POLÍTICA
Azkarate acusa a la vicepresidenta De la Vega de actuar con
«prepotencia» al dar por sentado que la consulta será declarada ilegal
19.07.08 -
El lehendakari, respaldado por todo su equipo antes de comparecer en respuesta al recurso contra la consulta. /EFE
Un día después de que el Tribunal Constitucional paralizase la consulta de Ibarretxe al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central, el Ejecutivo autónomo, que ya censuró el jueves la decisión judicial, centró ayer todas sus críticas en José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de ser el «responsable en exclusiva» de la postura adoptada por el Alto Tribunal. A través de un comunicado, consideró que el presidente del Gobierno central es el «único culpable» de que «una decisión legal, legítima y democráticamente aprobada por el Parlamento vasco esté en suspenso», lo que, en su opinión, supone a su vez el bloqueo del «autogobierno político contenido en el Estatuto de Gernika».
El gabinete del lehendakari, que estudiará los pasos a seguir el martes en el Consejo de Gobierno, anunció que presentará las pertinentes alegaciones en el plazo de quince días que establece el TC. No obstante, reprochó al Constitucional que declarase hábil el mes de agosto sin darle audiencia como parte interesada. La Abogacía del Estado solicitó el martes al Alto Tribunal que mantuviese su actividad en verano con el fin de acelerar el proceso de cara a que el fallo se produzca antes del 15 de septiembre y no afecte al calendario de convocatoria del referéndum, tal y como pidió también el propio Ibarretxe. El Gobierno vasco reconoció haber instado al Alto Tribunal a actuar con celeridad, si bien apuntó que «el pleno ejercicio del Derecho a la tutela judicial efectiva no puede llevarse a cabo con el menoscabo de la igualdad de condiciones en la capacidad de acción de los implicados».
Pese a calificar finalmente esta decisión como un «hecho menor», el Ejecutivo autónomo remarcó que espera que «éste no sea un precedente de cómo actúa el Constitucional» en el desarrollo del proceso e insistió en que «la aparente celeridad en este caso contrasta con la injustificada dilación» con la que ha abordado otros asuntos, entre los que cita el recurso de amparo presentado hace casi dos años por Ibarretxe en relación a su procesamiento por el Tribunal Superior. El gabinete de Ibarretxe afirmó que «el deterioro y desprestigio de la Administración de Justicia en España obedece a la politización de la que ha sido objeto por parte del PSOE y el PP». En este sentido, señaló que espera que el Constitucional «anteponga los derechos fundamentales a la restricción, la razón jurídica a la política y la razón democrática a la razón de Estado».
La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, solicitó asimismo al TC que actúe con «independencia de criterio» y aprovechó su presencia en San Sebastián, donde participó en la presentación de la 69 edición de la Quincena Musical donostiarra, para responder a las últimas declaraciones vertidas por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Azkarate la acusó de actuar con «prepotencia» al dar por sentado que el Alto Tribunal va a declarar inconstitucional la ley de consulta y que, por lo tanto, no se celebrará el 25 de octubre. «¿Qué nos quiere decir?, ¿que es ella la presidenta del Constitucional?, ¿que el Gobierno le está diciendo lo que tiene que decidir? Estamos viendo de nuevo falta de argumentos», expresó.
«Lo sabe de sobra»
La portavoz jeltzale acusó también a la vicepresidenta del Ejecutivo central de «mentir» cuando califica la consulta como un referéndum. «Saben que no es así y una persona que viene del mundo de la judicatura, como ella, lo sabe de sobra», comentó. El consejero de Justicia tampoco dio crédito a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno. Joseba Azkarraga reiteró que «con la ley en la mano, la consulta se celebrará porque no colisiona con la legalidad» y consideró «intolerable» que se diga lo contrario. En plena presentación de las estadísticas de inserción laboral de la promoción de 2004 de la UPV, Azkarraga advirtió que «al decir que el TC no va a permitir que salga adelante, parece que estamos ante un árbitro comprado que está siendo utilizado políticamente por Zapatero».
La respuesta de la vicepresidenta del Gobierno no se hizo esperar. María Teresa Fernández de la Vega insistió en que no se celebrará ningún «referendo ilegal porque nuestro Estado de Derecho funciona y tiene los mecanismos suficientes como para no dar cauce a algo que no cabe en la ley» y añadió que «el desafío que plantea el lehendakari Ibarretxe es, en toda regla, inconstitucional».
