la consulta, ante el constitucional
El lehendakari abandona la sala de conferencias, secundado por sus consejeros, tras dar lectura al acuerdo contra el recurso a la Ley de Consulta tratado en el consejo de gobierno de ayer. / IGOR AIZPURU
La publicación ayer de la Ley de Consulta en el Boletín Oficial del País Vasco precipitó los acontecimientos y agravó un enfrentamiento institucional ente los ejecutivos central y vasco que, con toda probabilidad, se prolongará hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2009. La aparición de la norma en el boletín provocó, prácticamente de forma automática, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno, al que siguió la respuesta inmediata del Ejecutivo autónomo. En su nombre, el lehendakari acusó al presidente Zapatero de suspender «de hecho» el autogobierno vasco y adelantó que va a seguir «preparando con toda normalidad» la celebración del plebiscito para dar cauce a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca.
No despejó, sin embargo, una de las pocas incógnitas que restan a un guión conocido de antemano: la respuesta que dará el Gobierno vasco ante una hipotética y previsible prohibición del Constitucional de la celebración de la consulta. El tripartito se debate entre las tesis de EA -que aboga por la desobediencia civil y la confrontación institucional- y las del PNV -Urkullu siempre ha defendido el respeto a las leyes-.
«Decidir el futuro»
En esta línea y en alusión a las declaraciones que el pasado lunes realizó el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, quien emplazó a su partido a recuperar la «centralidad» y olvidar el plebiscito, Ibarretxe mostró su «respeto» por las opiniones de los demás, pero recordó que las decisiones las toman las tres fuerzas del consejo político del Gobierno vasco, compuesto por PNV, EA y EB. «Nos reservamos todas las iniciativas legales, sociales y políticas para la defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir el futuro de este país», se limitó a decir sin desvelarlas.
Estas tres formaciones y Aralar van a reunirse para definir la respuesta, aunque las medidas más contundentes, como la posibilidad de convocar manifestaciones, no llegarán hasta después del verano. El recurso a Europa y un rechazo formal a la impugnación por parte de la Cámara vasca, quizás a través de su Mesa, constituyen otras alternativas barajadas.
Juan José Ibarretxe compareció tras el consejo de gobierno de los martes secundado por sus consejeros, como sólo hace en ocasiones solemnes, para dar lectura al acuerdo adoptado por el Ejecutivo autónomo ante el recurso de la Abogacía del Estado contra la Ley de Consultas que calificó de «extraordinario, desproporcionado y contrario a la democracia vasca y española». El presidente español, añadió, «ha firmado y ejecutado su amenaza» de impedir que la sociedad vasca pueda expresar su opinión «sobre la búsqueda de la paz y de acuerdos sobre nuestra convivencia».
El lehendakari no eludió la confrontación. Al contrario, buscó el cuerpo a cuerpo. Personalizó la responsabilidad de la impugnación en Zapatero, a quien descalificó de manera extremadamente dura. Le culpó de actuar de manera «despectiva, prepotente y arbitraria» en contra de los intereses de Euskadi. En su expeditiva intervención, aseguró que la impugnación constituye un ataque directo a la autonomía del País Vasco y supone, de hecho, «la suspensión de nuestro autogobierno político». Resulta inexplicable, recalcó, que un presidente español pueda «suspender la voluntad mayoritaria del pueblo vasco». Sin embargo, admitió la legalidad del recurso al afirmar que «estará así previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero en el siglo XXI un gobernante debería medir más sus decisiones», recomendó.
Uno de los fundamentos de la apelación de la Abogacía del Estado es que la consulta aprobada por el Parlamento vasco en el pleno del pasado 27 de junio, con los votos favorables del PNV, EA, EB, Aralar y uno de EHAK, «es, con toda claridad, un referéndum consultivo» en el que se pregunta a los ciudadanos vascos sobre asuntos de trascendencia para toda España. En respuesta a esta alegación, Ibarretxe sostuvo que se trata de un plebiscito popular no vinculante para orientar la actuación de las instituciones vascas, «sin que esa opinión suponga un mandato jurídico para modificar el marco constitucional», y no un referéndum «como falsamente se empeñan en calificarlo».
El presidente vasco resultó desconcertante cuando alertó de la «intención oculta» de Zapatero de dilatar en el tiempo el proceso más allá del 15 de septiembre, fecha de convocatoria de la consulta prevista inicialmente para el 25 de octubre, para «enterrarla», por lo que demandó al Constitucional que resuelva el recurso antes de ese día. A pesar de que el Alto Tribunal dispone de cinco meses para mantener o levantar la suspensión cautelar de la Ley en tanto no dicte sentencia, el Gobierno central y el PP también le pidieron una resolución antes del 15 de septiembre.
