POLÍTICA
Los socialistas creen que las discrepancias existentes entre el Ejecutivo y los diputados generales de Vizcaya y Álava son «triquiñuelas» y «excusas» para no tramitar la norma
Zenarruzabeitia y los tres diputados forales. / L. A. GÓMEZ
El consenso alcanzado entre el tripartito, los socialistas y Eudel para iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley Municipal -una de las principales lagunas del marco legal vasco- ha saltado por los aires en menos de un mes. El anuncio de que las Diputaciones de Vizcaya y Álava han recurrido varios de sus apartados ha generado un cruce de descalificaciones entre el Gobierno vasco y los dos entes forales -ambos liderados por el PNV- al que ayer se sumaron los socialistas, para los que todo es una «triquiñuela» de los jeltzales.
Tras varios años en el dique seco, la Ley Municipal parecía haber enderezado su rumbo a principios de junio, después que la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y el presidente de la Asociación de Municipios Vascos -el alcalde de Tolosa, Jokin Bildarratz (PNV)- anunciasen haber alcanzado un acuerdo.
Con este pacto y las aportaciones del PSE, los ayuntamientos lograban una de sus reivindicaciones históricas: controlar el reparto de fondos públicos y entrar en el Consejo Vasco de Finanzas. Este organismo, compuesto por el Gobierno de Vitoria y las tres diputaciones, es el que fija el destino de las partidas económicas. Son los ejecutivos forales los que, posteriormente, deciden lo que debe recibir cada consistorio. Y ha sido esta modificación la que ha originado la reacción de las diputaciones, temerosas de perder poder competencial y financiación.
Después de que la norma cogiese velocidad a mediados de junio, cuando se inició su tramitación en el Parlamento, el frenazo ha sido brusco. Hace justo una semana, las diputaciones de Vizcaya y Álava recurrieron ante la Comisión Arbitral -integrada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tres representantes del gabinete Ibarretxe y otros tantos de las diputaciones- al considerar que afecta al título que regula las Haciendas locales. Si la comisión admite a trámite la impugnación, dispone de un plazo de diez días, el procedimiento que sigue la ley quedaría suspendido.
Deslealtad
El primero a responder a la decisión de las diputaciones fue el propio Gobierno vasco. Fuentes de la Vicelehendakaritza acusaron a las diputaciones de «grave deslealtad» por «romper el consenso». Desde el departamento de Zenarruzabeitia reprocharon a los ejecutivos forales por haber guardado silencio durante los dos años que duraron las negociaciones entre estas administraciones y los ayuntamientos y de haber esperado a que el proyecto llegase a la Cámara para mostrar sus reparos.
A la polémica se sumó ayer el PSE, uno de los principales defensores de la necesidad de aumentar la financiación municipal. Y lo hizo resaltando las discrepancias surgidas entre instituciones gobernadas por el mismo partido: el PNV.
«Es incapaz de arreglar las discrepancias en su seno», subrayó Rodolfo Ares en una rueda de prensa en la que compareció rodeado de los alcaldes de Zumarraga, Eibar, Iruña de Oca, Basauri y Ermua, todos ellos del PSE. El dirigente socialista defendió la legitimidad que le da a su partido gobernar dos de las tres capitales y siete de los diez municipios más poblados de Euskadi para censurar lo ocurrido la última semana.
En su opinión, todo se trata de «triquiñuelas» y «excusas» para retirar la ley. Ares no descartó, incluso, que la polémica abierta entre el Gobierno vasco y las diputaciones sea ficticia y que Zenarruzabeitia supiese desde el principio que los órganos forales no iban a respaldar la norma. Asimismo, instó a un pronunciamiento de Eudel porque el tripartito «les ha tomado el pelo».
En esta comparecencia, Carlos Totorika destacó las virtudes de la ley para que los ayuntamientos puedan disponer de una financiación estable para cubrir competencias que no les corresponden pero que acaban asumiendo como, por ejemplo, guarderías o atención de la tercera edad.
