AYUDAS SOCIALES
Los beneficiarios deben regularizar cada año su situación económica ante la institución foral
Las pensiones no contributivas atienden a las personas de escasos recursos. / EL CORREO
DATOS DE LAS PENSIONES
La Diputación ha suspendido este año las pensiones no contributivas de 120 personas al no conseguir localizar a los beneficiarios de las mismas. La institución foral revoca cautelarmente estas ayudas de la Seguridad Social -destinadas a los ciudadanos que carecen de «recursos suficientes» para garantizar su «subsistencia»- cuando, tras una serie de requerimientos previos, no consigue contactar con los perceptores; en este caso, individuos que no han cotizado lo suficiente para acceder a otro tipo de prestaciones y ciudadanos en situación de invalidez.
La Diputación se encuentra todos los años con un problema similar a la hora de gestionar las pensiones no contributivas, a las que acceden unos 3.500 vizcaínos. Fuentes del Departamento de Acción Social explican que los perceptores de estas ayudas, que se suelen complementar con otras subvenciones forales y autonómicas, están obligados por ley a rendir cuentas ante la Administración todos los años. Los beneficiarios deben acreditar periódicamente que sus ingresos se encuentran dentro de los límites establecidos de antemano por la legislación de la Seguridad Social. Los jubilados, por ejemplo, no pueden disponer de rentas superiores a los 4.600 euros anuales para tener derecho a estas prestaciones.
Requisitos
Esta necesidad de presentar documentación anualmente suele generar problemas a la hora de contactar con algunos adjudicatarios. Según los mismos medios, los técnicos forales remiten «todos los años» entre 100 y 150 cartas, previas a la suspensión cautelar, en las que se advierte a los beneficiarios de que dejarán de percibir las ayudas si no facilitan la información necesaria.
El motivo por el que se suspenden las pensiones es el mismo en todos los casos: los implicados no se ponen en contacto con la Diputación para actualizar su situación. Pero detrás de las cancelaciones existen además multitud de condicionantes de carácter personal. Una vez que la suspensión aparece ya en el Boletín Oficial de Vizcaya, algunos beneficiarios, por ejemplo, comprueban a final de mes que no han cobrado la prestación y acuden «rápidamente» a reclamar a las oficinas de la Diputación. Si siguen cumpliendo los requisitos, a estos beneficiarios se les vuelve a ingresar la pensión en sus cuentas corrientes.
Además de los despistes, otras anulaciones de ayudas suelen responder a cambios de domicilio de los perceptores. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que también existen casos de ciudadanos que desatienden los requerimientos de la Administración de forma deliberada. Se trata, según dicen, de gente que no cumple ya con los requisitos establecidos por la Seguridad Social y que trata de ocultar su situación para seguir percibiendo las ayudas.
