L os que diseñaron la 'hoja de ruta' del Gobierno vasco han llegado ya hasta donde habían previsto llegar: aprobación parlamentaria de la ley de consulta y posterior suspensión de su vigencia por el Constitucional a instancias de Zapatero. Ya han conseguido recrear el escenario jurídico-político donde la confrontación entre legitimidad y legalidad resulte fácilmente visible y perceptible para un ciudadano corriente. No se plantearon en ningún momento otras maneras u otras alternativas de abordar la cuestión que pudieran, en su caso, ofrecer una síntesis integradora construida entre la idea de legitimidad de las instituciones vascas de acordar la convocatoria de una consulta similar u análoga a la pretendida, y la idea de legalidad, basada fundamentalmente en que la celebración de la misma deberá realizarse según lo previsto en el marco legal vigente.

Se pudo haber avanzado en una propuesta de este tipo, pero han preferido dejarle en bandeja a Zapatero el argumento de la falta de legalidad, para que sea el Constitucional quien 'tumbe' la ley y no el presidente. Me parece increíble esa manera de actuar del 'pequeño' que en medio de la pelea se permite el lujo de dar ventajas al 'grande'. Quienes optaron por tirar adelante con la iniciativa sabían que el 25 de octubre no se iba a celebrar la consulta aprobada. Sin embargo, decidieron recorrer el camino con los hitos previstos, incluida la suspensión. Porque eran conocedores de este desenlace, tengo la convicción de que los promotores nunca pensaron realmente en celebrar la consulta, pues en caso contrario se habrían hecho las cosas de otro modo. Más bien, creo que se ha utilizado una figura democrática tan atractiva como la consulta a la ciudadanía para poner una 'pica en Flandes', o como diría el lehendakari, instalar el campamento base, imprescindible para acometer nuevos intentos a la cima.

No deja de ser preocupante esta instrumentalización, pues uno también tiene la convicción de que tras este ensayo temerario, las condiciones jurídico-políticas para nuevos intentos van a quedar francamente endurecidas una vez se conozca la sentencia que dicte en su día el Constitucional. Cuando eso se suceda, algunos no van a tener más remedio que deshacer el campamento base y empezar a pensar en otro planteamiento distinto, tanto respecto de la ascensión como de la cordada. Pero mientras tanto, ¿qué van a hacer el lehendakari y los partidos del tripartito? Han hablado de organizar manifestaciones masivas, o de recogida de firmas, de pronunciamientos institucionales o de la internacionalización del problema.

Se ha hablado también de llevar la decisión del TC al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde mis limitados conocimientos, pienso que tal pretensión debería ser descartada, pues una demanda del Gobierno o del Parlamento sería rechazada al ser incompatible 'ratione personae' con el Convenio de Derechos Humanos. Ambas instituciones carecen de legitimidad para interponer la denuncia al ser organizaciones gubernamentales. Tampoco parece que tengan viabilidad jurídica las llamadas demandas individuales. No sabemos cuánto de lo que se anuncie se llevará a efecto, ni la acogida que tendrán las iniciativas que se programen, pero estoy convencido de que no se tomará ninguna decisión dirigida a celebrar la consulta.

Si todo esto fuera en serio, las formaciones políticas tendrían que convocar a la ciudadanía a una consulta popular similar a la pretendida, pero como iniciativa no oficial ni institucional. Es decir, como iniciativa social de carácter particular, sin que exista razón legal alguna para impedirla. Las formaciones tendrían que trabajar no sólo la dimensión interna del evento, también la internacional, procurándose los apoyos suficientes para dar a los resultados la credibilidad y la legitimidad precisa, que en última instancia siempre dependería del nivel de participación de los vascos. Ciertamente, una operación con mucho riesgo, pero quien cree a pies juntillas que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con el proceder del Gobierno, no debería tener miedo y debería confiar en la respuesta de esos vascos.

Para éstos el esfuerzo sería el mismo que el requerido para la consulta oficial, pero, sin embargo la satisfacción por haber contribuido al éxito del 'Plan B' sería inmensa. Ahora que a algunos se les tilda de melifluos, sería importante que aparecieran los valientes, los auténticos.