Pedro Solbes, durante la entrevista en Punto Radio. / EL CORREO
El vicepresidente para Asuntos Económicos del Gobierno, Pedro Solbes, enmarcó ayer el descalabro sufrido por el grupo inmobiliario Martinsa-Fadesa en un contesto propio de la economía de libre mercado y del riesgo que asumen los directivos de las compañías con sus decisiones. Martinsa, dijo Solbes, adoptó «riesgos excesivos».
Como ya es conocido, el grupo Martinsa-Fadesa decidió solicitar el procedimiento concursal en la tarde del pasado lunes, al encontrarse ante una auténtica crisis de tesorería y no conseguir ayudas de las entidades financieras para recomponer su capacidad de disponer de dinero líquido. Los 45 bancos que habían prestado dinero a la empresa, por un importe superior a los 4.000 millones de euros, exigían una inyección de fondos de los socios por importe de 350 millones de euros, así como la búsqueda de un préstamo adicional de 150 millones, para atender las necesidades de pagos más acuciantes. La firma presidida por Fernando Martín no consiguió ese crédito y optó por solicitar la protección judicial.
La apelación de Solbes a los riesgos de la compañía -adquirió en marzo de 2007 la firma Fadesa, con un crédito que superaba los 2.600 millones de euros-, fue interpretada ayer como un intento de alejar los mensajes, en gran parte lanzados desde el seno de la propia compañía, de que el Ejecutivo ha gestionado de forma muy negativa la crisis de la empresa. En el entorno de Martinsa se asegura que el Gobierno, y en particular el Instituto de Crédito Oficial, prometieron apoyar la financiación de la compañía en plena campaña de las pasadas Elecciones Generales para, superados los comicios, dejarles en la 'estacada'.
Solbes admitió ayer que el Gobierno, efectivamente, se había comprometido con Fernando Martín en «echar una mano en la medida de lo posible», pero que no encontró la fórmula. «El ICO no concede préstamos para el circulante», apuntó el vicepresidente para justificar que el instituto de crédito haya denegado el crédito de 150 millones que Martinsa necesitaba para evitar su hundimiento.
Ayudar a la empresa
En la misma línea, recordó que en la vida de las empresas se producen momentos en que «ganan dinero» y otros en los que los «riesgos» pasan factura. En este caso, puntualizó, «las consecuencias deben ser asumidas por los accionistas».
Desde algunos sectores del Gobierno, sin embargo, ya se han apuntado algunas fórmulas para apoyar, aunque sea débilmente, el reforzamiento de la tesorería de las promotoras. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha desvelado que el Ejecutivo está valorando la posibilidad de comprar suelo a estas empresas, con el objetivo de destinarlo a construir viviendas de protección oficial. Diversos portavoces del Partido Popular, entre ellos el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, criticaron este anuncio ya que, interpretan los populares, la medida puede esconder ayudas encubiertas a determinadas empresas.
Por otra parte, Martinsa comunicó ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha presentado también la suspensión de pagos en seis de sus empresas filiales. La compañía argumentó que necesitaba proteger la situación de estas sociedades, ya que su patrimonio sirvió para garantizar el crédito que obtuvo Martinsa para adquirir Fadesa el pasado año. Señaló también que esta decisión responde al intento de «evitar un empeoramiento de la situación de crisis que pudiera devenir irreversible y repercutir gravemente en sus acreedores», si los bancos se decidían a ejecutar las garantías.
Además, Martinsa ha presentado ya ante la autoridad laboral el expediente de rescisión de contratos, que afecta a 234 de los 880 empleados que tiene su plantilla. A partir de ahora, la empresa, que ofrece una indemnización por despido de 25 días de salario por año de antigüedad, deberá iniciar una negociación con los sindicatos.
