e parecería estar ejecutando un ejercicio de escaqueo intelectual, si, en este compromiso semanal con el lector, no volviera sobre el manido asunto de la consulta. No es, pues, por placer, si lo hago, sino por puro sentido del deber. Me ocurre, sin embargo, que, llegados a este punto, no estoy seguro de si habré de abordarlo como tragedia o como farsa. La duda me sobrevino el martes, cuando, al contemplar al lehendakari con todo el gobierno a sus espaldas y escuchar el tono tremendista de sus palabras, me vi en la disyuntiva de si ponerme a llorar o echarme a reír. Llorar, por el patetismo de la escena; reír, por la falta de adecuación entre la representación que en aquel escenario se me ofrecía y la realidad que yo observaba con mis propios ojos a mi alrededor. Decían los clásicos griegos que, cuando los dioses se proponen castigar a un pueblo, enloquecen a sus gobernantes. Aristófanes, que también era un clásico, pero, como buen comediante, no se tomaba las cosas tan en serio como los trágicos, lo habría expresado de manera más acorde con nuestro sentir contemporáneo. En vez de volverlos locos habría dicho, sin duda, que los convierten en payasos. Nada puede haber, en efecto, más mortificador para un pueblo que ver a sus gobernantes caer en el ridículo.

El lehendakari, junto con los partidos que conforman su gobierno, está tratando de presentar los recursos que se han interpuesto contra su Ley de Consulta como si plantearan una cuestión que los teólogos medievales habrían definido de 'stantis vel cadentis ecclesiae', es decir, y trasladado a nuestro caso, de algo de cuyo desenlace depende el ser o no ser de nuestro autogobierno. Lo más grave de esta presentación no es que no se ajuste a la realidad, sino que casi todo el mundo percibe que de hecho no se ajusta. Estamos, pues, al borde del ridículo, que consiste, de acuerdo con una de sus versiones, en solemnizar afirmaciones en las que el auditorio no cree. Más por intuición que por razonamiento, la gente ha llegado hace ya tiempo a la conclusión de que lo que en todo esto está en juego no tiene nada que ver con la defensa de derechos inalienables, sino que es uno más de esos escarceos en que los políticos se entretienen en vísperas electorales para la mayor promoción de sus propios intereses.

Llevamos ya casi treinta años de autogobierno, y la gente se ha acostumbrado a presenciar rifirrafes muy parecidos al que ahora estamos contemplando. Al fin y al cabo, recursos como el que se interpuso el martes ante el Tribunal Constitucional han amasado el pan nuestro de cada día de la vida política de nuestra democracia. Cientos de ellos habrá interpuesto el Gobierno central contra otras tantas leyes autonómicas y con cientos le habrán respondido las Comunidades Autónomas contra leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados. Así funciona el sistema. Para el lehendakari y sus socios, la diferencia estriba en que esta particular Ley de Consulta representa un hito en la historia de nuestro autogobierno. Para otros muchos, en cambio, en cuanto a su rango legal, no es ni más ni menos importante, aunque sí mucho más inoportuna, que, por ejemplo, la del transporte por carretera. Más aún. La gente de cierta edad -a la otra ni le importa- se habrá acordado estos días del recurso de constitucionalidad que el Gobierno vasco interpuso en su día contra aquella ley del Congreso que se conoció por sus siglas de LOAPA. Se trataba nada menos que de una ley orgánica que pretendía armonizar algo de tanta trascendencia para el Estado como el recién inaugurado proceso autonómico. Pues bien, cuando el Tribunal Constitucional dio la razón al Ejecutivo vasco y declaró inconstitucionales los artículos más importantes de aquella ley, a nadie del Gobierno central o del Congreso de los Diputados se le oyó decir algo así como que «se había suspendido la soberanía del parlamento español». Se acató la sentencia y se procedió a actuar de modo más acorde con las normas. Así de simple.

El lehendakari y sus socios de gobierno están cayendo en el error de juzgar excepcional lo que para la gran mayoría de la gente es normal. Piensan que la alarma que ellos crean pone al personal en un estado de excitación emocional que les será beneficioso para sus intereses. Y, por lo que parece, están decididos a mantener la tensión hasta la próxima primavera. Pues bien, ándense con sumo cuidado. Porque a muchos ciudadanos podría ocurrirles lo que a mí ya me ha ocurrido, a saber, que lo que en 2001 se les representaba como tragedia se les represente en 2009 como farsa y que lo mismo que entonces les hizo llorar les cause ahora desternillantes carcajadas. Poco hay, en efecto, más ridículo que un drama torpemente representado. Y en éste que está ahora en escena hay tanta sobreactuación que resulta muy difícil contener la risa.