E l pasado 10 de julio, Andoni Unzalu publicó en estas páginas un artículo en el que tildaba de desmesuradas e irracionales algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno vasco a favor de la recuperación del euskera. Pues bien: creo sinceramente que es difícil encontrar mejor ejemplo de desmesura que su propio artículo, más aún cuando el autor conoce la política lingüística del Gobierno vasco, por ser uno de los responsables de la Fundación Aurten Bai, que participa en diversos proyectos apoyados por las instituciones vascas. Por ello, supone una enorme irresponsabilidad que hable de «la guerra del alfabeto», de «enfrentamientos entre comunidades lingüísticas» o de «desigualdades entre los ciudadanos según su adscripción política», y creo que ello sólo puede ser producto de la obsesión antinacionalista que se desprende habitualmente de sus intervenciones públicas.

Del contenido de su artículo se desprende, además, que no ha leído, al menos en su integridad, el contenido del Decreto para la garantía de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras, aprobado recientemente por el Gobierno vasco y objeto de su crítica. Por ello, es preciso aclarar que el Decreto busca promover que en el ámbito del gran comercio, los consumidores puedan ser atendidos en la lengua oficial que deseen: sea en castellano o sea en euskera. Plantea para ello algunas medidas que persiguen asegurar el uso del euskera y del castellano en el paisaje lingüístico, así como la disposición de las grandes empresas y establecimientos comerciales a permitir que los consumidores puedan relacionarse con ellos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, estableciendo un plazo de adaptación para alcanzar dicho objetivo. Paralelamente a estas obligaciones, se activan diversas medidas de apoyo y subvenciones para que los establecimientos que se comprometan con este objetivo sepan que van contar con el Gobierno vasco a su lado, apoyándoles en su esfuerzo. Son, pues, medidas ponderadas y progresivas que, además, pueden redundar en una mejora de la calidad en los servicios prestados. Así lo han entendido la mayoría de las asociaciones sectoriales con las que hemos trabajado en la fase de elaboración del decreto, muchas de las cuales ya habían adoptado medidas similares con anterioridad, pues hoy está plenamente asumido que toda mejora en la relación y comunicación con el cliente redunda en una mayor satisfacción de éste. Por extensión, es evidente que la mejora de la presencia del euskera como lengua de servicio en el importante ámbito relacional del gran comercio redundará también en una mejora de la convivencia lingüística.

En su diatriba, el señor Unzalu se alinea con las tesis del Partido Popular (que es el único que ha pedido la derogación del decreto); además, con base en planteamientos excluyentes, parece defender la existencia y pervivencia de comunidades diferenciadas y con intereses contrapuestos. Es la eterna política del 'laissez-faire, laissez-passer', de dejar que las cosas discurran por su cauce natural, sin promover corrección alguna de desigualdades. Parece olvidar que en la cuestión lingüística la única obligación impuesta a todos los ciudadanos es la establecida por la Constitución de conocer el castellano, puesto que, acertadamente, toda la legislación básica y de desarrollo (Estatuto de Gernika, Ley de Normalización del Euskera, legislación educativa...) de la que nos hemos dotado los vascos en el ámbito lingüístico se sustenta siempre en el principio de reconocer derechos a las y los ciudadanos y, en todo caso, de establecer obligaciones a las administraciones. Precisamente en cumplimiento de estos principios, la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno vasco está desarrollando una amplia batería de actuaciones y proyectos que persiguen garantizar la plena igualdad de derechos de los vascohablantes y castellanohablantes.

El señor Unzalu acusa también al Gobierno vasco de establecer que «la raya fundamental que crea esa desigualdad es la pertenencia o no a la comunidad nacionalista». Es evidente la gratuidad de tal imputación. Tan evidente que, curiosamente, Andoni Unzalu parece aceptar la política de apoyo económico del Gobierno vasco a la labor de euskaldunización de adultos, puesto que la fundación de cuya dirección es miembro (Aurten Bai) participa activamente en la convocatoria de ayudas de HABE, en la que ha obtenido -en plenas condiciones de igualdad- una concesión en el curso 2007-08 de 935.000 euros (155 millones de pesetas) para la financiación de la actividad de su euskaltegi, además del uso en régimen de cesión gratuita de las instalaciones de barnetegi de Amorebieta, propiedad del Gobierno vasco. Sin embargo, incongruentemente, no parece ver con buenos ojos que los miles de ciudadanos adultos que anualmente aprenden euskera en las aulas dispongan luego de mejores oportunidades para hacer uso del euskera -si así lo desean- en los diversos ámbitos de la vida social, o que los funcionarios públicos que realizan el esfuerzo de aprender euskera incorporen coherentemente su uso a algunas de las funciones que realizan en el desempeño de su labor pública y de atención a la ciudadanía. Lo cierto es que la sociolingüística advierte -y así lo corrobora la Encuesta Sociolingüística del País Vasco- que para que el uso de una lengua en proceso de recuperación avance en una sociedad, es necesario que disponga de las necesarias oportunidades y ámbitos de uso. Pues bien, este es precisamente el objetivo de diversos proyectos y programas puestos en marcha desde la Viceconsejería de Política Lingüística: que la enorme aportación del sistema educativo y de la red de euskaldunización de adultos al conocimiento del euskera pueda tener su continuidad con su uso normalizado, por contar ambas lenguas oficiales con las mismas oportunidades.

En definitiva, entendemos que el monolingüismo es una limitación y que el bilingüismo aporta mayores oportunidades. Aquí y en cualquier lugar. Por eso no queremos una sociedad vasca monolingüe, ni en euskera ni en castellano. Y queremos promover que las futuras generaciones sean plenamente bilingües y que las actuales también lo sean en la medida en que lo deseen. Porque -y esto es así y no puede ser de otra manera- el proceso de recuperación del euskera irá al ritmo que marque la voluntad de la propia sociedad, que, afortunadamente, está siendo más positiva, práctica y coherente que los agoreros de inexistentes enfrentamientos y desigualdades. Así pues, nuestra apuesta es caminar de la mano de la sociedad, creando oportunidades y garantizando derechos, lo cual hoy por hoy pide que se proteja a la lengua más débil -el euskera-, pero no contra el castellano -que también es nuestra lengua- sino en favor de una mejor convivencia lingüística y, por lo tanto, de un mejor futuro para nuestra sociedad.