SERVICIOS SOCIALES
Unas 50.000 personas se han dirigido a las diputaciones forales para que valoren su grado de discapacidad
Un grupo de personas con discapacidades pasea con sus familiares por el jardín de una residencia de ancianos.
Las instituciones vascas dedicaron el año pasado algo más de 500 millones de euros a la atención de las personas dependientes en Euskadi, según informaron fuentes del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que añadieron que, de esa cantidad, unos 35 millones corresponden a transferencias de la Administración central. No obstante, esta última cifra aún no está cerrada, ya que el Gobierno vasco y el central deben concretar a través del Cupo, el mecanismo que regula las relaciones financieras entre ambas instituciones.
Las mismas fuentes indicaron que, hasta ahora, unos 50.000 vascos se ha dirigido a los tres gobiernos forales para que les valoren su grado de discapacidad (gran dependencia, severa y moderada, cada una con dos niveles). Alrededor de 12.700 solicitantes pertenecen al primer grupo, que tiene derecho a exigir a las diputaciones las prestaciones de la Ley estatal de Dependencia desde el año pasado. A partir de 2008, ese derecho se ha extendido a una parte de los discapacitados severos.
En realidad, los servicios forales de cada territorio histórico también se ocupan de las demás personas dependientes de Euskadi, a pesar de que la legislación estatal prevé que accedan a las prestaciones más adelante. De momento, las diputaciones están comprobando que las previsiones sobre el número de personas que tratarían de acogerse a la Ley de Dependencia se han quedado cortas, aunque no tanto como en otras comunidades.
Uno de los motivos es que, con el anuncio de prestaciones económicas por los cuidados familiares, ha aflorado un colectivo importante de discapacitados que hasta ahora eran atendidos por sus parientes sin recibir ningún apoyo de las instituciones. En Álava, por ejemplo, las solicitudes planteadas por el conjunto de personas dependientes han superado en un 20% las estimaciones iniciales. No obstante, en otras autonomías la demanda ha duplicado lo previsto.
Hasta ahora, Guipúzcoa y Vizcaya registran un número muy parecido de solicitudes para la valoración del grado de dependencia (alrededor de 20.800 en ambos casos), mientras que Álava contabiliza unas 8.500. La inmensa mayoría de los 500 millones destinados a la dependencia en el País Vasco en 2007 proviene de las tres diputaciones, que lo gastan, sobre todo, en residencias, centros de día y teles asistencia. Estas tres prestaciones son las más costosas de las que figuran en sus competencias. Los ayuntamientos se ocupan de la atención a domicilio y el Gobierno vasco aporta algunas partidas pequeñas para la formación de cuidadores.
