VIZCAYA
El juez establece que el
trabajador contratado
no se examinó en el
concurso del puesto
que desempeñaba
26.07.08 -
Juan Antonio de Nicolás. / F. GÓMEZ
El Ayuntamiento de Zierbena ha sido condenado a pagar 22.000 euros por el despido improcedente de un empleado municipal que llevaba casi una década trabajando para la Administración local. El Consistorio, además, ha tenido que abonar al demandante otros 8.000 euros por el sueldo de los casi cinco meses que el caso ha estado en los tribunales. Se da la circunstancia de que el operario, Juan Antonio de Nicolás, fue en las listas del principal partido de la oposición, Zierbena Beti, a las últimas elecciones municipales.
El afectado comenzó a trabajar para el Ayuntamiento en 1998 como auxiliar de oficios múltiples y siempre con contratos temporales, hasta que en septiembre fue despedido. El Consistorio, gobernado por el PNV, optó por cubrir de forma reglamentaria su puesto y sacó dos plazas de operario a concurso. De Nicolás quedó el tercero en la puntuación global de las pruebas, «con más de un ocho de nota media». Su vinculación con la Administración local, por tanto, quedó extinguida.
El Ayuntamiento galipo, sin embargo, mantiene en plantilla a tres auxiliares. Los dos funcionarios y un tercer empleado, temporal, que ni siquiera superó la primera prueba del concurso. «¿Cómo es posible que siga él y no yo, que tendría más derecho?», se pregunta De Nicolás, quien define el proceder municipal como una «venganza política». «Te planteas posibles represalias cuando decides militar en la oposición, pero nunca pensé que fueran a caer tan bajo», admite contrariado.
«Tendrá prioridad»
De Nicolás optó por denunciar el caso en noviembre. Y la justicia le ha dado la razón. Una sentencia define el despido como «improcedente». El fallo considera que el puesto de auxiliar a concurso no se corresponde literalmente con el que desempeñaba el demandante, quien también ejerció de administrativo y bibliotecario. El dictamen obligó al Ayuntamiento a readmitir al trabajador o a abonarle, en su defecto, casi 30.000 euros. El Consistorio ni siquiera recurrió y optó por el pago.
Fuentes municipales, por su parte, aseguran que «no existe represalia política» y que el proceso de selección de los funcionarios, «según la juez», se ajustó a derecho. «La sentencia se escuda en que el trabajador realizó otras tareas que las que exigía su puesto», argumentan. Añaden que De Nicolás «tendrá prioridad siempre que haya una plaza vacante» al mantener la bolsa de trabajo «su vigencia».
