Imagen del desplome que se produjo en 2001, y que también enfrentó en los tribunales al Ayuntamiento y el Gobierno central. / EL CORREO
LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES LOS HUNDIMIENTOS
El Gobierno central deberá hacerse cargo de las operaciones de mantenimiento y reparación de los muelles de la ría, donde en los últimos años se han producido varios desplomes. A raíz de uno de los incidentes más sonados, ocurrido en Uribitarte en julio de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia firme que aclara la titularidad de estas estructuras tras años de litigios. El fallo da la razón al Ayuntamiento y condena al Ministerio de Medio Ambiente a pagarle los 949.411 euros, más los intereses, que invirtió en las obras realizadas tras el derrumbe.
Además de la compensación económica, la sentencia respalda las tesis municipales en un conflicto de competencias de largo recorrido. En los años noventa empezaron a sonar las alarmas por el deterioro de los pilares que sostienen los paseos ribereños con el hundimiento de un tramo de 60 metros en el Campo Volantín. En 2001, un desplome en Urazurrutia obligó a realojar a una veintena de vecinos durante meses. El Ayuntamiento invirtió entonces más de 600.000 euros en las obras y reclamó en los tribunales la implicación del Gobierno central. La Audiencia Nacional aplicó un principio de 'compensación de responsabilidades' por las zanjas que el Consistorio había abierto en la zona y condenó al Ministerio de Medio Ambiente a sufragar el 75% del coste.
En el pleito de Uribitarte, el Gobierno central deberá asumir la totalidad del gasto en las reparaciones, cerca de un millón de euros, porque los jueces no tienen dudas de que el desplome se produjo por los «defectos estructurales» del muelle, donde «no se llevaron a cabo obras que modificaran sus elementos naturales». La estructura fue construida en el siglo XIX «sobre los antiguos arenales de la ría», como recuerda la sentencia, con materiales que «ya han superado su vida útil». Estaba en situación de «ruina inminente» cuando el 1 de julio de 2004, sobre las ocho de la tarde, varios paseantes escucharon un ruido bajo sus pies y se asomaron inquietos a la barandilla. Por fortuna no hubo que lamentar heridos pese a que existió «peligro para los viandantes».
Un entorno «artificial»
Hacían falta reparaciones urgentes. El Ayuntamiento derribó la zona afectada por el «colapso estructural» y notificó la actuación a la Dirección General de Costas, que se negó a intervenir. Después acometió la reparación definitiva y presentó un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente que ha acabado en los tribunales. Los magistrados son conscientes de que, más allá de una reclamación económica, lo que se discute en el litigio es «la titularidad de las estructuras artificiales construidas sobre la ría del Nervión».
Sobre este punto, el Gobierno central alega que sólo es de su competencia el cauce de la ría. Los muelles quedaron desafectados en 2002 y han sufrido una transformación sustancial, una «absoluta artificialización. Entre los bienes desafectados existen edificios de viviendas», destacan. También recuerda la proximidad de esta estructura al Guggenheim, «lo que le hace susceptible de muy diversas y lucrativas opciones». En definitiva, sostiene que el Ayuntamiento acometió las obras «por su exclusivo interés».
Los jueces entienden, por el contrario, que cuando los muelles perdieron utilidad para el uso portuario y pasaron a manos del Consistorio «quedaron expresamente excluidas de esta cesión la lámina de agua, el cauce de la ría y los muros», que se incorporaron al dominio público marítimo terrestre a falta de aprobar el deslinde definitivo. La base del muelle de Uribitarte «está en contacto directo con el lecho de la ría» y «sometido al influjo de las mareas bajo su cauce, más allá de la lámina de agua», como acreditan los reportajes fotográficos y las pruebas aportadas en el proceso.
La sentencia define la estructura siniestrada como «un mero elemento de contención» para encauzar la ría y evitar su desbordamiento. Al formar parte de la zona marítimo terrestre, le aplica la Ley de Costas y establece que las obras deberían haber sido sufragadas por el Ministerio de Medio Ambiente porque su objetivo era la «conservación urgente de un bien del Estado».
La sentencia se dictó el pasado mes de febrero y ya es firme al transcurrir el plazo legal sin que se haya presentado un recurso. El Ayuntamiento deberá hacer cuentas con la Autoridad Portuaria, que abonó la mitad del coste de las obras. Este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha absuelto al Consistorio de la reclamación planteada por un particular que sufrió daños en su coche debido al derrumbe en Urazurrutia, al considerar que el titular es el ministerio. Con estas resoluciones sobre la mesa, las autoridades municipales dan por zanjado el debate sobre la titularidad de los muelles de cara a futuras reparaciones.
