La consulta de Ibarretxe, al Constitucional
Solicita al Constitucional que acumulesu recurso al presentado por la Abogacía del Estado en un único procedimiento
Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo hacen entrega del recurso del PP./ EFE
Cincuenta diputados del PP presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consultas vasca con el mismo objetivo que persigue el planteado por el Gobierno, que no es otro que anular la norma, aunque el de los populares recoge algunos aspectos particulares. Se adhieren a la impugnación del Gobierno y piden al tribunal que acumule ambos en el mismo procedimiento para agilizar así su tramitación. «Son dos visiones complementarias que no idénticas, además de coincidentes», explicó el secretario de Justicia e Interior del partido opositor, Federico Trillo, para justificar la iniciativa de su grupo.
Como el del Ejecutivo, el recurso del PP basa sus argumentos en el dictamen del Consejo de Estado para plantear la inconstitucionalidad de la norma, pero añade una justificación que apunta al papel que la ley concede a ETA. Según el partido opositor, la ley conculca la soberanía del pueblo español al pretender que el vasco se pronuncie sobre su autodeterminación ignorando al resto del Estado. Además, denuncia que la primera pregunta persigue que «por una parte del pueblo español se pueda decidir, nada menos que sobre 'un proceso de final dialogado de la violencia de ETA'».
El PP afirma que, al pretender que sólo los vascos se pronuncien sobre un final dialogado del terrorismo etarra, se ignora que ETA ha causado en los últimos 30 años casi un millar de asesinatos e innumerables víctimas en toda España. Por lo tanto, indica que no puede obviarse «de manera tan descarada» al conjunto de la soberanía nacional.
Es más, los populares entienden que esta cuestión, tal y como está planteada, otorga «a la organización terrorista ETA el carácter de sujeto válido de interlocución política» porque «supedita» el proceso para la celebración del referéndum a que la banda manifieste de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la violencia y para siempre.
«Es un referéndum»
Los diputados del PP sustentan su recurso, al igual que el Gobierno, en la «violación del sistema de competencias» que atribuyen a la norma porque la Constitución atribuye al Estado en exclusiva la capacidad para convocar consultas populares y exige, en todo caso, que sea el Gobierno central el que autorice cualquiera de los referendos contemplados en la legislación en ayuntamientos o autonomías. Porque los populares aseguran que la ley recurrida plantea una consulta que «sólo puede calificarse de referéndum» a pesar de que el Ejecutivo vasco trate de presentarla como un mero proceso consultivo sin carácter vinculante.
En una comparecencia de prensa, tras la presentación del recurso ante el Constitucional, Trillo calificó este argumento de «falacia» y aseguró que «el carácter consultivo y no vinculante de una consulta popular» no afecta a su consideración jurídica. «Es un referéndum en toda regla, se llame como se llame», afirmó el parlamentario popular y recordó que la consulta popular que se celebró en 1986 sobre el ingreso de España en la OTAN fue un referendo aunque el resultado no era vinculante para el Gobierno convocante.
La portavoz parlamentaria popular, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió que la impugnación de su partido incluye motivos «coincidentes» con los del Gobierno socialista e «idéntico objeto» al pretender ambas que la ley vasca sea suspendida por el Constitucional desde «el primer día de su aplicación».
