REFERÉNDUM SOBERANISTA
El tribunal da quince días para que las partes presenten alegaciones con la voluntad de resolver la cuestión antes del 15 de septiembre
El abogado del Estado, Joaquín Fuentes, sale el pasado martes del Tribunal Constitucional tras presentar el recurso del Gobierno contra la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco. / EFE
Frenazo al referéndum de Ibarretxe. El Tribunal Constitucional cumplió con las previsiones, admitió ayer a trámite los recursos del Gobierno y del PP contra la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco y suspendió su vigencia. Acordó asimismo habilitar agosto para los trámites del proceso y dio 15 días de plazo a las partes para presentar alegaciones a las impugnaciones. La decisión unánime de la corte constitucional paraliza, de momento, la pretensión del lehendakari y su gabinete de consultar a la sociedad vasca el próximo 25 de octubre sobre el derecho a decidir y el diálogo con ETA.
La decisión tomada ayer abre la puerta a un largo camino judicial. Los magistrados de la más alta corte del país deben decidir ahora si la suspensión de la ley es definitiva o temporal. Disponen de cinco meses para acordar una resolución, conforme al artículo 161.2 de la Constitución, aunque todas las partes desean que haya una sentencia antes del próximo 15 de septiembre.
La fecha tiene su importancia puesto que constituye el plazo límite que establece la legislación para convocar la consulta y que se pueda llevar a cabo el último fin de semana de octubre, como pretende Juan José Ibarretxe. Cualquier decisión del Constitucional más allá de mediados de septiembre obligaría a que el Gobierno vasco tenga que modificar la 'hoja de ruta' marcada por el lehendakari.
La opción más favorable al Ejecutivo autónomo pasa porque el Alto Tribunal dé la razón al tripartito y avale la ley aprobada por el Parlamento de Vitoria en un plazo de tiempo que no exceda de los dos próximos meses. Si, por el contrario, fallan que la norma es inconstitucional, el parón no tendrá vuelta de hoja e Ibarretxe no podrá convocar la consulta sin vulnerar la ley.
Una tercera posibilidad es que el proceso judicial supere la barrera del 15 de septiembre. La suspensión se mantendría por lo menos hasta finales de diciembre. Pasada esa fecha, si aún no se hubiera tomado una decisión, el Tribunal debería convocar a todas las partes implicadas, analizar sus argumentos y decidir si prosigue con la paralización de la ley o si la levanta y permite la consulta.
Fuentes jurídicas indicaron que es muy probable que el Constitucional tome una resolución en los dos próximos meses y resuelva el entuerto. Así lo requieren el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el PP y el propio Gobierno vasco, y está en el deseo de los propios magistrados, que no desean que se prolongue un asunto que puede protagonizar el escenario político vasco durante todo el verano.
Maraña legal
El Constitucional, de momento, ya ha designado los ponentes de las dos impugnaciones: Guillermo Jiménez se encargará del recurso de la Abogacía del Estado, y Pablo Pérez Tremps analizará el del PP. En ambos casos, han acordado habilitar como hábil todo el mes de agosto, lo que permitirá reunir a los once magistrados que componen el Constitucional en unas fechas que habitualmente se destinan a las vacaciones de todo el órgano judicial. Diferentes fuentes ven en este detalle un signo más de la voluntad del tribunal de dar carpetazo a esta cuestión de forma ágil.
El proceso de resolución puede tropezar, sin embargo, con la complejidad de un sistema tan garantista como el español. Fuentes conocedoras del funcionamiento de este alto tribunal reconocen que el debate de estos recursos puede enmarañarse en «cuestiones previas» y alargarse más allá del verano en función de los pasos que vayan a dar los representantes legales de cada una de las partes. Y recuerdan que el análisis del nuevo Estatut de Cataluña está aún pendiente de resolverse un año después de presentada la impugnación del Partido Popular.
Según establece la ley, la corte debe remitir las demandas presentadas al Gobierno de Rodríguez Zapatero, al Congreso y el Senado, así como al Ejecutivo y Parlamento de Vitoria para que en 15 días hábiles presenten alegaciones y puedan personarse en el proceso. Lo cual supone situar un nuevo límite en el «4 ó 5 de agosto», si las partes agotan el plazo hasta el extremo.
En este sentido, fuentes jurídicas explicaron que lo lógico sería que, al menos, el Gobierno de Ibarretxe formulase alegatos contra los recursos y que, de ser así, el tribunal tendría que dar la opción a los recurrentes para que respondan a esos argumentos.
El procedimiento se «comería» de esta manera las primeras semanas de agosto y recortaría las posibilidades de tener un dictamen claro antes de septiembre. «Y todo ello -precisan desde el Constitucional- si no se presentan recusaciones contra alguno de los magistrados que van a intervenir en el debate».
Las fuentes consultadas desconocen, asimismo, el alcance que puede tener en este proceso la renovación de un tercio del tribunal que PSOE y PP pretenden cerrar la próxima semana en el encuentro que celebrarán en La Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Una sustitución de los magistrados en pleno mes de septiembre obligaría a conceder a los jueces recién incorporados un plazo «prudencial» de tiempo para que se pongan al día y puedan participar «con conocimiento de causa» en los debates.
