El número de personas y empresas que presentaron en los primeros seis meses del año concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) ascendió a 1.056, más que las 976 de todo 2007, debido sobre todo a las compañías constructoras e inmobiliarias y al alza de las insolvencias de particulares. Es otra consecuencia más de la galopante crisis económica que en los últimos meses se ha desencadenado en España.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre esta materia, sólo en el segundo trimestre del año un total de 631 empresas y personas físicas se declararon insolventes, lo que representa un alza del 172% con respecto al mismo periodo de 2007, subida que únicamente rozó el 70% en Euskadi. De los casos citados, 89 fueron particulares (un 345% más) y 542, empresas (155% más).
El análisis de las insolvencias confirma dónde se encuentra, hasta la fecha, el origen de los problemas económicos del país: el sector del ladrillo. Así, entre las firmas que presentaron concurso entre abril y junio, el 42,1% (228) correspondió a constructoras (124) y a empresas inmobiliarias o de servicios empresariales (104). Las industrias que se acogieron a este procedimiento fueron 133, que suponen casi una cuarta parte de los casos.
El Registro de Economistas Forenses, perteneciente al Consejo General de Colegios de Economistas, destacó que el número de concursos superó la barrera de los 600 por primera vez en un trimestre desde que entró en vigor en 2004 la Ley Concursal (la que se aplica en las insolvencias). Además, la cifra es ampliamente superior a la media trimestral, de 270.
La situación sigue deteriorándose de forma rápida. Fuentes jurídicas señalaban ayer al respecto que sólo el 31 de julio -último día hábil antes de las vacaciones de verano- se presentaron 27 concursos de acreedores en los juzgados mercantiles de Madrid y más de 50 en los de Barcelona.
Voluntarios
Otros datos del estudio del INE revelan que la mayor parte de los concursos registrados en el segundo trimestre fueron voluntarios (583), lo que permite la posibilidad a los responsables empresariales de seguir al frente de sus negocios, aunque necesitan autorización de los administradores judiciales para realizar operaciones. Esta opción ha crecido un 194%, mientras que las 48 suspensiones de pagos calificadas de necesarias aumentaron el 41%. El 60% de los casos correspondieron a empresas que facturan al año menos de dos millones de euros.
Según cálculos del Registro de Economistas Forenses, el total de trabajadores de empresas afectadas por este tipo de procedimientos se elevó a 13.489, lo que supone el 14% de los empleados afectados por una insolvencia desde 2004 (93.093).
En el País Vasco, las supensiones de pagos se elevaron en el periodo de referencia a 44, de las que 42 fueron voluntarias. El crecimiento, muy inferior al del conjunto de España, fue del 69%, frente a las 26 de hace un año. De los casos presentados, cuatro correspondieron a personas físicas sin actividad empresarial.