La medida anunciada por el Gobierno para ayudar a las promotoras inmobiliarias en su maltrecha situación no pasará de ser un 'guiño'. El Ejecutivo destinará tan sólo 300 millones a esta tarea, mediante una oferta pública de adquisición de suelo, que posteriormente se destinará a construir viviendas de protección oficial. La cifra no servirá como medida de choque, aunque sí supondrá triplicar el presupuesto que cada año se destina a este fin. El primer concurso se abrirá en octubre.
El plan anunciado ayer por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pretende actuar en una doble dirección pues, por un lado inyectará algo de dinero público en las arcas de las empresas privadas, al tiempo que agilizará el ambicioso plan de construcción de viviendas de protección oficial, que pretende construir 1,5 millones de casas de este tipo durante los diez próximos años.
El Ejecutivo, sin embargo, quiere intentar que se desligue esta actuación de la crisis del sector, y más en concreto de los malos momentos por los que atraviesan algunas empresas. Así, tanto Beatriz Corredor como el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistieron en sendas intervenciones públicas que dicha operación «no tiene absolutamente nada que ver» con la crisis inmobiliaria. El propio responsable del Ejecutivo, en el ánimo de apuntalar esa tesis, llamó la atención sobre la enorme distancia que existe entre los 300 millones que se van a destinar a esta operación y el valor de los terrenos que están en manos de las promotoras.
«Una medida social»
Frente a la oposición del PP a la compra de terrenos privados, Zapatero y Corredor señalaron que es una medida «social» y «estructural», porque busca «garantizar el derecho a una vivienda» con «un precio más accesible» y, a su vez, avanzar hacia un mercado inmobiliario «más sostenible».
Según los cálculos del Ministerio, aunque la actividad de compraventa se estabilizase y mantuviera un ritmo «normal», todavía se tardaría tres años más -al menos, hasta finales de 2011- en dar salida al 'stock' actual de viviendas que acumulan las inmobiliarias, que se estima entre 600.000 y 750.000. Para ello, sería necesario que se crearan entre 400.000 y 450.000 nuevos hogares cada ejercicio -cada uno con un piso donde alojarse- y que sólo se construyeran 200.000 nuevos, de manera que se generase un déficit anual que sería cubierto con cargo al 'stock'. El descenso de los precios puede ayudar a ello.
Corredor, quien volvió a descartar un aumento de la deducción fiscal por compra de vivienda, consideró «óptimo» que el precio suba a un ritmo similar al de la inflación, pero lo cierto es que en el primer trimestre lo hizo por debajo, con un tasa del 2%, lo que implica una caída en términos reales.
El problema financiero
La evolución alcista del euribor, por el contrario, supone un freno a la compra debido al encarecimiento de las hipotecas, al tiempo que el propio sistema financiero ha extremado las exigencias y los controles del riesgo. Ello provoca que los créditos hipotecarios no se concedan ya con tanta 'alegría' como en el pasado reciente.
Consciente de esta situación, la ministra pidió a las entidades financieras que tengan confianza en el tejido empresarial español -se refería especialmente a las compañías inmobiliarias- y le ofrezcan respaldo financiero, y a su vez demandó de las propias empresas que tengan fe en que el Gobierno pondrá a su alcance «los medios necesarios para lograr un mercado fuerte», donde no tengan cabida los «oportunistas y especuladores profanos» que, aprovechando la bonanza económica, acudieron al mismo para «enriquecerse».