
El etarra De Juana, en una de sus últimas salidas cuando se estaba recuperando de la huelga de hambre. /ARCHIVO
Un embargo de ida y vuelta
Milagros Altuna, mujer del terrorista Kandido Azpiazu, se ha hecho en subasta pública con la totalidad de la cristalería abierta por la pareja en la planta baja de la vivienda donde reside la viuda de la víctima del etarra, el militante de UCD Ramón Baglietto. El local, con el 50% de su propiedad a nombre de Azpiazu, está en la localidad guipuzcoana de Azcoitia.
El mejor postor ha sido Altuna, al ofrecer un 70% del precio de salida de la mitad de este local y de otro propiedad del matrimonio, un total de 46.438 euros.
En la puja participó un segundo particular cuya identidad no ha trascendido y que no ha superado la oferta planteada por Altuna. La subasta se ha celebrado en el Juzgado número 1 de Azpeitia (Guipúzcoa) y ha estado coordinada desde la secretaria judicial de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que se encargará de garantizar el ingreso en cuenta de la cantidad de venta. El dinero obtenido se destinará a la cobertura del pago de la responsabilidad civil a la que fue condenado el etarra por el asesinato.
Azpiazu fue condenado a 49 años de prisión por la muerte a tiros de Ramón Baglietto en 1980. Una vez cumplida su condena el etarra abrió en 2005 una cristalería en los bajos del edificio donde reside la viuda de Baglietto, Pilar Elías, concejala del PP en el Ayuntamiento de su localidad. La subasta responde a la petición realizada en enero de 2006 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que solicitó el embargo de los bienes del etarra.
El etarra dice que toma la decisión ante "la inadmisible campaña mediática" iniciada, a su juicio, en su contra y contra su familia
La Fiscalía considera que la propiedad del etarra puede ser ejecutada para indemnizar a las víctimas del terrorista
El embargo preventivo no implica que el etarra y su mujer, propietaria de la casa, tengan que abandonarla
A dos semanas de producirse su
excarcelación, el etarra
Iñaki De Juana Chaos, ha iniciado una huelga de hambre indefinida. La decisión de uno de los miembros más sanguinarios de ETA se produce tan sólo horas después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitase formalmente y de forma urgente el embargo preventivo del docimilio que el etarra posee en una barrio residencial de San Sebastián para evitar así cualquier fraude que impida a De Juana hacer frente a las deudas que tiene pendientes con los familiares de sus víctimas.
Nada más conocer la noticia, el etarra hacía pública su decisión de iniciar una nueva huelga de hambre ante, a su juicio, "la inaceptable campaña mediática y de intoxicación y presión" sobre su familia y él mismo, así como por la "política de excepción" que se "impone" a los presos de ETA.
El etarra cobraba de nuevo actualidad informativa hace tan sólo unos días cuando se daba a conocer su inminente salida de prisión, prevista para el próximo 2 de agosto, así como la posibilidad de que se establezca en un barrio donostiarra en cuyas cercanías residen varias víctimas de la banda terrorista.
En ese momento, saltaban las alarmas. Las asociaciones en apoyo a las víctimas y algunos partidos políticos hacían patente su indignación y exigían una
reforma legal que impida que víctimas y asesinos tengan que convivir juntos. El ministro de Justicia, advertía entonces que si De Juana no entendía el significado de "vivir en sociedad", el peso de la ley caería sobre él.
El etarra podrá seguir en su casa
Paralelamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional iniciaba una
investigación sobre la situación que ha culminado hoy con su petición de embargo sobre el piso que De Juana posee en San Sebastián. El inmueble, que pertenecía a la madre del etarra fue comprado hace un año por la mujer de De Juana.
El representante del Ministerio Público, Ignacio Gordillo, ha solicitado, la aplicación de este embargo de forma "inmediata y preventiva" al considerar que la propiedad puede ser ejecutada con objeto de compesar a las víctimas del etarra en concepto de responsabilidad civil. Según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el etarra adeuda a los familiares de fallecidos o heridos a manos de ETA unos 8 millones de euros.
El embargo preventivo, que ha sido solicitado a la sección primera de la Sala de lo Penal que condenó al etarra a tres años de prisión por amenazas, no implica que su mujer, propietaria de la casa, y De Juana tengan que abandonar la vivienda. Pero, en caso de que la Sección Primera de la Audiencia Nacional ordene esta medida, el embargo quedaría anotado en el registro de la propiedad, lo que evitaría cualquier venta de la casa.