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Apuestan por impedir que los terroristas puedan residir junto a sus víctimas, como hará el ex jefe del 'comando Madrid'
03.08.08 -

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PSE y PP piden cambios legales para que el caso no se repita
La madre de Joseba Pagazaurtundua, en un acto celebrado ayer en San Sebastián. / J. M. LÓPEZ
Los socialistas y el Partido Popular defendieron ayer la necesidad de aprobar reformas legales para evitar nuevos casos como el del etarra Iñaki de Juana, que vivirá en el centro de San Sebastian junto a víctimas de ETA tras cumplir 21 años de prisión por 25 asesinatos.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, urgió a «cambiar mañana mismo» la normativa vigente tras la «repugnante» y «vomitiva» puesta en libertad del ex miembro del 'comando Madrid' a fin de impedir que los asesinos campen a sus anchas» y garantizar que los damnificados por la violencia estén «seguros, tranquilos y reconfortados».
A su juicio, «el sistema ha fallado» en este caso. «Es como si el asesino de Mari Luz -la niña de Huelva que fue matada por un vecino con varias denuncias por abusos sexuales- saliera de la cárcel sin cumplir íntegramente su condena» y se fuera a vivir al barrio donde reside la familia de la pequeña, como si «un violador y un asesino de niños sale de la cárcel y se va a vivir a un barrio lleno de menores y cerca de los padres de aquéllos a los que ha matado», señaló. Basagoiti también exigió que el Gobierno vasco aclare si el etarra cuenta con protección de la Ertzaintza.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también abogó por «cambiar las leyes» para impedir que «los asesinos salgan de la cárcel». «Las leyes, para ser buenas, deben responder a la sensibilidad de los ciudadanos, a la dignidad y a la justicia, y es en eso en lo que estamos trabajando», señaló entre gritos a favor de la cadena perpetua por parte de los numerosos asistentes a una concentración en Madrid contra la excarcelación de De Juana, organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Cospedal ya anunció el viernes una la reforma legal para evitar que un condenado por terrorismo pueda vivir cerca de las víctimas y rehuir el cumplimiento de sus responsabilidades civiles, como el pago de indemnizaciones. Esta medida fue consensuada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Doble sufrimiento
Los socialistas reiteraron su apoyo a medidas de ese tipo. Rodolfo Ares hizo hincapié en la necesidad de que «en el futuro las sentencias de personajes como» De Juana «establezcan con toda claridad que, cuando cumplan la condena, no podrán vivir al lado de las víctimas para evitar un doble sufrimiento a éstas». El dirigente de PSE indicó que su partido comparte y comprende «muy bien los sentimientos de dolor y de rabia que tienen las víctimas», pero subrayó que, «en un Estado de Derecho, quien cumple la condena y las leyes queda en libertad». «Es evidente que estamos ante un personaje que nunca se ha arrepentido de sus crímenes y que, por mucho que pueda quedar en libertad, no deja de ser un asesino», añadió.
«No es justo que este asesino salga de la cárcel», señaló Rosa Díez, diputada de UpD. «La grandeza del Estado de Derecho no es el cumplimiento de la ley, sino que la ley sea justa y tenga como objetivo la justicia», añadió.
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