20.07.08 -
Zapatero y Rajoy se verán el miércoles en La Moncloa, en una entrevista decisiva para el futuro pacto judicial. / EFE
Los procesos abiertos contra EHAK y contra la consulta de Ibarretxe tendrán una rápida solución que no irá más allá del próximo septiembre. Los tribunales Supremo y Constitucional han decidido acelerar los trámites de estos casos para tenerlos listos antes de la apertura del próximo Año Judicial, dentro de dos meses. La cuestión no es baladí, ni obedece exclusivamente a un exceso de celo profesional de los magistrados encargados de esos procesos, sino que pretende evitar un problema mayor: el que puede generar la renovación de las cinco plazas vacantes en el Constitucional, las veinte del Consejo General del Poder Judicial y, al mismo tiempo, la designación del nuevo presidente del Supremo y el CGPJ.
La llegada de los sustitutos sin que se hubieran resuelto esos procedimientos conllevaría un parón de varias semanas puesto que habría que conceder a los nuevos miembros el tiempo necesario para revisar toda la documentación y ponerse al día. «Lo normal es que estas cuestiones las finiquiten quienes han estado trabajando en ellas hasta ahora. Con la renovación en marcha todo sería un lío», reconoce una fuente conocedora del funcionamiento de las máximas instancias judiciales del país.
Es precisamente este razonamiento el que ha llevado al propio Supremo y al Constitucional a habilitar agosto, incluidos en algunos casos los fines de semana, para continuar con las tramitaciones de esos casos. La medida no propiciará que todos los magistrados deban estar en sus despachos en un mes habitualmente reservado a las vacaciones estivales, sino que servirá para que corran los plazos preestablecidos para efectuar alegaciones y presentar recursos. Gracias a ello, la Sala del 61 tiene previsto reunirse el 10 de septiembre para debatir sobre la ilegalización de EHAK y ANV y emitir una sentencia cuatro días después.
Todo con un telón de fondo: la reunión que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy mantendrán el próximo miércoles en La Moncloa. La cita permitirá a ambos líderes sellar el pacto con el que PSOE y PP procederán a desatascar los principales órganos judiciales del país, bloqueados desde hace meses por la falta de acuerdo para sustituir a aquellos cargos que habían concluido su mandato. En el caso del CGPJ, sus miembros llevan ejerciendo en funciones desde el 7 de noviembre de 2006, algo inédito en la historia de esta institución.
El nuevo clima de entendimiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, propiciado por los resultados de las generales del 9 de marzo y el congreso que reeligió a Rajoy como líder del PP, han permitido que socialistas y populares hayan retomado con éxito la renovación de los órganos judiciales. Ambas formaciones quieren que el encuentro de La Moncloa sirva para anunciar el acuerdo, al menos sobre el Consejo General. Las fuentes consultadas aseguran que la cita permitirá esbozar las líneas generales de esa renovación en el órgano de control de los jueces y el reparto de plazas: nueve serán designadas por el PSOE, otras tantas por el PP, mientras que los dos puestos restantes quedarán en manos de CiU y PNV. Al margen queda la elección del presidente, o presidenta, -que también dirigirá el Supremo- y que los partidos quieren resolver con cierto consenso.
La entrevista del miércoles no arrojará luz sobre quiénes serán los nuevos miembros del CGPJ, algo que no se conocerá hasta septiembre. Los nombramientos deben ser avalados por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos y no se espera una convocatoria urgente a los diputados y senadores para que aparquen su descanso estival y acometan una cuestión que pueden resolver «en unos pocos días» tras el parón de julio y agosto.
Sí han comenzado a sonar algunos nombres como posibles candidatos. Para la presidencia, la principal aspirante es Encarnación Roca, como ya adelantó este periódico, cuyo único hándicap es que no tiene el título de magistrada, sino que accedió a la carrera a través del cuarto turno, el que corresponde a juristas de reputada trayectoria. No se descarta tampoco para el puesto al ex ministro socialista Fernando Ledesma -que si no logra ese cargo suena para el Consejo de Estado- o al presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos.
Robles, descartada
En las últimas semanas también ha cobrado fuerza la opción de Teresa Conde Pumpido, a la que desde el PP no se vería con malos ojos, aunque las posibilidades son menores. Lo mismo que para Margarita Robles, cuya candidatura ha quedado prácticamente descartada al contar con la oposición de prácticamente toda la carrera judicial. La única plaza que todos dan por segura es la del PNV, donde es fija la designación de la ex parlamentaria Margarita Uría, cuya designación el PSOE tiene atada con el partido de Iñigo Urkullu desde la pasada legislatura. La formación nacionalista recuperaría así una posición en el órgano de control de los jueces con la que no contaba desde que abandonara su cargo Emilio Olabarria en 2001.
La renovación de las vacantes en el Constitucional llevará más tiempo. En el tribunal creen que no costará mucho cubrir el hueco dejado por el fallecimiento de Roberto García Calvo, cuyo sustituto debe elegirlo el Congreso. Las otras cuatro plazas, las que ahora ocupan en funciones la presidenta María Emilia de las Casas, del sector progresista, y los conservadores Guillermo Jiménez, Vicente Conde de las Hijas y Jorge Rodríguez Zapata, corresponden al Senado. Antes de tomar cualquier decisión la Cámara Alta deberá esperar a que el propio Constitucional resuelva el recurso del PP contra la ley que reformaba su reglamento interno y fijaba la potestad de los parlamentos autonómicos para designar a posibles candidatos. La previsión apunta a que la renovación del TC no se resolverá hasta mediados de octubre.
