electorado respondiera negativamente a una o a las dos preguntas, se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento referendario para forzar políticamente al 'Gobierno español' a seguir los dictados políticos del lehendakari".
