17.07.08 -
L a reciente firma de un acuerdo entre los gobiernos vasco y haitiano, para que el primero construya dos presas en Haití es un paso importante. Se trata de uno de los países más pobres del mundo, y es una gran oportunidad para la cooperación descentralizada. Este acuerdo coincide con la reunión de la comunidad internacional de donantes convocada esta semana en Madrid por el Gobierno español para discutir medidas ante la crisis alimentaria y el desarrollo agrícola en ese Estado del Caribe.
Hasta 2004 Haití no era una prioridad de la política exterior española. A partir de ese año, cuando una aguda crisis política produjo una fragmentación violenta de su sociedad, parte de la comunidad internacional respondió con el despliegue de una fuerza internacional de Naciones Unidas y un compromiso de largo plazo para reconstruir el Estado y la economía.
La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) está formada por fuerzas armadas y policiales de numerosos países, con un papel relevante de Brasil, Argentina y Chile. Igualmente, tiene un componente civil de diversos países. Durante muchas décadas, Haití fue una especie de colonia de Estados Unidos y uno de los eslabones desatendidos de la francofonía. Ahora, otros actores, como Brasil, Canadá, Noruega y España, tienen intereses diversos en ayudar a que se construya un Estado y una economía viable para sus 8 millones de habitantes.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero situó a Haití como país prioritario de la cooperación española, un paso inusual dado que es un Estado con herencia colonial francesa, no tiene emigración en España y no hay intereses económicos inmediatos. Desde entonces, la cooperación se ha triplicado y se ejerce de forma directa en la formación de policías, fortalecimiento del sistema judicial, medioambiente y género. También cofinancia proyectos con otros países, como Argentina. La comunidad autónoma gallega, por su parte, participa con asistencia técnica en pesca y comercialización de productos pesqueros.
Cooperar con Haití es imprescindible pero no resulta sencillo. Las necesidades son tan grandes que los resultados no son visibles en el corto plazo. A la vez, la descoordinación entre los múltiples donantes disminuye las posibilidades de éxito. Pese a estos problemas, la cooperación precisa una visión estratégica que combine aspectos prácticos inmediatos con proyectos de largo plazo, y con los actores locales como protagonistas.
El Estado haitiano es sumamente frágil y en muchos casos está totalmente ausente. No hay sistemas de enseñanza pública ni de salud, el analfabetismo alcanza el 85%, la desprotección de la infancia es muy alta, la violencia contra la mujer está extendida, falta un sistema de justicia básico para la mayoría de los ciudadanos y la pobreza afecta a casi toda la población que gana menos de dos dólares al día.
El Gobierno de René Préval -un político profesional que ha estado ya antes en diversos gobiernos- es débil. El aumento de los precios de la alimentación provocó levantamientos y la caída del primer ministro en abril pasado. Desde entonces, no se toman medidas y mientras se discute quién puede ser el próximo primer ministro (posiblemente la prestigiosa economista Michéle Pierre-Louis), todos tienen puesta su mirada en las elecciones en 2011.
La mayor parte de los políticos, diputados y senadores del país están más preocupados por mantener sus privilegios que por las graves cuestiones que enfrenta el país. Haití, de hecho, está entre los cinco Estados más corruptos del mundo. Un grupo de 50 diputados boicotea las pocas iniciativas presidenciales y a los primeros ministros propuestos como forma de mostrar su poder para que les mantengan sus privilegios. Pero para el 95% de la población el problema es que el combustible y los alimentos (en particular el arroz) han aumentado su precio hasta un 40% y que la ayuda de emergencia no es suficiente para paliar la crisis alimentaria. De hecho, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Ejecutivo de Vitoria, Javier Madrazo, hizo referencia en Puerto Príncipe la semana pasada al impacto de la crisis sobre países como Haití.
En un país donde no se produce nada, la élite haitiana, un pequeño grupo que controla las importaciones, el contrabando y el mercado interno formal e informal, no es ajena a estos problemas. A la vez, observa con inquietud que la crisis alimentaria y de la energía no desestabilice al Gobierno y teme que las tropas de la ONU puedan empezar a marcharse. En ese caso, las bandas armadas que desaparecieron de la escena pública cuando los cascos azules las disolvieron podrían volver a actuar.
A muchos ciudadanos haitianos y algunos diplomáticos les preocupa la lentitud con que avanza la ayuda que se ha dado desde 2004 y sus efectos en la salud, la vivienda o la educación. Casi nadie duda, sin embargo, de que MINUSTAH ha proveído seguridad, controlando las bandas armadas vinculadas al ex presidente Aristide. MINUSTAH y algunas agencias, incluyendo la Unión Europea, impulsan una reforma del poder judicial que, junto con la formación de magistrados y de policías, son piezas básicas.
Madrid y las comunidades autónomas pueden convocar a empresas para que inviertan en crear infraestructura, capital social y trabajo. Es una apuesta de largo plazo, donde hay que dejar que Haití se fortalezca antes de que llegue a ser un socio de peso. Pero supone entrar estratégicamente en un país que ha sido dominio de Francia y Estados Unidos y que está cerca de Florida, de Cuba y es vecino de la República Dominicana.
España tiene dos capacidades muy necesarias en Haití: construcción de infraestructuras y energías renovables (energía eólica). El uso de la energía eólica en vez del carbono podría prevenir la degradación medioambiental y proveer electricidad a la población rural que vive en pobreza extrema.
Los problemas inmediatos de Haití son que el Estado pueda proveer y organizar la provisión de servicios elementales (producción y comercialización de alimentos, salud primaria, educación, planes de vivienda digna). El impacto de la crisis alimentaria y los precios del petróleo, que se prevé que continuarán agravando la situación de Haití, obliga a que los donantes piensen en una estrategia común y también de choque, para que no se desmorone lo que se ha logrado desde 2004. Como se indicó en la declaración final de la reunión de ayer en Madrid, debe «mejorar la sinergia entre las intervenciones en materia de protección social, seguridad alimentaria y desarrollo rural».
Una cuestión esencial es que la comunidad de donantes en coordinación con el gobierno debe generar empleo, en transición entre la formalidad y la informalidad, en el marco de un proyecto de reconstrucción agrícola y progresivamente industrial. Haití es un país con millones de personas jóvenes que no tienen nada que hacer. Las bandas armadas son una forma de vida.
La ayuda inmediata es necesaria pero no ofrece trabajo, y los actores de la comunidad internacional emplean a chóferes y secretarías, pero son empleos circunstanciales. Se precisan inversiones internas y externas que generen puestos de trabajo, y la cooperación española, como la vasca, la gallega y otras, bien harán en pensar innovadoramente cómo se combina cooperación con empleo en un país donde está casi todo por hacer.
